El PSIB se opuso frontalmente a la creación de una universidad privada adscrita a la CEU San Pablo en Mallorca. Sin embargo, en cambio, acepta la creación de la Universidad privada de Mallorca (Umac) impulsada por el centro privado de educación superior Adema. El proyecto ha recibido este martes el aval del Parlament con los votos favorables del PP y Vox y la abstención del PSIB, mientras que MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unides Podem han votado en contra. "Esta ley no es nuestro proyecto, tiene carencias y riesgos y estaremos vigilantes", ha defendido la diputada socialista Mercedes Garrido.

Los diputados del PP no ocultan este martes la satisfacción por la derrota de Víktor Orbán en las elecciones en Hungría. Ven en el hecho de que quien ha desbancado al extremista no sea precisamente de izquierdas, sino Péter Magyar, un exmiembro de sus filas, una tendencia a favor de una derecha más moderada. Mientras Vox, que envió a su líder, Gabriel Le Senne, a hacer campaña por Orbán en Hungría, minimiza ahora la derrota, la presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha encargado de recordarla en la sesión de control al Govern. En un intercambio con Vox en el Parlament, la popular le ha advertido que vaya "alerta" con el populismo, porque "no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo".

El pleno del Parlament dará vía libre a la creación de una universidad privada que llevará el nombre de Mallorca con el voto favorable del PP y Vox, la abstención del PSIB y el voto en contra de MÉS per Mallorca. Se trata de la Universitat de Mallorca (UMAC), impulsada por el centro privado de educación superior ADEMA, presidido por Diego González, exsecretario general del PSIB en Palma y exdirector general durante el mandato de Francesc Antich. La votación se llevará a cabo mañana en el pleno del Parlament. A partir de aquí, tanto el Consell de Govern como el Consell d'Universitats también deberán aprobarla.

Una veintena de personas se concentraron este domingo en Puigpunyent para protestar contra una mesa informativa de Vox, con gritos de "fuera fascistas" dirigidos a los participantes. La acción provocó la presencia de varias patrullas de la Guardia Civil, un despliegue que sorprendió a parte del vecindario, que lo consideraba desproporcionado. "Nunca he visto tanta Guardia Civil" o "no me lo puedo creer", comentaban algunos residentes, mientras otro ironizaba: "Quizás vienen a protegernos a nosotros".

Hace unos días, MÉS per Mallorca alertó que el Govern de Marga Prohens se prepara para desproteger el Trenc o, si más no, modificar la Ley de declaración del Parque Natural para rebajar su protección. Lo hacen dentro del llamado Decreto ley de proyectos estratégicos, una normativa ómnibus que (como ya habéis podido leer en ARA Balears), en realidad, esconde una profunda reforma legislativa que busca tumbar o modificar una setentena de normas vigentes mediante la presentación de 88 enmiendas que, en la gran mayoría de los casos, poco o nada tienen que ver con los proyectos estratégicos que son objeto del decreto ley. El propósito es satisfacer las exigencias de Vox y la agenda del mismo PP en cuestiones relativas a urbanismo, turismo, servicios públicos, inmigración y lengua catalana. En el caso concreto del Parque Natural del Trenc, la martingala implica añadir una disposición final a la Ley de declaración del Parque Natural (Ley 2/2017): esta disposición final llevará el título (¡ay!, tan sugestivo a oídos de la derecha nostrada) de 'Deslegalización', y buscará que se puedan modificar las medidas recogidas en la normativa mediante un simple decreto, que pueda ser aprobado por el Consell de Govern. Dicho más breve: juegos de manos legislativos y filibusterismo parlamentario, en busca de atajos para satisfacer los propios intereses y los de los socios de Vox. Intereses que pueden ser pecuniarios o ideológicos, o las dos cosas a la vez.

Ni las críticas de los letrados, ni la oposición del PSIB, ni la amenaza de MÉS de ir al Tribunal Constitucional han frenado al PP y Vox en su intento de modificar 70 normas de golpe a través de la Ley de proyectos estratégicos. Ambos partidos han recuperado haciendo valer su mayoría en la mesa del Parlament el centenar de enmiendas (88 del PP y 12 de Vox) que la mesa de la Comisión de Economía rechazó, al considerar que no tenían nada que ver con el objeto de la ley.

Vox ha distribuido pulseras con la combinación de colores equivocada de la bandera de España, según ha avanzado el Periódico de Ibiza. El material se repartió durante un acto del partido en Ibiza y el error no pasó desapercibido.

Vox vuelve a la carga contra la memoria democrática. El diputado del grupo parlamentario, Sergio Rodríguez, no tiene suficiente con la derogación de la ley autonómica de memoria, que se llevó a cabo el pasado 10 de marzo. Ha cargado contra el Govern por continuar haciendo políticas de memoria bajo el paraguas de la normativa estatal. En el pleno del Parlament, ha lamentado que el pacto para eliminar esta ley no tenga efectos prácticos. "En este Parlament legislamos para que nada cambie", ha criticado: "Tendremos que llegar a acuerdos de 6.000 folios, con un notario y toma de rehenes".

