El Congreso y el Senado reclaman al gobierno español 230 millones del nuevo convenio de carreteras en Mallorca

PalmaLa Comisión MixtaCongrés–Senado de Insularidad ha aprobado este martes una iniciativa del Partido Popular que reclama al gobierno un nuevo convenio de carreteras para Mallorca que permita desbloquear los cerca de 230 millones de euros pendientes del anterior acuerdo e impulsar nuevas infraestructuras viarias consideradas prioritarias en la isla. La moción, una iniciativa no vinculante, ha contado con los votos a favor del PP, Vox, el PNB y Sumar-MÉS, y la abstención de los socialistas. Al debate ha estado presente el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

La iniciativa insta al Ejecutivo a aprobar un nuevo convenio de colaboración entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Consell de Mallorca, en sustitución del acuerdo liquidado en diciembre de 2021. El texto plantea que el nuevo convenio incluya financiación estatal con características similares al acuerdo suscrito con Canarias y publicado en el BOE en octubre de 2025.

Entre las actuaciones consideradas prioritarias, el PP destaca la mejora del enlace de Cala Mayor entre la Ma-1 y la Ma-20, la conexión de la vía de cintura con la calle de Alfonso el Magnánimo y la ronda urbana de Inca, además de otras variantes y mejoras en diferentes puntos de Mallorca.

Asimismo, los populares solicitan analizar y actualizar el importe pendiente de ejecutar del anterior convenio, cifrado en unos 230 millones de euros, incluyendo las expropiaciones correspondientes y adaptando las cantidades a los precios actuales de mercado.

El PP recuerda que el Estatuto de Autonomía de las Baleares atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia "exclusiva" en materia de carreteras y señala a los consells insulares como instituciones con competencias propias en esta materia.

En este sentido, explica que el convenio original entre el Ministerio de Fomento y el Consell de Mallorca fue firmado en 2007 y posteriormente modificado mediante diversas addendas para ampliar su vigencia hasta 2022 y actualizar las actuaciones previstas.

A pesar de ello, el acuerdo fue liquidado el 14 de diciembre de 2021 con una cuantía pendiente de ejecutar de 228,5 millones de euros. Según expone la iniciativa, desde entonces ambas administraciones han reiterado la necesidad de negociar un nuevo convenio que permita culminar las infraestructuras pendientes.