Alud de peticiones contra el reglamento lingüístico del consejero gonella de Menorca

CiudadelaEl consejero gonella de Menorca ha conseguido poner a todo el mundo de acuerdo y en contra de su nuevo reglamento lingüístico. Sólo la entidad que dirigía antes de entrar en política, Sa Fundació, se ha mostrado a favor. En cambio, el texto normativo que introduce el castellano y prioriza al menorquín sobre el catalán en la máxima institución menorquina ha motivado un alud de alegaciones en la misma dirección tanto de entidades como de partidos políticos y también de ciudadanos, que han respondido a la llamada pública para implicarse en la defensa de la unidad de la lengua.

El propio rector de la Universidad de las Islas Baleares, Jaume Carot, ha dirigido un escrito de alegaciones al presidente del Consejo de Menorca, Adolfo Vilafranca, para reclamarle la nulidad de la aprobación inicial del reglamento por haber obviado el informe preceptivo de la UIB. El rector recuerda que tanto el Estatuto de Autonomía como la Ley de normalización lingüística reconocen a la Universidad como "la institución oficial consultiva por todo lo que se refiere a la lengua catalana". Además, apunta, la jurisprudencia del Tribunal Superior de Baleares avala también el carácter "preceptivo" de sus dictámenes. La Comisión Técnica Asesora de la UIB ya alegó recientemente por oponerse a las bases de la convocatoria de ayudas que prevalecen el uso del menorquín a la hora de otorgar subvenciones de fomento del catalán en el ámbito empresarial, deportivo, editorial y asociativo.

La Plataforma por la Lengua, Acción Cultural de Menorca, la Obra Cultural Balear, el PSOE, Más por Menorca, la Federación de Asociaciones de Vecinos, los sindicatos CCOO y STEI y la misma responsable durante 40 años del Servicio de Asesoramiento Lingüístico (SAL) de han denunciado y Pilar Vinent, Pilar Vinent, "desprotección" del catalán que supone la nueva norma.

Pero el rechazo más llamativo ha venido de dentro mismo de la institución. El Consejo Científico del Instituto Menorquín de Estudios (IME), organismo público adscrito a la Presidencia del Consejo de Menorca, ha aprobado una contundente resolución en contra del reglamento. Su presidente, el jurista y escritor Josep Maria Quintana, le ha hecho llegar al presidente Adolfo Vilafranca con la petición de que "reconsidere" el reglamento y "abra un proceso de diálogo con los organismos competentes que recupere el espíritu de consenso y respeto por el conocimiento científico que debe guiar cualquier actuación en materia lingüística".

En este escrito, Quintana manifiesta su "preocupación por el contenido y las formas" con las que se ha tramitado el nuevo texto y acusa al conseller de Cultura, Educación y Juventud, el gonella Joan Pons Torres, de haber "rumpido el consenso que permitió aprobar el Estatut y la Ley de normalización".

La normativa que pretende imponer Pons Torres abre la puerta a externalizar parte del Servicio de Asesoramiento Lingüístico y deja la aplicación que hasta ahora supervisaba una comisión de seguimiento, que suprime, sólo en sus manos. Se trata, entiende Quintana, de un hecho "grave", como también lo es que haya prescindido de forma "injustificada" de la opinión preceptiva de la UIB, el SAL y la propia Sección de Lengua y Literatura del IME. El reglamento –destaca– es "sesgado", está "falto de rigor y pone en riesgo la presencia adecuada del catalán en los ámbitos formales de la Administración. Supone un retroceso en la normalización y se aleja tanto del marco legal vigente como del consenso social e institucional que lo ha sustentado históricamente".

El fin de semana, durante el acto de inauguración del nuevo curso académico del IME, Quintana y Pons Torres se vieron las caras, pero no hubo reproches por parte del conseller. Sólo entre líneas pidió "reciprocidad" en el respeto institucional. Este lunes también ha hecho uso de la ironía y ha compartido en sus redes el chiste colgado por el humorista Zaca en el Diario Menorca, donde se ve la portavoz de Més pidiéndole por tercera vez la dimisión.

El coordinador de Més per Menorca, Esteve Barceló, considera que la reforma "no responde a ninguna necesidad real de la ciudadanía, sino a una agenda ideológica que utiliza la lengua como arma política". Barceló ha justificado la petición de dimisión hacia Pons Torres para que "cuando una decisión genera el rechazo de la comunidad científica, del tejido cultural y de los propios órganos asesores del Consell, alguien debe asumir responsabilidades. Menorca no puede permitir que ideas propias de la ultraderecha vuelvan a convertir la lengua catalana en una guerra política".

Antes de cerrarse el plazo para alegar, el PSOE también ha dicho la suya en la misma sede del Consejo. Alertó de "graves irregularidades" en la tramitación y, como ya hizo el IME, acusó al gobierno del PP de "querer abandonar el amplio consenso que supuso la aprobación de la Ley de normalización lingüística".

Los socialistas han presentado 10 reclamaciones al entender que la modificación se ha hecho de forma incorrecta e incompleta a escala legal y de procedimiento y han acusado al conseller Pons Torres de ser "un negacionista de las vacunas, del cambio climático y ahora también de la unidad lingüística del catalán".

El conseller Edu Robsy ha comparado el reglamento a la frustrada modificación expreso del PTI y les ha puesto como muestra de "las trampas y atajos que busca el equipo de gobierno para omitir trámites esenciales y eliminar garantías. En este sentido, ha lamentado la "sistemática falta de diálogo" del conseller Pons y del presidente Vila la extrema derecha, que ignoran las reglas de juego y niegan la realidad científica".