Un año justo para acabar la legislatura. Al final de marzo del año que viene se disolverá el Parlament y se convocarán elecciones, y el pacto PProhens-Vox habrá completado su (primer?) ciclo.A pesar de las coartadas habituales –los fatídicos ocho años anteriores, el insolidario gobierno estatal, los larguísimos estudios previos...– empieza a ser hora de hacer balance de la ruptura, por si una animalada ha ido sepultando la anterior y ahora, al estilo trumpista, justo podemos recordar la última paliza.El tuf general de la legislatura resulta exasperante. El pacto presupuestario del 2025, por ejemplo, incluyó la negativa a acoger menores inmigrantes de otros territorios o la oposición al Pacto Verde Europeo. “Dos cuestiones que en ningún momento han sido un obstáculo para la negociación”, subrayó Prohens entusiásticamente.La legislatura no ha sido muy democrática –ni interlocución ni diálogo social– ni muy escrupulosa con los procedimientos, con el abuso de tramitaciones opacas, como las enmiendas a la ley de proyectos estratégicos, que pretenden modificar hasta 50 leyes por la puerta de atrás. El cuerpo de letrados del Parlament ya ha advertido por unanimidad sobre este reiterado modus operandi y su posible inconstitucionalidad.Otro atributo del mandato es la disonancia entre la música –libertad, eficacia, agilización...– y la letra: amnistía urbanística, construcción en suelo rústico, aumento de los aprovechamientos urbanísticos, construcción en zonas inundables, privatización del espacio público...O entre lo que se dice –fomentar el acceso a la vivienda, lucha contra la saturación turística...– y lo que se hace: fracaso de los programas de alquiler seguro y de la Oficina Antiokupación, renuncia a limitar los coches de alquiler y a subir la ecotasa, permisividad con el alquiler turístico ilegal...También ha sido la legislatura de los eufemismos. Véase el glosario de urgencia: ‘liberar suelo’, ‘cementar extrarradio’; ‘impulsar la economía’, ‘favorecer a los especuladores’; ‘libertad’, ‘privilegios de las élites’; ‘simplificar’, ‘eliminar controles y garantías’; ‘acelerar trámites’, ‘externalizar la Administración’...La legislatura educativa ha estado marcada por el despropósito del Plan piloto –estratagema para inyectar 21 M€ anuales a 19 centros concertados a cambio de incumplir el espíritu de la normativa lingüística– y por la contradicción entre lo que se dice –se anuncia la inverosímil creación de 77 nuevos centros educativos y una aerostática ‘Ciudad de las Artes’– y lo que se hace –desmantelamiento del IES Politécnico y del CEIP Felip Bauçà, 3ª línea en el CEIP de Prácticas...El Departamento ha apostado claramente por la privatización educativa: la FP privada, la concertación de 0-3 años y bachilleratos, la desviación de alumnado a la concertada, las nuevas universidades privadas, la complicidad con la patronal... Y por la segregación escolar con la introducción de la zona escolar única y del punto por antiguo alumno, que blinda privilegios familiares, desdibuja la escuela de proximidad, ataca la equidad e imposibilita la igualdad de oportunidades.Sobre todo, habrá sido una legislatura amenizada diariamente por vistosos –y fantasmagóricos– proyectos: un tren a Llucmajor que atraviesa Palma bajo tierra, un tren a Alcúdia que perfora dos montañas enteras, soterramientos diversos (Gesa, plaza Mayor, paseo Marítimo...), recintos feriales, jardines botánicos... Acaba de anunciarse una línea de metro que se empezará... ¡en 2029! y que (dicen) costará 230M€. ¿Alguien lleva las cuentas de tanto proyecto irreal? Conviene, porque hasta este año no habremos terminado de pagar el Palma Arena (90M€) y las autopistas de Ibiza (2003) no se terminarán de pagar hasta 2035! El render echa humo, sí. La realidad, sin embargo, sigue otro ritmo: tensión máxima en la antigua prisión; el teatro Catalina Valls cerrado desde 2022; ninguna de las 26 plazas de aparcamiento anunciadas en Palma se empezará esta legislatura; parálisis en las piscinas de s’Aigo Dolça (en obras desde 2022), en el puente de Son Forteza, en el Tirador...; dos años sin cobrar el cánon de los bares del parque de la Mar, incapacidad para cerrar las dos gasolineras ilegales de Palma...La cosa se complica: 90.000 personas en lista de espera en la sanidad pública, pérdida de 180 ha anuales de suelo rústico, proyecto de destrucción del flanco oeste del puerto de Palma: gran zona de reparaciones, planta de residuos de Ibiza, 10 ha de nuevos diques de hormigón...Y pocas manías en materia ideológica: pruebas dentales a menores inmigrantes, derogación de la ley de memoria, oír hablar en sede parlamentaria de ‘Alzamiento Nacional’ y de ‘Cruzada de Liberación’, desamparo de personas en situación de emergencia social, obsesión contra el catalán (rebajas, retrocesos, mordiscos, excepciones...), 895 profesionales sanitarios sin conocimientos de catalán...A mí el cuerpo me empieza a pedir un poco de marcha. ¿A ti no?

