Las ayudas a los grupos parlamentarios que acuden a la caja de los partidos
Las formaciones se nutren de fondos públicos y también de las aportaciones que realizan los cargos electos y en algunos casos los asesores
PalmaEl exportavoz de Vox (ahora diputada no adscrita) Idoia Ribas fue noticia estatal cuando denunció que Vox era una "estafa piramidal". Ribas aseguró haber recibido presiones cuando formaba parte del grupo parlamentario para desviar dinero del grupo al partido y expresó la sospecha de que, después, éstos se transfirieran a la fundación Disenso, de Santiago Abascal. Ante estas acusaciones, Vox halló por primera vez en la legislatura el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios. Mientras el Govern instó a Ribas a llevar el presunto desvío de fondos a la fundación en los juzgados si tenía pruebas –ella lo ha descartado–, el PSIB y MÉS por Mallorca defendieron que derivar una parte de las ayudas que los grupos reciben en sus siglas es tanto legal como habitual.
De hecho, todos los partidos lo hacen. La memoria económica que aportan anualmente al Parlamento lo acredita. La Ley de financiación de los partidos políticos establece que estas organizaciones, cuyo funcionamiento es esencial para la democracia, pueden recibir aportaciones de sus grupos parlamentarios. Además, también pueden nutrirse de cuotas de afiliados y simpatizantes y donaciones privadas, aunque con límites que se han ido restringiendo.
"La propia Constitución española indica que el Estado debe financiar a los partidos, así como a los sindicatos y organizaciones empresariales", apunta el politólogo Guillermo Bezzina. Días después de lanzar la ofensiva contra Vox y chocar contra el muro de todos los grupos parlamentarios, Ribas matizó sus declaraciones y circunscribió "la estafa" de Abascal al ámbito "político". "Es predicar que no te nutrirás de subvenciones públicas y después hacerlo", aseguró en una entrevista en Última Hora: "Yo negocié unos presupuestos con el PP en los que eliminamos el 100% de subvenciones a sindicatos y patronales, y al poco tiempo el grupo de Vox pasó de ingresar un 10% en el partido a un 50%".
Según las últimas cuentas que Vox entregó en el Parlament, correspondientes a 2024 –ahora recibe menos recursos porque ha perdido a otro diputado–, el grupo parlamentario balear recibió 183.848,32 euros de subvenciones. De ese total, se transfirieron 114.000 euros al partido: 86.000 provenientes de una aportación mensual de 7.000 euros, más una cantidad fija de 30.000 euros para el año pasado.
¿Y el resto de grupos? El PP no especifica su partida en las cuentas presentadas. Sin embargo, en la cuenta de resultados aparece que de los 477.297,33 euros que recibió, se gastaron 468.000 en una única partida de "gasto corriente" que no permite delimitar exactamente qué cantidad va al partido. En cuanto al grupo parlamentario socialista, en 2024 recibió 365.435 euros, de los que 339.826 se transfirieron al partido. Mientras que el grupo ecosoberanista recibió 141.122 euros de origen público y destinó 141.059 a MÉS por Mallorca. Más por Menorca también transfiere la práctica totalidad de la asignación parlamentaria (unos 70.000 euros anuales) al partido. "Todos los gastos provenientes de la acción parlamentaria son asumidos por el partido", apuntan fuentes de la formación. Por el contrario, la asignación de 35.280 euros que recibieron Unides Podem y Esquerra Unida (EUiA), que comparten un escaño, se quedó en el grupo mixto. "Todos los gastos se han pagado directamente por el grupo parlamentario: sean gastos del local en Mahón, la contabilidad, los desplazamientos, la gestoría y la comunicación", expresan fuentes de la formación. "El grupo es perfectamente libre de transferir una parte del dinero que recibe siempre que el partido le preste determinados servicios", explica el especialista en Derecho Pep Alonso: "Por ejemplo, el grupo socialista puede interponer un recurso de inconstitucionalidad contra una ley autonómica usando los servicios de los letrados del PSOE".
"El impuesto revolucionario"
Tanto la mayoría de los diputados como, en algunos casos, los cargos del Govern y los asesores parlamentarios, también aportan a los partidos. Lo hacen a través de aportaciones que llaman, coloquialmente, "el impuesto revolucionario", y suelen representar un porcentaje de su sueldo. Aunque carecen de una regulación legal explícita, forman parte de las donaciones privadas previstas en la ley. El ARABalears ha pedido a todos los grupos en que consisten las suyas, porque formación tiene sus propias reglas. El PP no respondió a la petición. Sin embargo, fuentes conocedoras sitúan la cifra en torno a un 3% del sueldo entre los cargos del Gobierno. Tampoco lo ha hecho el PSIB, aunque el ARABalears ha podido confirmar que se encuentra en torno a los porcentajes que marca el PSOE en el Estado, y que van entre nada –cuando el cargo cobra hasta 1.500 euros– y un 11% para los salarios altos. Por su parte, los diputados de MÉS por Mallorca aportan el 15% de la nómina al partido, y los de Més por Menorca, un 6%. La diputada de Podemos Cristina Gómez –que dejó el cargo antes del verano– aportó un 7% de su sueldo, que le correspondía según sus circunstancias , puesto que el partido establece una escala. Vox, en cambio, no pide cantidad alguna a sus cargos electos, como han confirmado varias fuentes consultadas.
"Se entiende que la persona que ocupa un cargo público está ahí porque la ha propuesto un partido, e internamente se acuerda que destine una parte del sueldo", explica Bezzina. "Es una práctica muy habitual, aunque existen excepciones, por ejemplo en personas que dejan un trabajo de alto nivel y pasan a cobrar menos", expone el experto. "Es legal siempre que sea voluntario", concluye.