Palma perderá 1.000 viviendas públicas por la nueva ley urbanística del PP y Vox
MÁS por Palma ha denunciado las consecuencias de la nueva normativa y ha exigido su derogación
PalmaMÁS por Palma ha denunciado que la aplicación de la nueva Ley urbanística de proyectos residenciales estratégicos impulsada por el PP y Vox supondrá la pérdida de 1.000 viviendas públicas en los urbanizables de Palma, "un recorte flagrante del derecho a la vivienda que favorece a los grandes promotores inmobiliarios y debilita la acción pública".
Según han explicado en una rueda de prensa, con la nueva ley "se ha modificado el cálculo para la cesión de los aprovechamientos urbanísticos que los promotores deben realizar al Ayuntamiento". Esto, detallan, reducirá los metros cuadrados que recibirá el Ayuntamiento para realizar viviendas públicas. Además, las viviendas públicas podrán ser hasta un 30% más caras, porque podrán ser viviendas a precio limitado y no protección de régimen general. En resumen, el partido ecosoberanista denuncia que las consecuencias de esta ley serán: "Menos cesión de techo y viviendas más caras".
Los ecosoberanistas han lamentado, también, que el alcalde de Palma ha anunciado que, con la nueva normativa, se podrán construir 20.000 viviendas en los urbanizables de la ciudad. Con la normativa anterior (el Plan general), 6.000 de éstas habrían sido viviendas públicas. Con la nueva ley del PP y Vox, serán 1.000 menos. "1.000 viviendas públicas menos quiere decir 1.000 oportunidades menos para las familias trabajadoras, las víctimas de violencia machista, los jóvenes que quieren emanciparse y los mayores sin recursos. Son 1.000 familias que el PP y Vox dejan tiradas, en la calle, sin un techo asequible", criticó con duro.
De un modelo social a un modelo especulativo: el retroceso de la nueva ley urbanística
Además, también denunciaron que a diferencia del Plan general aprobado durante la pasada legislatura, que "priorizaba el derecho a la vivienda y establecía mecanismos para garantizar una proporción elevada de vivienda protegida privada y pública a precios justos", la nueva ley del PP y Vox supone un retroceso alarmante.
"La normativa actual maximiza el beneficio privado. Habrá menos viviendas públicas, y todas las viviendas protegidas pueden ser a precio limitado (un 30% más caros), tanto los públicos como los privados", ha recordado Truyol. "Esto implica menos viviendas sociales y menos acción pública para hacer frente al drama que sufren miles de familias que no encuentran viviendas a un precio razonable. En definitiva, han remarcado que esta ley crea más dificultades a la ciudadanía y es "una clara apuesta por el negocio especulativo en lugar del bienestar colectivo". "Las 1.000 viviendas públicas que esta ley están los promotores obtengan más beneficios", ha denunciado Truyol.
Una ciudad sin servicios públicos
Truyol ha declarado que "los urbanizables de Palma serán barrios dormitorio, sin escuelas, centros de salud, ni zonas verdes... pero también con menos vivienda pública para quienes tienen más dificultades. El PP y Vox están construyendo una ciudad que expulsa a los residentes. Una Palma esclava de los grandes especuladores"
Con todo, favorece la especulación inmobiliaria" y la recuperación del modelo urbanístico justo y sostenible que encarnaba el Plan general.