La limitación de los coches de Menorca ya tiene cifra: 120.000 a partir de 2027

PalmaLa Ley de reserva de la biosfera, que debía compensar a Menorca por la de capitalidad que tienen reconocida Mallorca e Ibiza, volverá a ser modificada sin que prácticamente haya sido aplicada en los tres primeros años de vigencia. Rebajada por la Ley de medidas urgentes del 2024 —primero— y por la ley de litoral que se anuncia para este otoño —después— ahora será también el mismo Consell de Menorca quien la modifique.

Aunque a última hora, el gobierno del Partido Popular en el Consell menorquín se ha decidido a aplicar a partir del verano que viene la restricción a la entrada de vehículos que ya es vigente o se tramita en el resto de islas. A pesar de que dispone desde 2023 de una ley autonómica que lo faculta a poner límites a los coches que entran en Menorca, la Ley de la reserva, en los últimos tres años no lo ha aprovechado. Al contrario, alega que la medida es inaplicable y, por este motivo, el día 31 lleva a aprobación en pleno una modificación de la ley que sí lo hará posible.

La propuesta, que este martes será dictaminada en comisión informativa, justifica la necesidad de modificar la ley para “incorporar aspectos que, por su naturaleza, han de estar necesariamente regulados por una norma con rango superior”. Son elementos “que no se prevén en la regulación vigente y que no se pueden regular mediante una norma de carácter meramente reglamentario”.

Pero el exasesor jurídico Mateu Martínez, primer funcionario en la historia del Consell y uno de los técnicos que participaron en la elaboración de la ley, discrepa. “La ley ya facultaba al Consell, a través del reglamento, a establecer todos los aspectos necesarios para la aplicación. El único aspecto que, en todo caso, requería previsión legal —dice— era el régimen sancionador”.

En cualquier caso, la modificación que ahora se promueve impedirá que lleguen a coincidir en la isla más de 120.000 vehículos a la vez. El estudio de carga que se entregó hace un año al Consell contabilizó 122.170 vehículos, de los cuales 86.023 eran de residentes y 36.147 de foráneos. Según el informe, la isla ha pasado en siete años de tener 75.000 coches a tener 86.023 y los meses de julio y agosto soporta una media de 9.000 vehículos de alquiler, mientras que a final y principio de año solo son entre 1.500 y 2.000. Así que la conclusión es que “el techo de vehículos recomendado para la isla para frenar la saturación en las carreteras es de 120.000 vehículos”. Es decir, solo se debe impedir el acceso de poco más de 2.000 en los días punta del verano, un tope que la oposición ha tildado de insuficiente para evitar la congestión de la red insular, pero que el gobierno del PP ha asumido políticamente para seguir los pasos de Formentera, que en 2023 fue la primera isla en establecer limitaciones. “Posteriormente —remarca la propuesta— se ha implantado una medida similar en Ibiza y, recientemente, el Consell de Mallorca ha aprobado un proyecto de ley” en el mismo sentido.

En Menorca quedarán exentos de este control los vehículos de los residentes, los de los propietarios de una vivienda, los de quienes acrediten la necesidad de desplazarse a la isla por motivos profesionales, los de los transportistas, la maquinaria agrícola, los que conduzcan personas con movilidad reducida y los vehículos oficiales y de servicio público.

Para decidir cuáles entran y cuáles no, se tendrá en cuenta el volumen medio de actividad que cada empresa haya desarrollado en Menorca en los tres últimos años, el hecho de que incorporen vehículos eléctricos o no contaminantes y el número de solicitudes que acumule cada compañía.

La propuesta deja muy claro que restringir el acceso no vulnera ni la libertad de circulación de mercancías ni el principio de libre competencia de las empresas del sector, ya que “se producirá de manera similar para todos los operadores dedicados al negocio de alquiler de vehículos”. Los vehículos autorizados deberán llevar una acreditación o distintivo gráfico que sea bien visible desde el exterior y, hasta, pagar una tasa.

Cooperación con las navieras

Las navieras colaborarán con el Consell en su tarea inspectora, ya que deberán comunicar mensualmente las matrículas de todos los vehículos que cada día embarquen o desembarquen en la isla. De hecho, ya se han instalado cámaras en los puertos de Ciutadella y Maó para facilitar esta vigilancia.

El régimen sancionador considera una infracción leve no llevar el distintivo en un lugar visible, lo que podría ser multado con hasta 3.001 euros. Se tratarán como incumplimientos graves, susceptibles de ser multados con 25.000 euros, acceder y permanecer en la isla sin autorización, manipular o falsear la acreditación y no informar a la Administración de la flota operativa. Las infracciones muy graves, que podrían elevar el importe hasta 100.000 euros, son: incumplir el deber de solicitar anualmente la autorización para cada vehículo y llevar más de los permitidos.

Para que la medida sea aplicable, primero se debe modificar la ley, después se deberá aprobar un reglamento y, para acabar, fijar de forma anual o bienal el techo o número máximo de vehículos que se puede autorizar que entren en la isla.

A partir de la aprobación inicial, el próximo lunes, se abrirá un plazo de información pública no inferior a 20 días para formular alegaciones y se solicitará un informe preceptivo a los ayuntamientos y a las administraciones. Cuando los haya recibido, ya en el mes de octubre, el Consell dispondrá de un plazo máximo de medio año para llevar la propuesta a aprobación definitiva. Si se cumplen los plazos, al final, en la primavera de 2027 la restricción de vehículos ya se podría hacer efectiva.