Hace años que batimos récords turísticos. El problema es que una parte creciente de los isleños ya no los celebra. No hace falta explicar mucho por qué. Vivienda, saturación, tránsito, ruido, presión sobre los servicios. Las manifestaciones solo han hecho visible un malestar que ya hacía tiempo que existía. Por eso creo que el debate ya no es si queremos más o menos turistas. El debate es quién tiene que estar al servicio de quién.Sería absurdo negar todo lo que el turismo ha aportado a unas Islas que le deben una buena parte de la prosperidad. Pero una cosa es reconocerlo, y otra dar por hecho que los intereses de nuestra principal industria coinciden siempre con los intereses de quienes vivimos aquí. Un hotelero quiere llenar más habitaciones. Un restaurador, más mesas. Una compañía aérea, más pasajeros. Es bien normal. Lo que ya no es tan normal es dar por hecho que nosotros también necesitamos este crecimiento.La pregunta es bastante sencilla. ¿Qué nos deja un turista más, qué costes colectivos genera su estancia y, sobre todo, quién los paga? Basta mirar cualquier zona turística: calles, asfalto, alumbrado, jardines, alcantarillado, redes de agua, bombeo, recogida de basuras, limpieza, accesos. Muchas urbanizaciones crecieron para acoger a una población que se multiplica durante unos meses, pero los ayuntamientos las tienen que mantener todo el año. Y esta presión ya ha entrado de lleno en nuestros pueblos y ciudades: plazas, aparcamientos, agua, limpieza, seguridad, mantenimiento.Una parte de esta capacidad adicional se acaba pagando con los mismos presupuestos que han de atender las necesidades de quienes vivimos aquí todo el año. Y el dinero público, si va aquí, no puede ir a vivienda, escuelas infantiles, transporte público, dependencia y otras necesidades. La OCDE hace tiempo que advierte que el turismo depende fuertemente de las infraestructuras y de los servicios públicos y que una presión elevada puede afectar a los recursos y la calidad de vida de las comunidades que lo acogen. Es curioso que nos preocupe tanto que el destino sea competitivo y que nos preguntemos tan poco quién paga esta competitividad.Después, está la factura que no pasa por ninguna Administración. La encontramos cuando buscamos un piso, cuando nuestros hijos no pueden emanciparse, cuando determinados precios se adaptan a la capacidad de gasto de quien está 15 días de vacaciones, pero también en cosas más difíciles de poner en euros: el ruido, las colas, la congestión, la pérdida de tranquilidad y tener que adaptar durante meses nuestra vida cotidiana a una presión que no hemos elegido. La demanda turística y de segunda residencia compite, también dentro de nuestros pueblos, con familias de aquí que tienen mucha menos capacidad de compra. Esto cuesta de tragar: mantenemos nuestros pueblos para que sean atractivos, pagamos impuestos todo el año y, al final, una parte de nuestros hijos ya no puede permitirse una casa. Y todo este desgaste, aunque no salga en ningún presupuesto, también sale de nuestro bienestar.Por eso creo que nos equivocamos cuando discutimos si el número adecuado son 15, 17 o 20 millones de turistas. El tamaño de la industria turística no debería decidirse de entrada. Debería ser un resultado. Primero deberíamos saber qué cuesta realmente esta actividad y procurar que los costes colectivos que genera formen parte, tanto como sea posible, de la factura que paga quien los genera. Solo entonces podremos saber qué dimensión de la industria turística es compatible con el interés general.Esto encarecerá una parte de la oferta turística. ¿Y qué? Si alguien considera que venir a las Islas vale aquel precio, vendrá. Si un negocio continúa siendo rentable después de pagar los costes que genera, magnífico. Y si solo lo era porque una parte de estos costes los pagábamos nosotros, tal vez deberíamos preguntarnos por qué tenemos tanto interés en conservarlo. Seguramente vendría menos gente. No me parece ningún drama. Menos volumen no ha de ser el objetivo. Ha de ser, si corresponde, el resultado de dejar de cargar a los residentes una parte de la factura.Y aquí también debemos exigir una respuesta a nuestras instituciones. ¿Por qué continuamos gobernando el turismo pensando tanto en las necesidades del sector y tan poco en el bienestar de quienes vivimos aquí? El sector turístico tiene todo el derecho a defender más actividad, más clientes y más rentabilidad. Es su trabajo. Pero el Gobierno, los consejos y los ayuntamientos no tienen este mandato. Su mandato es defender el interés general de los ciudadanos que vivimos aquí. Siempre.Un buen gobierno no gobierna para maximizar los intereses de una industria, por importante que sea. Gobierna para maximizar el bienestar de los ciudadanos. Cuando el interés del sector y el interés general coinciden, perfecto. Pero cuando dejan de coincidir, no hay mucha discusión posible: debe prevalecer el interés general. Por eso tenemos derecho a pedir a quienes gobiernan cuál es el criterio con el que deciden si una política turística es buena. ¿Que venga más gente? ¿Que aumente el gasto? ¿Que el sector facture más? ¿O que los isleños vivamos mejor?No gobernamos una industria. Gobernamos una sociedad. Durante demasiado tiempo hemos pedido a los residentes que entiendan las necesidades de nuestra principal industria. Quizás ha llegado el momento de pedir a nuestra principal industria que entienda las necesidades de los residentes.Hace tiempo que hemos pasado el punto en que más actividad turística significaba más bienestar para la gente de aquí. Volver a un nivel que nos convenga no quiere decir decidir arbitrariamente cuántos turistas deben venir. Quiere decir hacer que quien disfruta del turismo pague no solo el hotel, el restaurante, el coche o los impuestos que ya paga, sino también la parte de los costes colectivos que genera su estancia y que hoy continuamos asumiendo entre todos. Solo entonces sabremos qué dimensión de la actividad es realmente compatible con el bienestar de quienes vivimos aquí. Al final, esta es la única medida que realmente importa: que el turismo nos ayude a vivir mejor, no peor.

