Entra en prisión la opositora en el régimen de Kagame en Ruanda, que preparó su campaña en Mallorca
Es el segundo procedimiento judicial del país africano contra el activista, que no pudo presentarse a las elecciones y que recibe el apoyo de entidades isleñas
PalmaVictoire Ingabire, la política ruandesa que hace 15 años preparó su participación en las elecciones del país africano en Mallorca, ha sido enviada a prisión de forma preventiva acusada de formar un supuesto grupo criminal y de incitar a los disturbios públicos. La decisión, según confirmaron diferentes medios africanos y el entorno de la política y activista de los derechos humanos, se tomó el pasado 15 de julio "argumentando riesgo de fuga y posible interferencia en las investigaciones", dijeron al ARA Baleares fuentes de entidades como Veritas Rwanda Forum, que desde hace años trabajan por la democratización de la zona.
La detención de Ingabire tuvo lugar el pasado 19 de junio y después su caso se trasladó al Juzgado de Primera Instancia de Kicukiro el 30 de junio, con solicitud expresa de prisión preventiva. Pese a los intentos de su defensa por evitar el encarcelamiento preventivo, la justicia ruandesa consideró que era necesario enviarla a prisión, lo que ha vuelto a generar una gran preocupación entre su familia y los grupos de apoyo de exiliados, que viven principalmente en Europa.
Relación con Mallorca
Victoire Ingabire Umuhoza es una activista y política ruandesa que desde hace años intenta democratizar su país y que puedan devolver allí a las decenas de miles de exiliados que acumula este pequeño estado africano. Para sacar adelante su campaña, Ingabire recibió un importante apoyo de diferentes colectivos vinculados a Mallorca. A finales del año 2009 llegó a la isla y se estableció en la Fundació s'Olivar (Estellencs) donde, con la ayuda del activista por los derechos humanos Joan Carrero y una serie de especialistas preparó la estrategia para intentar presentarse a las elecciones de 2010. Todos ellos, en su momento, estaba advertido concurrencia electoral de que fuera realmente una alternativa, y mucho menos que denunciara su papel en la región, "siendo una pieza clave por el expolio del coltán y otros minerales que son propiedad del Congo y que impunemente vende Ruanda en el mercado internacional", ha explicado en reiteradas ocasiones Carrero.
El activista pudo organizar y consolidar su plataforma política, así como establecer contactos con miembros de la diáspora ruandesa y colectivos de apoyo. Además, durante los meses que ocurrió en Mallorca, Ingabire se dedicó a preparar su candidatura, elaboró programas políticos y estableció redes con organizaciones internacionales y la opinión pública para denunciar la situación política en Ruanda y el régimen de Paul Kagame.
Un regreso con juicio inmediato
Poco después de su regreso a Ruanda, en abril de 2010, Ingabire fue detenida por las autoridades, que alegaron que había hecho declaraciones contra los intereses de Ruanda. Esa detención impidió su participación en los comicios con el partido FDU-Inkingi. Cuando Victoire Ingabire fue juzgada en Ruanda, primero fue encarcelada de forma preventiva durante un tiempo, y después le concedieron un régimen de retención domiciliaria antes de la sentencia definitiva. Estas medidas formaron parte de un proceso judicial que muchos observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos criticaron por falta de garantías y por ser un instrumento de represión política.
La condena para Ingabire fue de 15 años de prisión, si bien pudo cumplir una parte con arresto domiciliario. Mientras tanto, nunca ha podido ver a sus hijos desde que decidió entrar en Ruanda en el 2010.
Aunque Kagame tuvo que competir con otros candidatos, los analistas internacionales concluyeron que estos partidos, formalmente opositores, eran ""satélites políticos" del partido de gobierno (RPF), creados para mantener una apariencia de pluralismo sin hacer un verdadero control del poder. La estancia en Mallorca de Victoire Ingabire y el apoyo que recibió en la isla fueron claves para la visibilización internacional de su causa y la denuncia de la represión política en su país. Un conflicto con el trasfondo de los intereses económicos de los grandes fabricantes tecnológicos, que hasta entonces era bastante desconocido en el ámbito internacional.
El conflicto de los recursos naturales
Ruanda ha jugado un papel central y controvertido en la inestabilidad del este de la República Democrática del Congo (RDC) desde hace décadas. Tras el genocidio de 1994 y la llegada al poder del Frente Patriótico Ruandés (FPR) liderado por Paul Kagame, Ruanda ha realizado varias intervenciones militares en el Congo, a menudo justificadas como operaciones de seguridad contra grupos rebeldes hutus y otras fuerzas armadas presentes en la frontera.
Sin embargo, estas intervenciones, según ha denunciado el Forum Veritas Ruanda, "también han sido motivadas por intereses económicos, especialmente por el control de los recursos naturales estratégicos que abundan en la región, como el coltán, un mineral esencial para la industria tecnológica global". Ruanda ha sido acusada repetidamente de expoliar estos recursos, fomentando un círculo de conflicto y violencia que ha causado millones de muertes y desplazamientos.
Activistas y políticos de la oposición, como Victoire Ingabire, han denunciado esta situación y la represión interna, así como la implicación del régimen en prácticas de saqueo y violaciones de los derechos humanos dentro y fuera de Ruanda. La oposición buscaba romper el círculo de violencia y corrupción que perpetuaba la inestabilidad en la región y promover una política basada en la transparencia, la paz y el respeto por los derechos fundamentales.
Una querella contra Ruanda impulsada desde las Islas
La Fundación Veritas Rwanda Forum, una organización formada principalmente por miembros de la diáspora ruandesa en diferentes países y con el apoyo de personas y entidades de Catalunya (que trabajan desde hace más de 20 años para esclarecer el asesinato de voluntarios y religiosos catalanes en Ruanda en 1997) y Mallorca, presentó una querella ante la España de la Audiencia. Esta querella, dirigida jurídicamente por el abogado Jordi Palou, se basó en acusaciones de violaciones graves de derechos humanos, incluyendo torturas, ejecuciones extrajudiciales y represión sistemática contra la oposición política y la sociedad civil ruandesa. El objetivo de la querella era exigir responsabilidades legales a Kagame y sus colaboradores por estos crímenes, poniendo de manifiesto la impunidad que ha reinado en Ruanda durante los años de su gobierno.
El caso tuvo un fuerte impacto mediático y generó un amplio debate sobre la responsabilidad de los dirigentes africanos en los tribunales internacionales y españoles, así como la posibilidad de que víctimas y opositores políticos puedan acceder a la justicia fuera de Ruanda. En el momento de la imputación formal a Kagame y su equipo de gobierno, se generó un verdadero descalabro internacional. Pero su condición de jefe de estado dificultó el avance del procedimiento. Según las valoraciones de la organización por los derechos humanos, "representó un paso importante en la lucha por la verdad, la justicia y la denuncia de la represión política que vive el país, y puso de manifiesto el compromiso de la diáspora ruandesa y de sus aliados con la defensa de los derechos humanos".