Varias entidades sociales y ecologistas, con el apoyo de más de 50 diputados en el Congreso del PSIB y de Sumar-MÉS, han recurrido al Tribunal Constitucional la Ley de proyectos residenciales estratégicos, una normativa aprobada por el Gobierno del PP que permite, entre otras cosas, la recalificación automática de suelo rústico y protegido para la construcción de viviendas. En el caso de las poblaciones de más de 20.000 habitantes, la norma elimina la obligación de agotar el suelo urbano y urbanizable, tal y como establecía la normativa vigente hasta ahora. Así, municipios como Palma, Calvià, Manacor, Marratxí, Llucmajor, Inca, Alcudia, Ibiza, Santa Eulalia del Río, San José de Sa Atalaya, Ciutadella y Maó podrán decidir aplicar este modelo y llenar las Áreas de Transición –suelo rústico que rodea los núcleos principales– de edificio. Se trata del segundo recurso que se presenta en relación con normativas que afectan al territorio, después de que ya se hubiera recorrido la amnistía urbanística en suelo rústico y el TC la admitiera a trámite en junio de 2025: todavía no se ha pronunciado.

El GOB Mallorca y la Asociación de Defensa de los Paisajes de Estellencs han presentado dos denuncias ante el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco, para advertir que "la sierra de Tramuntana se encuentra en una situación crítica de degradación agravada y acelerada por las políticas desreguladoras del Govern". Las entidades alertan de que, con las reformas normativas aprobadas en los últimos meses, el Gobierno de Marga Prohens "ha convertido a la Serra en un territorio desprotegido ante la presión especulativa y turística, poniendo en riesgo los valores universales que justificaron su reconocimiento como Patrimonio Mundial en 2011".

El PSOE presentará una moción en el pleno del Consell de Mallorca que se celebrará este jueves, en la que pedirá a la institución insular que se comprometa "a no destruir Mallorca y que no rebaje el nivel de protección de la sierra de Tramuntana". Así lo ha explicado la portavoz socialista, Catalina Cladera, que ha pedido al presidente de la institución, Llorenç Galmés, que "tumbe la amnistía urbanística", en referencia a la Ley de obtención de suelo que el Govern ha aprobado esta semana y que permite legalizar las construcciones ilegales en la Serra anteriores a 1991, año en que se aprobó la Ley de espacios naturales.

La portavoz del PSOE en el Consejo de Mallorca, Catalina Cladera, ha denunciado este jueves que el equipo de gobierno de la institución insular, formado por el PP y Vox, "destroza la sierra de Tramuntana" y celebra un acto en Raixa que conmemora los 14 años de la declaración de este espacio como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco para "blanquear la barbaridad que promueven". Los socialistas no asistirán al evento porque no quieren participar "en la farsa y en el acto de hipocresía y mentira" que actualmente el Gobierno está ampliando con el visto bueno de PP y Vox -lo que permite legalizar las construcciones ilegales que se construyeron antes de 1991, cuando se aprobó la Ley de Espacios Naturales- y la ha calificado de "la mayor amnistía urbanística que se ha hecho nunca en la Serra". Además, aseguró que el PP "está convirtiendo a la Serra en una moneda de cambio para mantenerse en el poder" y criticó que el Consell recupere ahora la Ley de protección de este espacio impulsada por el anterior ejecutivo progresista, "únicamente para lavar su imagen mientras favorecen la especulación". En este contexto, Cladera ha recordado que fueron los socialistas quienes impulsaron en 2011 la candidatura de la Serra ante la Unesco. "Ahora duele especialmente ver cómo los acuerdos de PP-Vox provocarán un nuevo tsunami constructor en Mallorca".