El Consell encargará una nueva auditoría “más potente y extensa” antes de decidir sobre la concesión de Tirme

PalmaEl Consell de Mallorca encargará nuevos informes jurídicos y una nueva auditoría “más potente y extensa” antes de tomar ninguna decisión sobre la concesión vigente con Tirme para el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Así lo ha explicado el consejero insular de Hacienda, Llorenç Bosch, durante el primer pleno del Consell de Mallorca.

Recientemente se ha conocido un contundente informe de Intervención sobre la tarifa de Tirme, que advierte de consecuencias negativas de la concesión para las arcas públicas. Desde 2023, el Consell de Mallorca ha realizado aportaciones extraordinarias que ascienden a los 103 millones de euros con el objetivo de contener y regularizar las tarifas del tratamiento de los residuos sólidos urbanos y este verano la institución ha aprobado una nueva inyección de 41 millones más y una rebaja de la tarifa del 10%. La cuestión ha llegado al pleno y la portavoz socialista, Catalina Cladera, ha reclamado al Consell que concrete cómo y cuándo aplicará las conclusiones del documento.

El pleno ha evidenciado este jueves el enfrentamiento entre el gobierno insular y el PSIB-PSOE. El consejero insular de Hacienda, Llorenç Bosch, ha asegurado que la institución comparte la preocupación expresada por Intervención y que asumirá sus recomendaciones, pero ha descartado adoptar ninguna decisión inmediata antes de disponer de nuevos informes jurídicos y de una auditoría más amplia sobre la concesión.

“Estamos absolutamente de acuerdo y preocupados por lo que sale en este informe”, ha afirmado Bosch. El consejero ha recordado que en marzo de 2024, poco después de asumir el cargo, el gobierno insular aprobó la revisión de la tarifa siguiendo las indicaciones de los técnicos de la institución. Con todo, ha reconocido que posteriormente han aparecido auditorías y antecedentes que ya advertían de algunos de los problemas ahora señalados por Intervención.

El punto principal de discrepancia sería la aplicación del aumento del IPC a determinadas amortizaciones, una práctica que podría haber generado un enriquecimiento injusto de la concesionaria. Bosch ha remarcado, sin embargo, que se trata de una metodología tarifaria aplicada “durante los últimos 28 años con informes favorables” y ha advertido de la complejidad jurídica de modificarla o reclamar las cantidades presuntamente cobradas de más. En este sentido, ha considerado “peligroso” adoptar una decisión antes de conocer todas sus consecuencias: “Decir a una empresa que ahora cobrará menos es complejo y podríamos acabar en los tribunales”, ha advertido.

Por ello el Consell, según ha detallado Bosch, revisará todos los escenarios posibles con informes jurídicos y encargará una auditoría independiente “más extensa y más potente”, de la cual ya han abierto expediente para sacarla a licitación. “Primero tendremos los informes de nuestros servicios jurídicos y, cuando lo tengamos claro, plantearemos qué es lo mejor para el Consell”, ha afirmado, a la vez que ha advertido que “exigiremos hasta donde los informes jurídicos nos digan que podemos exigir.

Bosch señala la gestión de Cladera

Durante su intervención, Llorenç Bosch ha reprochado a Catalina Cladera haber encontrado “buceando” un informe que data del año 2021 con “advertencias similares” a las del último informe de Intervención. Según ha explicado, en 2019 se encargó un informe sobre la fórmula tarifaria del tratamiento de residuos sólidos urbanos y durante la presidencia del Consell por parte de Cladera, en marzo de 2021, ya habría recibido un documento que proponía iniciar un expediente de interpretación contractual y acudir al Consejo Consultivo si Tirme no aceptaba la revisión.

“Inició un expediente de interpretación contractual y lo dejó dentro de un cajón”, le ha acusado Bosch. También ha recriminado al anterior gobierno que, después de aquellas advertencias, adjudicase a Tirme una planta de compostaje en Llucmajor por unos 30 millones de euros.

Cladera ha replicado que, si Bosch encontró aquel expediente cuando llegó al Consell, lo habría podido reactivar. “¿Ahora resulta que ya tenemos dos informes y todavía tiene que encargar más?”, ha preguntado. La socialista ha acusado al gobierno de “hacer de oposición a la oposición” para evitar asumir sus responsabilidades actuales.

Catalina Cladera ha reclamado que se suspenda tanto el expediente de los 41 millones de euros aprobados en julio, además de la revisión de la tarifa. También le ha reprochado los 103 millones acumulados, una “cantidad inaudita”, y ha pedido entre acusaciones de malbaratamiento de fondos públicos que no demoren las conclusiones ni la aplicación de lo que advierte el informe de Intervención: “Detengan el expediente de los 41 millones y la revisión de las tarifas”.

Bosch ha cerrado el debate defendiendo la prudencia del Consell y reiterando que la institución negociará con Tirme cuando disponga de toda la documentación jurídica y económica: “Poco a poco, iremos haciendo camino y llegaremos a la mejor solución para los mallorquines y las mallorquinas”, ha concluido.

Ayudas por la guerra de Ucrania

La consejera de MÉS per Mallorca Catalina Inés Perelló también ha preguntado durante el pleno por el estado de ejecución de los paquetes millonarios de ayudas anunciados por el Consell para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. La institución ha aprobado diversos paquetes de medidas que han experimentado diversas modificaciones durante los últimos meses.

Perelló ha cuestionado que estos recursos hayan llegado efectivamente a sus destinatarios. “Muchos paquetes y muchos anuncios, ¿pero cuándo llegará este dinero a las personas y a las familias?”, ha preguntado. La consejera ecosoberanista ha reclamado más rapidez en la tramitación de unas medidas que, según ha remarcado, se presentaron como una respuesta urgente al encarecimiento del coste de la vida.

Llorenç Bosch ha hecho una valoración positiva y ha atribuido los cambios introducidos a la necesidad de adaptar las medidas a las competencias propias del Consell.

El consejero de Hacienda ha explicado que el programa de mayor envergadura es el de nueve millones de euros destinado a las personas y familias más vulnerables, que se encuentra en la fase final, pendiente de la firma de los convenios con los ayuntamientos. También quedan pendientes de formalizar dos millones de euros para la gestión y el mantenimiento de residencias públicas.

A estas partidas se suman cuatro millones de euros para concertar plazas para personas con discapacidad mediante entidades del tercer sector; 2,1 millones para los comercios de proximidad, que incluye una convocatoria de 800.000 euros en bonos comerciales para fomentar la compra de productos de Mallorca, entre otros. Perelló ha insistido en que las ayudas “tenían que ser rápidas” y todavía no han llegado a las familias, y ha vuelto a exigir celeridad al gobierno insular.