"Deje de hacer el ridículo y de enredar. Usted, ideología y cero gestión": esta es la acusación que la consejera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, lanzó al diputado del PSIB Omar Lamin durante el pleno del Parlament del martes. ¿Qué tipo de acusación es decirle a un político que tiene ideología, cuando es precisamente la ideología de los representantes públicos la que determina buena parte de la vida de los ciudadanos? En este punto conviene recordar lo que dice Slavoj Žižek, quien considera que la ideología más peligrosa es precisamente aquella que fingimos no tener. No es ninguna extravagancia teórica. También Jürgen Habermas advertía que la racionalidad técnica —eso que hoy llamaríamos 'gestión'— puede imponer valores mientras se presenta como neutral. Y Thomas Piketty lleva años recordando que detrás de muchas decisiones técnicas hay opciones ideológicas muy concretas sobre la desigualdad. De aquí se desprende una conclusión incómoda: la 'gestión' a menudo no es la alternativa a la ideología, sino su mejor disfraz.

"La asistencia [sanitaria] a personas sin residencia legal representa el 1%. Tenemos que atenderles por razones de humanidad y por razones de salud pública". Así habló Prohens en el pleno del Parlament del martes sobre lo que supone para los servicios de las Islas la atención a migrantes que, a pesar de residir en Baleares, aún no han regularizado su situación administrativa. La presidenta tuvo que responder a una pregunta de Vox sobre el gasto sanitario de la atención a personas en situación irregular, una petición sin sentido, según dejó patente la propia Prohens: "El IB-Salut solo tiene un presupuesto y una contabilidad, y no se distinguen partidas en función de dónde se viene". "Esto lo debería saber una representante pública", le reprochó a la portavoz de la extrema derecha, Manuela Cañadas, que este miércoles ha acusado al Govern de opacidad por no hacer públicas unos datos inexistentes. "La señora Prohens ha decidido que el dinero de todos los ciudadanos es un secreto de Estado", ha criticado Cañadas.

El Consell de Mallorca cobró tres millones de euros en sanciones interpuestas por alquiler turístico ilegal entre 2024 y 2025. La cifra representa aproximadamente el 30% del total de las multas que la institución ha impuesto en estos dos años, que superan los 10 millones de euros. Así se desprende de los datos que la conselleria insular de Turismo entregó al PSIB en diversas preguntas escritas (el departamento no respondió a la consulta de ARA Balears en la que se pedía cifra actualizada) bajo el concepto de "sanciones de Turismo". Aunque no son las exclusivas del alquiler turístico ilegal, actualmente esta actividad concentra la parte más grande de los importes sancionadores que tramita el Consell.

El Ayuntamiento de Palma ha reiterado este miércoles que existe una "propuesta firme" para el Plan de ordenación de la Policía Local, en medio del malestar del cuerpo y de una nueva protesta en las calles de Ciutat. Aun así, el Consistorio ha evitado valorar la movilización protagonizada por los agentes.

MÁS por Palma ha denunciado este lunes "la inacción" del alcalde Jaime Martínez ante la escalada de precios provocada por la guerra y alerta de un impacto directo sobre familias, pymes y colectivos vulnerables. La portavoz de la formación, Neus Truyol, ha advertido que "mientras la gente hace malabares para llegar a fin de mes, el alcalde no tiene ni plan ni respuesta. Palma no se puede permitir este vacío de liderazgo".

Una veintena de personas se concentraron este domingo en Puigpunyent para protestar contra una mesa informativa de Vox, con gritos de "fuera fascistas" dirigidos a los participantes. La acción provocó la presencia de varias patrullas de la Guardia Civil, un despliegue que sorprendió a parte del vecindario, que lo consideraba desproporcionado. "Nunca he visto tanta Guardia Civil" o "no me lo puedo creer", comentaban algunos residentes, mientras otro ironizaba: "Quizás vienen a protegernos a nosotros".

El cementerio de Manacor ha acogido, este domingo, el acto anual de memoria en recuerdo de las víctimas de la represión fascista. Organizado por el Comitè de Son Coletes, han participado vecinos, colectivos y familiares de los represaliados. El acto, que se ha tenido que realizar en la galería de entrada a causa de la lluvia, ha combinado versos y música con un firme mensaje contra la guerra y la desmemoria.

En tres años de legislatura, el PP solo ha apartado un cargo institucional por los resultados de su gestión: el conseller insular de Turismo en Mallorca, Marcial Rodríguez. ¿El motivo? Su incapacidad para frenar el alquiler turístico ilegal y el desgaste político que esto le comportó. La presidenta del Govern, Marga Prohens, encomendó a los consells insulares la lucha contra esta actividad, pero en Mallorca el conflicto se ha cronificado. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha relevado al responsable –ahora Guillem Ginard está al frente de la Conselleria– y ha presionado a Airbnb para que retire anuncios de pisos sin licencia. Pero Galmés se encamina a las próximas elecciones con esta piedra todavía en el zapato.

El Gobierno mantiene el pulso con el Estado por el reparto de menores migrantes y ya advierte que volverá a los tribunales si el gobierno español aprueba un nuevo decreto para prorrogar el sistema actual. Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, después del Consejo de Gobierno, en una comparecencia marcada por la firmeza del discurso.

