El Consell de Mallorca exigirá cinco años de residencia para acceder a ayudas sociales
La medida, vinculada al paquete de ayudas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Irán, afecta las ayudas sociales gestionadas por el IMAS
PalmaEl Consell de Mallorca exigirá finalmente un mínimo de cinco años de residencia legal para poder optar a las ayudas sociales incluidas en el paquete destinado a paliar los efectos económicos derivados de la guerra en Irán. Inicialmente, la institución insular había previsto fijar este requisito en tres años.
Según han confirmado fuentes del Consell, esta modificación permite desbloquear una parte de las ayudas que había quedado parada y que se prevé aprobar próximamente en un pleno extraordinario, aún sin fecha definida.
El requisito de residencia afectará a los nueve millones de euros que se destinarán al Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), encargado de gestionar las ayudas de carácter social. Esta partida forma parte de un paquete global de 21,7 millones de euros procedentes de remanentes de tesorería, que previsiblemente se aprobará con el apoyo del PP y Vox.
El partido político Vox ha celebrado haber “condicionado” las medidas y haber conseguido elevar el tiempo de residencia exigido. El vicepresidente insular, Pedro Bestard, ha defendido que la medida responde al principio de “prioridad nacional” y ha asegurado que hay que “beneficiar a los españoles” ante el contexto actual.
Por el contrario, fuentes del Consell se han desmarcado de la idea de que estas ayudas deban ser exclusivas para ciudadanos españoles, y han recordado que una limitación de este tipo vulneraría tanto la Constitución como la normativa europea. En este sentido, han comparado la medida con otros requisitos similares ya existentes, como los tres años de residencia para acceder a la renta social garantizada o los criterios de acceso a la vivienda pública, que en algunos municipios llegan a los cinco años.
Un paquete de ayudas en revisión
El anuncio de estas medidas se remonta al debate de política general llevado a cabo a finales de marzo, cuando el presidente del Consell, Llorenç Galmés, avanzó un paquete inicial de 84 millones de euros para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Próximo.
Posteriormente, el equipo de gobierno retiró del pleno de abril una primera propuesta de modificación de crédito para introducir mejoras técnicas y agilizar su tramitación. Ahora, con los cambios incorporados –entre los que está el endurecimiento del requisito de residencia–, se prevé reanudar su aprobación en los próximos días.
Aparte de estas ayudas, el Consell ya ha activado otras medidas, como la aprobación de 12,6 millones de euros adicionales y la movilización de 53,5 millones de euros en inversiones en obra pública. En conjunto, el paquete global para hacer frente a los efectos del conflicto se acercará a los 88 millones de euros.