Regularización: desmontando argumentos
No son pocos los artículos, las declaraciones y los tuits en las redes sociales que en las últimas semanas ponen de manifiesto el posicionamiento del Gobierno de las Islas Baleares con relación al proceso extraordinario de regularización que ha anunciado el ejecutivo central, que le califican de "preocupante", de "invitación al desorden" o de "factor que debilita el estado de derecho". Con estas breves líneas, desde EAPN queremos desmontar los argumentos que se están defendiendo para oponerse a una medida que, ya avanzamos, consideramos justa y necesaria.
Aquellos que enarbolan las cifras de las personas que han llegado a las costas de Baleares de forma irregular en los últimos años obvian interesadamente dos cuestiones: la primera, que la inmensa mayoría de las personas que se encuentran actualmente en situación irregular han entrado por los aeropuertos; la segunda, que las mismas fuerzas de seguridad que tanto mencionan admiten que el grueso de quienes llegan en patera no permanece en las Islas 48 o 72 horas después (bien porque continúan su periplo migratorio, bien porque son trasladados a distintos recursos de la Península).
Desgraciadamente, se están repitiendo algunos de los mantras que, pese a ser falsos, encuentran cada vez más tierra fértil donde crecer: en primer lugar, el famoso 'efecto llamamiento', que se desmonta con una simple lectura del decreto (que afecta sólo a quienes acrediten cinco meses de residencia y, además, presenta un período muy corto para poder realizar el trámite); después, los beneficios a las mafias que trafican con seres humanos, cuando la literatura sobre rutas indica que éstas se adaptan sobre todo a los controles en origen ya la vigilancia en las rutas más que a regularizaciones (eso sí, hay que estar muy vigilantes para evitar que determinados individuos se aprovechen y que ofrezcan a las personas que iniciarán los trámites citas)
Otro de los mantras es la 'recompensa a los ilegales', a quienes hacen las cosas mal, tesis de que curiosamente sólo aparece cuando hablamos de personas migrantes pobres (no de defraudadores fiscales o de construcciones en rústico); y, por supuesto, la inevitable correlación entre inseguridad e inmigración (desmentida por las cifras oficiales, que señalan una estabilización de los delitos pese al fuerte incremento de la población migrada).
También se ha repetido en demasiadas ocasiones que la regularización implicará una mayor presión poblacional y una saturación de los servicios públicos, olvidando que las personas que se beneficiarán ya viven aquí (no 'entre nosotros', porque son nosotros), y que la obtención del permiso de residencia sólo les abre la puerta para escapar de situaciones de clandestinidad, exclusión e incluso de explotación. ¿No será que, a pesar de negar que su discurso sea ideológico, lo que realmente quieren es mantener una mano de obra barata y sumisa, sin posibilidades de prosperar ni desarrollar un proyecto de vida digna? Sí, lo que el Gobierno defiende también es ideología, y desde EAPN defenderemos siempre a aquella que antepone los derechos de las personas a cualquier otra consideración.
Y pese al absoluto desacuerdo con su posicionamiento, acabaremos dándoles la razón en algo: la integración no se decreta. Cierto, no basta un papel para garantizarla, pero sin ese papel es imposible alcanzarla. En otras palabras, sin una situación administrativa regular no se puede trabajar (en el mercado normalizado, se entiende), no se cotiza (aunque sí se pagan impuestos, como el IVA), no se puede acceder a una vivienda digna (pruebe a ir a alquilar un piso sin una nómina) ni, en definitiva, se pueden ejercer los derechos fundamentales.
Por tanto, bienvenido sea este decreto, que beneficiará tanto a las personas que puedan regularizar su situación administrativa como al conjunto de la sociedad. Eso sí, debemos seguir exigiendo el fortalecimiento de los servicios públicos, y no sólo para garantizar que el proceso llegue a todo el mundo que tenga derecho, sino para reforzar su papel de garante de la igualdad de oportunidades y seguir avanzando hacia la erradicación de la pobreza y la exclusión social.