Hace seis meses que Pedro Marqués ocupa el cargo de coordinador de Vox en Menorca. El partido lo nombró después de que su antecesor, Santiago Barber, dimitiera como protesta porque la ejecutiva dejó de pagar la sede. Y antes de Barber, también pasó Xisco Cardona: la formación se ha visto forzada a cambiar de coordinador casi cada año. Marqués ha recibido el encargo de reconstruir el partido después de que quedara sin representación menorquina en el Parlament, en el Consell insular y en los ayuntamientos de Ciutadella y Maó a consecuencia de las luchas internas.

La regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el gobierno español ha provocado un nuevo choque entre el PSIB y la derecha este lunes en el Parlament. El portavoz de los socialistas, Iago Negueruela, ha acusado a los alcaldes del PP de estar "trabajando en cómo hacer un boicot" a esta regularización. También ha negado que la medida se haya aprobado sin dar información a las instituciones sobre cómo gestionarla: "La misma información que tiene el gobierno de Cataluña (del PSC) es la misma que tiene el PP o sus técnicos".

La implosión de Vox ha llegado a su punto álgido en Madrid. Pero en Baleares, la "telenovela" (como la definió Santiago Abascal) ya ha terminado. Menorca es un desierto para Vox: el partido ha perdido toda la representación institucional en la isla. Hace seis meses que los cuadros que quedan intentan una reconstrucción, pero les faltan manos. “Nos cuesta encontrar personas que se quieran identificar con Vox”, admite el coordinador del partido, Pedro Marqués: “En Menorca, ser de Podemos no es ningún problema, pero decir que eres de Vox todavía da respeto”. Todo ello mientras el grupo parlamentario, que ha perdido tres diputados, se diluye bajo la dirección estatal del partido. Solo en Eivissa Vox se ha salvado de la guerra fratricida. Pero el PP es tan fuerte en este territorio que la extrema derecha está arrinconada, como le pasa en Galicia.

El vicepresidente primero y conseller de Economía y Hacienda, Antoni Costa, ha cargado contra la líder del PSIB y actual presidenta en el Congreso, Francina Armengol. El último informe de la UCO de la Guardia Civil, que investiga posibles irregularidades en el marco del caso mascarillas, establece que Armengol habló con uno de los principales investigados, Koldo García, sobre la compra de material sanitario que ahora está bajo la lupa judicial. Con todo, la entonces presidenta del Govern pronto delegó la gestión del contrato al director de gestión del Servei de Salut de les Illes Balears, Manuel Palomino. Costa ha insinuado que Armengol no dijo la verdad cuando negó haber tenido constancia de este contrato, como también cuando dijo que no recordaba haber hablado con García. Además, la ha acusado de abrir las puertas del Consulado a los infractores: "Dejó entrar hasta la cocina la trama corrupta".

La Policía Nacional ha detenido este viernes a un empresario de Mallorca que intentó sobornar la directora general de Costas y Litoral, María Joaquina Ferrer. El hombre, que acudió al despacho de la alta cargo para resolver un tema de permisos vinculados a sus negocios, le regaló una caja de bombones. La sorpresa de Ferrer fue mayúscula cuando, al abrirla para ofrecer algunos a unos trabajadores, estaba llena de dinero: en total, había 20.000 euros en billetes de 50.

El Consell de Mallorca cobró tres millones de euros en sanciones interpuestas por alquiler turístico ilegal entre 2024 y 2025. La cifra representa aproximadamente el 30% del total de las multas que la institución ha impuesto en estos dos años, que superan los 10 millones de euros. Así se desprende de los datos que la conselleria insular de Turismo entregó al PSIB en diversas preguntas escritas (el departamento no respondió a la consulta de ARA Balears en la que se pedía cifra actualizada) bajo el concepto de "sanciones de Turismo". Aunque no son las exclusivas del alquiler turístico ilegal, actualmente esta actividad concentra la parte más grande de los importes sancionadores que tramita el Consell.