Hace unos días el presidente de la patronal de promotores inmobiliarios de las Baleares recomendaba a los jóvenes empezar a ahorrar 300 euros mensuales para poder acceder, dentro de cinco años, a los miles de viviendas de precio limitado que se prevé construir en Palma. La noticia, a primera vista, parece incluso esperanzadora. Finalmente podría empezar a abrirse una salida residencial para parte de la población residente. Y probablemente es cierto que muchas de estas promociones serán necesarias. También es cierto que sin fórmulas como la vivienda de precio limitado una parte importante de los residentes ya no podría aspirar hoy a acceder a una vivienda dentro del mercado actual. Pero detrás de esta promesa hay una pregunta que cuesta ignorar: ¿qué pasará durante estos cinco años? Y, sobre todo: ¿quién construirá estas viviendas?

Milton Friedman a menudo aparece en el debate público como una etiqueta. Para algunos, es el símbolo del neoliberalismo. Para otros, una referencia incómoda. Pero esta manera de leerlo es poco útil. No nos ayuda a entender los problemas que tenemos hoy. Friedman no escribía contra el Estado. Escribía sobre los errores del gobierno. Su punto de partida era sencillo, pero incómodo: las políticas públicas no solo pueden fallar, sino que tienden a hacerlo de manera sistemática. No por mala fe, sino por cómo están diseñadas.Los gobiernos deciden con información incompleta, responden a incentivos de corto plazo y operan en entornos donde los efectos de las decisiones no siempre son predecibles. Esto no es ideología. Es una realidad.Y esto no es teoría. Lo vemos cada día. En Baleares, por ejemplo, en la vivienda, medidas pensadas para facilitar el acceso pueden acabar reduciendo la oferta o retrasando nuevos proyectos. En otros ámbitos, ayudas directas para poder pagar un servicio pueden acabar presionando la demanda y hacer que los precios suban.El problema no desaparece. Cambia de forma. Y esto no es una excepción. Es un patrón. Políticas que se acumulan sin revisarse, regulaciones que se superponen, decisiones tomadas con urgencia que después quedan. El sistema se hace cada vez más complejo, más difícil de entender y más difícil de gestionar.El problema no es la voluntad. El problema es el diseño. Estos errores no son casuales. Responden a una lógica. Las decisiones públicas a menudo se toman bajo presión, con información incompleta y con incentivos que premian el corto plazo. Una medida puede funcionar hoy, pero generar efectos que solo se verán más adelante. Y cuando estos efectos aparecen, a menudo se responden con nuevas medidas que no resuelven la raíz del problema, sino que le añaden más complejidad.No es un error puntual. Es una dinámica que se repite.Esta dinámica tiene una consecuencia clara: cada nueva política no solo intenta resolver un problema, sino que también cambia el sistema en el que se aplica. Y a menudo lo hace sin que se pueda anticipar del todo. Cuando las reglas cambian constantemente, familias, empresas e inversores dejan de reaccionar solo a la norma y comienzan a adaptarse a la incertidumbre. Esto se traduce en decisiones que se retrasan, en menos actividad y en más prudencia de lo que sería deseable.El sistema se vuelve más complejo, pero también menos previsible. Y esto es exactamente lo contrario de lo que se buscaba.Friedman insistía en que las políticas basadas en reglas claras y estables tienden a generar menos errores que las intervenciones constantes y discrecionales. No porque el mercado sea perfecto, sino porque el gobierno tampoco lo es.Este es el punto central. No se trata de elegir entre Estado o mercado. Se trata de entender que ambos pueden fallar. Y que los fallos del gobierno no son excepcionales ni dependen de una ideología concreta. Se dan bajo gobiernos de todos los colores. A veces fallan por inacción y otras, por una acción errónea. Pero, a menudo, el problema de fondo es el mismo: un diagnóstico equivocado.En Baleares, esto se ve especialmente bien. A menudo se quiere corregir un problema, pero lo que pasa es que se transforma o se desplaza. Y el sistema, en lugar de simplificarse, se complica.La cuestión no es si el gobierno ha de actuar. Es si lo hace con un buen diagnóstico y con reglas que eviten repetir los mismos errores.Porque, si no es así, el problema no es Friedman. El problema es que todavía no hemos asumido del todo que los gobiernos también fallan.