El PP espera que el decreto anticrisis del Govern se apruebe con "unanimidad" o, si no, con un consenso "lo más amplio posible". Pero, por ahora, ningún partido ha garantizado su apoyo a la medida que la presidenta Marga Prohens presentó el pasado viernes. Se trata de una serie de ayudas económicas para hacer frente al incremento de precios provocado por la guerra en Irán. Con todo, tanto Vox como MÉS per Mallorca han criticado que el Ejecutivo ni siquiera les hayan mostrado el texto. "No tenemos ni un borrador", ha dicho la portavoz de la extrema derecha, Manuela Cañadas. Por su parte, el PSIB se ha limitado a decir que espera a ver si el decreto también incluye medidas sociales.

El PP ha presentado decenas de enmiendas a la ley de proyectos estratégicos que no tienen nada que ver con el objeto de la norma. Algunas le han servido para crear casi una norma paralela. Por otra parte, ha invitado a Vox a presentar algunos de sus pactos sobre el catalán e inmigración, también a través de enmiendas.

Carrera contra reloj del PP para sacar adelante el número máximo posible de modificaciones legislativas antes de las elecciones. Su principal escollo es la lentitud de la tramitación de las leyes en el Parlament. Para evitarlo, se ha inventado algunas soluciones: un abuso de la figura del decreto ley que el pasado viernes criticó el Tribunal Constitucional en una sentencia, y el relleno de las iniciativas legislativas con enmiendas que no tienen nada que ver. Pero con la tramitación de la ley de aceleración de proyectos estratégicos los populares se han pasado de frenada: han presentado 88 enmiendas que afectan hasta 70 normas diferentes, la mayoría, sin relación con los proyectos estratégicos. Además, han introducido algunos de los acuerdos con Vox contra el catalán y la inmigración.

El presidente del Parlamento de las Islas Baleares, Gabriel Le Senne, no asistirá al pleno que la Cámara llevará a cabo este martes porque está en un encuentro del grupo parlamentario de extrema derecha del Parlamento europeo, Patriots, en Hungría.

El Govern dice no a los planes de Vox para castellanizar los topónimos de las Islas. El vicepresidente primero, Antoni Costa, ha cerrado la puerta este viernes a que el grupo parlamentario popular acepte la enmienda en esa dirección que la extrema derecha ha introducido en la ley de proyectos estratégicos. "Vox está en su derecho a presentar las enmiendas que estime convenientes, otra cosa es que tengan el apoyo del PP", aseguró el portavoz del Ejecutivo. Según argumentó, el PP rechazará la propuesta porque "incumple la Ley de normalización lingüística": "Es así de sencillo, es una línea roja".

Más mano dura contra los ocupas y los inmigrantes irregulares. El PP y Vox han vuelto a ponerse de acuerdo en estos temas para presentar enmiendas a la Ley de proyectos estratégicos. Así, han pactado dar forma definitiva a la Oficina antiempleo, un organismo ya presupuestado a instancias de Vox. Además, también introducirán en esta norma la exigencia de un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida para acceder a renta social garantizada, de forma que excluirán a los recién llegados e inmigrantes irregulares.

A partir de esta semana empezaremos a ver hacia dónde puede ir la relación entre el PP y Vox y, por tanto, tendremos una idea aproximada sobre cómo impactará en la política baleárica justo después de las elecciones del próximo año.

La educación ha vuelto a ser un arma arrojadiza entre los grupos en el Parlament. Después de anunciar uno enacuerdo con el PP para eliminar el requisito de catalán en las plazas para docentes en puestos de muy difícil cobertura, Manuela Cañadas (Vox) ha vuelto a la carga este martes. Así, ha reivindicado su objetivo de "eliminar a los activistas políticos disfrazados de profesores" de la Educación. En paralelo, el consejero del ramo, Antoni Vera, ha ofrecido declaraciones para rebajar el impacto que tendrá este acuerdo.

La Asamblea de Docentes ha reaccionado con contundencia al pacto reciente entre el Partido Popular y Vox que permitiría reducir los requisitos de catalán para acceder a la docencia en las Islas Baleares. En su comunicado, el sindicato señala que "Assistimos, una vez más, a un nuevo episodio de la obsesión de Vox contra los derechos lingüísticos de los catalanohablantes y contra la libertad lingüística, así como a una nueva claudicación del Partido Popular ante las exigencias de la extrema derecha. La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?"