La ley de la Serra de Tramuntana en la que trabaja el Consell de Mallorca ha generado una oleada de alegaciones. La plataforma Dret de Pas es uno de los colectivos que se ha manifestado en contra del articulado actual de la norma, que consideran que cerrará el acceso de buena parte de los caminos y los dejará en manos de los propietarios de las parcelas. "Si es patrimonio de todos, la sierra de Tramuntana no se puede cerrar", ha reivindicado Pep Estopà, su portavoz. La entidad se formó de manera casi espontánea hace un mes y medio, cuando Estopà, que es ciclista, y otros compañeros se enteraron de los planes del Consell. En solo un mes y medio de campaña, han recogido 3.364 firmas de apoyo a sus alegaciones.

El PSIB se opuso frontalmente a la creación de una universidad privada adscrita a la CEU San Pablo en Mallorca. Sin embargo, en cambio, acepta la creación de la Universidad privada de Mallorca (Umac) impulsada por el centro privado de educación superior Adema. El proyecto ha recibido este martes el aval del Parlament con los votos favorables del PP y Vox y la abstención del PSIB, mientras que MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unides Podem han votado en contra. "Esta ley no es nuestro proyecto, tiene carencias y riesgos y estaremos vigilantes", ha defendido la diputada socialista Mercedes Garrido.

Los diputados del PP no ocultan este martes la satisfacción por la derrota de Víktor Orbán en las elecciones en Hungría. Ven en el hecho de que quien ha desbancado al extremista no sea precisamente de izquierdas, sino Péter Magyar, un exmiembro de sus filas, una tendencia a favor de una derecha más moderada. Mientras Vox, que envió a su líder, Gabriel Le Senne, a hacer campaña por Orbán en Hungría, minimiza ahora la derrota, la presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha encargado de recordarla en la sesión de control al Govern. En un intercambio con Vox en el Parlament, la popular le ha advertido que vaya "alerta" con el populismo, porque "no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo".

Con el buen tiempo se reactiva el cicloturismo. Ya es habitual ver grupos de turistas en bicicleta por las carreteras de Mallorca. ¿Es esto una "oportunidad", como ha defendido este martes el conseller de Turismo, Jaume Bauzá, en el pleno del Parlament? ¿O bien, la causa del "caos en las carreteras", como le reprochaba la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió?

El pleno del Parlament dará vía libre a la creación de una universidad privada que llevará el nombre de Mallorca con el voto favorable del PP y Vox, la abstención del PSIB y el voto en contra de MÉS per Mallorca. Se trata de la Universitat de Mallorca (UMAC), impulsada por el centro privado de educación superior ADEMA, presidido por Diego González, exsecretario general del PSIB en Palma y exdirector general durante el mandato de Francesc Antich. La votación se llevará a cabo mañana en el pleno del Parlament. A partir de aquí, tanto el Consell de Govern como el Consell d'Universitats también deberán aprobarla.

En tres años de legislatura, el PP solo ha apartado un cargo institucional por los resultados de su gestión: el conseller insular de Turismo en Mallorca, Marcial Rodríguez. ¿El motivo? Su incapacidad para frenar el alquiler turístico ilegal y el desgaste político que esto le comportó. La presidenta del Govern, Marga Prohens, encomendó a los consells insulares la lucha contra esta actividad, pero en Mallorca el conflicto se ha cronificado. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha relevado al responsable –ahora Guillem Ginard está al frente de la Conselleria– y ha presionado a Airbnb para que retire anuncios de pisos sin licencia. Pero Galmés se encamina a las próximas elecciones con esta piedra todavía en el zapato.

El Gobierno todavía no tiene claro cuál será el impacto de la subida de precios a consecuencia de la guerra en Irán para la economía de las Islas. Con todo, el vicepresidente primero y conseller de Economía, Antoni Costa, ha advertido que supone una "gran piedra en el camino" después de un 2025 en que las cifras indicaban un crecimiento económico. El cambio abrupto del contexto internacional ha sembrado de incertidumbre los pronósticos del Ejecutivo, que ha aprobado un primer paquete de medidas para hacer frente a los primeros efectos: el incremento de precios de la gasolina, el transporte, la construcción y la subida del euríbor. "Incertidumbre y volatilidad son las dos palabras que definen la situación actual", ha dicho Costa, que ha admitido que todavía no tiene la respuesta a la pregunta más importante: ¿cómo afectará esta situación al sector turístico?

