Y Palma, ¿para quién es prioritaria?

Hay una palabra que ha hecho fortuna en la política mallorquina. Vox la llama “prioridad nacional”. El PP habla de la “gente de aquí”. Coalición por Mallorca convierte la antigüedad de residencia en filtro para poder abrir un negocio e, igual que los anteriores, culpabiliza a las personas migradas de la saturación o, sencillamente, las criminaliza. Todo ello, en un contexto coronado por la crisis de Ceuta, en el que han proliferado los mensajes y las acciones de odio.Si este mismo junio el PP titubeaba ante Vox para aplicar este criterio a las ayudas y a la vivienda, el Gobierno balear finalmente ha asumido estas tesis: el 3 de agosto Prohens anunció, a cara descubierta, que las 323 VPO de Sant Ferran exigirán quince años de residencia legal en Baleares. La secundaba Llorenç Galmés, presidente del Consell, igualmente entregado a la xenofobia institucional. La política social y la económica se convierten, para ellos, en políticas de pertenencia.En Palma, los prejuicios se han transubstanciado en un panecillo puesto sobre la mesa del debate público. El propietario de un bar emblemático busca relevo por jubilación y ha lamentado en un diario que los únicos interesados… son chinos. ACHINIB –parafraseando a Gustav Mahler: “La tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego”– nos reclamó volver a la sensatez: el emprendimiento depende del compromiso, no del lugar de nacimiento. Pretender cortar un panecillo con el DNI y rellenarlo de prejuicios no es un plato de buen gusto para una sociedad abierta como la nuestra.No todos los que juegan con esta idea son iguales, a pesar de que el mecanismo sea parecido: jerarquizar derechos según origen o antigüedad. Aliança Catalana anuncia desde sus altavoces propagandísticos políticas que beneficien “a los catalanes, no a los extranjeros”. Aprovecha la confusión y el trauma post-Procés para reconvertir el soberanismo en un cantonalismo ultraexcluyente: la teoría nacional puesta al servicio de levantar fronteras y alimentar (todavía más) los odios. De nuevo, reforzar las esencias soberanistas y soñar con la independencia como antídoto de todos los males –obsesión de un alcaldable de nuestro ámbito local inmediato– corre el riesgo de volver a situar la identidad en el centro del debate. Sin equipararlo a las políticas trumpistas del 'America first', Palma necesita menos discusiones sobre quiénes somos y más respuestas sobre cómo vivimos.Estas políticas reformulan peligrosamente la lucha de los últimos contra los penúltimos. El vecindario de toda la vida de Son Gotleu y el migrante que llegó hace seis meses no son adversarios naturales. Comparten salarios insuficientes, alquileres imposibles y servicios tensionados. Hacerles competir entierra el debate de la especulación, la turistificación extractiva, la vivienda pública desmantelada y una precariedad agudizada. Si separamos a los mallorquines ‘buenos’ de los migrantes ‘malos’, en vez de visibilizar a los trabajadores, sustituimos el conflicto social por el identitario y el objetivo de los excluyentes –da igual si son rojigualdos, gonelles o estelados– queda logrado. La historia sirve de advertencia, no siempre de equivalencia: la Volksgemeinschaft nacionalsocialista definía una “comunidad nacional” a partir de la raza y la etnia y excluía violentamente de ella a los ajenos. Comparar los partidos identitarios actuales con el III Reich es inexacto; el precedente, sin embargo, recuerda el peligro de una lógica en la que la filiación nacional gradúa los derechos si aceptamos una ciudadanía jerarquizada.La imagen ciudadana más dura del verano: los niños, enfermos y personas mayores que han vivido un segundo confinamiento doméstico a causa de una ola de calor perpetua porque en la calle no han encontrado sombra ni un refugio cercano. La soledad no deseada y la pobreza energética ante las temperaturas extremas deben ser ya objeto de programas específicos en Palma. Una ciudad también se mide por la posibilidad de salir, sentarse, encontrar a alguien, hacer comunidad y envejecer sin quedar recluido ni morir solo. Hay otra política: trabajar las causas materiales. En Nueva York, el alcalde Mamdani ha puesto el coste de la vida en el centro: congelación de los alquileres regulados de cerca de un millón de viviendas, 200.000 nuevas viviendas asequibles y 200.000 preservadas, mejoras en los autobuses y pasos hacia la guardería gratuita. En Barcelona, el socialista Collboni no renovará las 10.101 licencias de pisos turísticos cuando expiren en noviembre de 2028… ¡y sin preguntar dónde nació el inquilino!Proteger a los residentes no es hacer castings. Es hacer posible el derecho a la ciudad para que quienes vivimos o trabajamos en ella no seamos expulsados. Y por eso, mientras Jaime Martínez se desgañita por abolir los derechos humanos en Ceuta, Palma es la gran ausente. Movilidad deficiente, suciedad, mantenimiento insuficiente, refugios climáticos inexistentes, participación vecinal perseguida, servicios que no crecen al ritmo de las necesidades y proyectos que se eternizan entre anuncios y concursos de ideas que tanto entretienen a nuestro alcalde: de profesión, especulador; de vocación, arquitecto iluminado.Es aquí donde el PSOE de Palma, sin ninguna patente de virtud y con la dosis necesaria de autocrítica –hecha de manera adulta, no desde una soporífera tertulia de sofá–, debe plantear unas prioridades diferentes de las actuales. La diferencia es el criterio: universalidad de los derechos, redistribución de la riqueza, regulación de los mercados y mejora material de la ciudad. La prioridad no debe construirse sobre el pasaporte ni los años del padrón. Debe ser poder pagar nuestra casa, llegar puntual al trabajo, caminar por una calle limpia, encontrar sombra, tener servicios dignos y envejecer acompañado. Mientras unos discuten quién es más mallorquín, nosotros plantearemos qué necesita antes que nada cualquier persona que vive en Palma. Esta es la distancia entre prioridad nacional y prioridad ciudadana. Y, entre ambas, nuestra ciudad necesita que alguien vuelva a elegir Palma.