Airbnb ha retirado cerca de 8.000 anuncios de alquiler turístico ilegal en Mallorca como consecuencia del acuerdo al que llegó la plataforma con el Consell de Mallorca hace ahora un año. Así lo ha explicado el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, en una rueda de prensa para presentar una herramienta de gestión turística. Según Galmés, estos anuncios corresponden a una capacidad teórica de 40.000 plazas, aunque podrían seguir operando por otros canales.

Impulsada por Celestí Alomar, conseller de Turismo del primer Pacte de Progrés (1999-2003), se aprobó el día 10 de abril del 2001, hace veinticinco años, un impuesto sobre estancias turísticas, conocido de inmediato como ‘la ecotasa’. Gravaba, aproximadamente un euro por noche, la estancia de los turistas. Con la recaudación se querían corregir algunas externalidades negativas del turismo de masas en las Baleares. No entró en vigor hasta mayo del 2002 a causa de un recurso al Tribunal Constitucional, interpuesto por el gobierno de Aznar. Cuando el Partido Popular ganó las siguientes elecciones, en el año 2003, derogó el impuesto, dado que lo consideraba un freno para la competitividad turística. Quien defendió la supresión del impuesto dijo que no podía calificarse ni de ecológico, ni de medioambiental, y que ni siquiera era una tasa, argumentaba: “No era más que un símbolo de una política de mensajes negativos a lo que suponía el turismo”. Y relacionó la aplicación de la ecotasa con el descenso en la llegada de turistas y con los problemas que había vivido el sector hotelero. El Gobierno de Jaume Matas quiso sustituirla por unas llamadas tarjetas verdes o fundaciones ‘sostenibles’ que tan solo recaudaron miseria.

El Consell de Mallorca ha aprobado este jueves en pleno la primera fase del plan Mallorca Protege, que prevé destinar 12,6 millones de euros de remanentes a sufragar parte de las ayudas para paliar los efectos de la guerra en Irán y en Oriente Próximo. La medida ha salido adelante con los 20 votos favorables del PP, Vox y El PI, mientras que el PSIB y MÉS per Mallorca, con 13 representantes, se han abstenido.

Vivir de alquiler se ha convertido en sinónimo de empobrecimiento e inseguridad constante. Los precios desorbitados de la vivienda están cada vez más lejos de la capacidad económica de los trabajadores. El investigador del CSIC y doctor en Sociología Javier Gil analiza las consecuencias de esta tendencia, que amenaza el modelo social, en su último libro, Generación inquilina (Capitán Swing, 2026).

Coalición por Mallorca propondrá por medio de El Pi en el próximo pleno del Consell de Mallorca que se exija acreditar 15 años de residencia en la isla para poder obtener plazas turísticas. Se trata de una fórmula que, tal como ha asegurado su portavoz, Roger Gotarredona, ha de "frenar la especulación".

El Consell de Mallorca ha decidido detener, de momento y por cuestiones técnicas, una parte del paquete de ayudas para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra en Irán. Se trata de 17,5 millones de euros que el equipo de gobierno tenía previsto incorporar al presupuesto de este año a través de una modificación de crédito con cargo al remanente.

Cada semana en el Parlamento envejece como un mes de vida, y no es precisamente porque la Cámara y el Gobierno sean máquinas de transformación de la sociedad balear, ni del modelo económico, ni de la vida de los que no tienen casa o quizá quedan sin. Los partidos viven con una intensidad inusitada los debates estériles, las ofensas impuestas, los matices absurdos y la votación de proposiciones no de ley, que sería mejor que se dijeran proposiciones no de nada.

Los bailes de Marga Prohens en República Dominicana se han convertido en el leitmotiv de los últimos debates en el Parlament. La oposición no le perdona la clase de bachata que hizo a mediados de marzo en un viaje institucional, en el que también se reunió con el presidente del país, Luis Abinader. No hay precedentes documentados de presidentes baleares apuntándose a las danzas caribeñas, un gesto que Prohens defendió como muestra de “respeto” a los anfitriones. Pero la hemeroteca sí que da cuenta de la intensa relación que los gobiernos de las Islas han mantenido con América Latina. Desde la visita de Gabriel Cañellas a Puerto Rico en 1992 hasta la cena de seis horas de Francesc Antich con Fidel Castro en el año 2000, la agenda exterior de los presidentes ha sido apretada.

El Consell de Mallorca cederá gratuitamente unos terrenos en Palma al Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) para que se construyan 323 viviendas de protección pública, en la que será la promoción más grande de este tipo hecha nunca en la isla.

El Grupo Parlamentario de MÉS per Mallorca ha comunicado a la Mesa del Parlament que desiste de tramitar cualquier enmienda a la Ley de Proyectos Estratégicos que no tenga relación con esta norma. De esta manera, los ecosoberanistas se alinean completamente con el criterio de los juristas de la cámara que la semana pasada fueron muy claros al respecto. Tal y como establece el artículo 125 del reglamento, las enmiendas que se presentan a los proyectos de ley deben estar relacionadas con su objeto, y solo en caso de unanimidad de los miembros de la Mesa se puede hacer la excepción de introducir otras.