Vivir de alquiler se ha convertido en sinónimo de empobrecimiento e inseguridad constante. Los precios desorbitados de la vivienda están cada vez más lejos de la capacidad económica de los trabajadores. El investigador del CSIC y doctor en Sociología Javier Gil analiza las consecuencias de esta tendencia, que amenaza el modelo social, en su último libro, Generación inquilina (Capitán Swing, 2026).

Ni las críticas de los letrados, ni la oposición del PSIB, ni la amenaza de MÉS de ir al Tribunal Constitucional han frenado al PP y Vox en su intento de modificar 70 normas de golpe a través de la Ley de proyectos estratégicos. Ambos partidos han recuperado haciendo valer su mayoría en la mesa del Parlament el centenar de enmiendas (88 del PP y 12 de Vox) que la mesa de la Comisión de Economía rechazó, al considerar que no tenían nada que ver con el objeto de la ley.

Los bailes de Marga Prohens en República Dominicana se han convertido en el leitmotiv de los últimos debates en el Parlament. La oposición no le perdona la clase de bachata que hizo a mediados de marzo en un viaje institucional, en el que también se reunió con el presidente del país, Luis Abinader. No hay precedentes documentados de presidentes baleares apuntándose a las danzas caribeñas, un gesto que Prohens defendió como muestra de “respeto” a los anfitriones. Pero la hemeroteca sí que da cuenta de la intensa relación que los gobiernos de las Islas han mantenido con América Latina. Desde la visita de Gabriel Cañellas a Puerto Rico en 1992 hasta la cena de seis horas de Francesc Antich con Fidel Castro en el año 2000, la agenda exterior de los presidentes ha sido apretada.

La presidenta Marga Prohens ha multiplicado el gasto en viajes institucionales en relación al último mandato de Francina Armengol. Así se desprende de la respuesta que el Gobierno remitió a diversas preguntas parlamentarias del PSIB. Según estos datos, la jefa del Ejecutivo ha realizado 25 viajes esta legislatura, de los cuales 14 han sido fuera de las Islas, con un gasto acumulado de 151.841,55 euros. Mientras que en la legislatura anterior (marcada por la pandemia y las restricciones de movilidad que comportó), Armengol realizó 33 viajes, 12 fuera de las Islas, que costaron 98.173,95 euros. Según los datos que el PSIB hizo públicos en el último pleno del Parlament, la principal diferencia entre las dos presidentas es que Prohens viaja con un séquito mucho más numeroso.

El Gobierno ha aprobado este viernes el decreto ley para destinar 160,75 millones de euros a paliar los efectos económicos que la guerra en Irán tiene para las Baleares. Una medida que complementa las que ya ha aprobado el gobierno español y que representarán 70 millones de euros más para las Islas. De las deducciones fiscales para los hipotecados hasta las subvenciones a los sectores afectados, el vicepresidente primero y conseller de Economía, Antoni Costa, ha explicado en qué se destinarán estos recursos.

Las Baleares son la comunidad que menos invierte en Investigación y Desarrollo sobre el Producto Interior Bruto (PIB). Así se desprende de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), según los cuales las Islas son la autonomía con un menor porcentaje de inversión en I+D interna, un 0,4%; solo por delante de la ciudad autónoma de Ceuta (0,28%, mientras que Melilla llega al 0.47%).

Vox vuelve a la carga contra la memoria democrática. El diputado del grupo parlamentario, Sergio Rodríguez, no tiene suficiente con la derogación de la ley autonómica de memoria, que se llevó a cabo el pasado 10 de marzo. Ha cargado contra el Govern por continuar haciendo políticas de memoria bajo el paraguas de la normativa estatal. En el pleno del Parlament, ha lamentado que el pacto para eliminar esta ley no tenga efectos prácticos. "En este Parlament legislamos para que nada cambie", ha criticado: "Tendremos que llegar a acuerdos de 6.000 folios, con un notario y toma de rehenes".