Los vecinos de Son Sardina, indignados: "No tiene ni pies ni cabeza llevar la basura de Ibiza hacia aquí"
Diversas asociaciones vecinales y el GOB anuncian un recurso contencioso administrativo contra el convenio
PalmaLos barrios de Son Sardina y la Garriga están en la zona cero del tratamiento de los residuos de Mallorca. Desde los tejados se distingue perfectamente la planta incineradora de Son Reus, a 3,5 kilómetros en línea recta: sufren los olores y las nubes ácidas que de vez en cuando aparecen en el cielo. Este martes han levantado la voz contra los planes del Consell de Mallorca de ampliar la producción de la planta con los residuos provenientes de Eivissa. "Desde el punto de vista ambiental no tiene ni pies ni cabeza tener residuos en Eivissa, meterlos dentro de un camión, un barco, enviarlos al puerto de Palma y transportarlos por carretera hasta aquí", protesta Joan Mateos, portavoz de la Associació de Veïnats de Sa Garriga.
Junto con una docena de entidades vecinales y ecologistas han anunciado la presentación de un recurso contencioso administrativo contra el convenio al que han llegado las dos instituciones insulares, cuyo contenido avanzó el ARA Balears. "El traslado desde Ibiza incrementa los impactos de la incineración", explica la portavoz del GOB Aina Llauger. Destaca que el plan director de la planificación de residuos preveía que, si no se utilizaban en un período determinado, se cerrarían dos hornos: "Si ahora añadimos los residuos de Ibiza, se alarga la vida". Añade que los residuos procedentes de Ibiza queman peor, porque "la recogida selectiva de Ibiza es más deficiente que la nuestra". Además, lamenta que el Consell de Mallorca haya rebajado la exigencia ambiental de recibir todos los residuos en balas retráctiles y ahora acepte importar a granel.
"Nos camuflan como prueba piloto algo que no lo es"
Mateos destaca el hecho de que Mallorca no haya establecido una fecha de finalización de la prueba piloto de traslado de residuos de Eivissa. "Nos camuflan de prueba piloto algo que no lo es: se hace una licitación de 2,7 millones de euros prorrogables anualmente, hasta un importe máximo de 24 millones de euros", defiende. Así, reclama alternativas para gestionar los residuos a partir del cierre del vertedero de Eivissa, Ca na Putxa, porque acaba la vida útil. Si no, advierten los vecinos, esta importación es un precedente: la planta incineradora de Menorca también puede fallar.
La portavoz de la Asociación de Vecinos de Son Sardina, Àngela Fernández, ha lamentado que ni el Consell de Mallorca ni el Ayuntamiento de Palma les hayan informado del procedimiento del traslado. Asegura que han hecho peticiones a través del portal de transparencia y no han recibido ninguna respuesta. Reclama un "proceso de participación ciudadana" para pronunciarse sobre el traslado y que los 50 millones de euros que el Govern ha destinado al Consell de Mallorca para afrontar los gastos de la importación se destinen a "programas de recogida puerta a puerta en Eivissa y Formentera".
Apoyo del PSIB y MÉS
El PSIB y MÉS per Mallorca han expresado apoyo a los vecinos en dos comunicados. La consejera socialista Juana Adrover ha considerado que "los vecinos de Son Sardina y las entidades ecologistas tienen toda la razón cuando reclaman garantías y transparencia". "No se puede autorizar ningún traslado de residuos sin asegurar que no se dañará el entorno, que no habrá riesgos para la salud y que la ciudadanía podrá participar en las decisiones", ha asegurado.
La portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha considerado que "la judicialización de este expediente es la consecuencia directa de una manera de gobernar basada en la opacidad, la improvisación y la falta absoluta de respeto por los procedimientos y por la ciudadanía".