No era el catalán
PalmaEn las Islas Baleares faltan médicos. Y enfermeras. Y anestesistas. Y pediatras. Y ginecólogos. Faltan manos, faltan cabezas y tornos cubiertos. Hay hospitales públicos en los que no se garantizan guardias de algunas especialidades, donde no puede haber ciertas especialidades; hay centros en los que los partos se derivan porque no hay personal suficiente, y ahora hay una huelga médica anunciada que, más allá de las razones laborales legítimas, acabará engordando unas listas de espera que ahora ya desesperan a los pacientes. El diagnóstico comienza a ser grave, pero el tratamiento está pendiente.
Llegados a este punto, no es ser rencoroso –ni siquiera especialmente memorioso– recordar cuántas veces sentimos que de esta falta de médicos tenía la culpa el catalán. Que si no venían profesionales en las Islas era porque se les exigía saber su propia lengua. Que el requisito lingüístico era una barrera insalvable, una especie de muro de contención con acento abierto. Lo repetían, una y otra vez, el partido que ahora gobierna y todos aquellos que les compraban el relato sin ponerlo ni un ápice en duda.
La realidad, sin embargo, sabemos que era mucho menos épica, porque en Baleares el catalán nunca fue un requisito realmente excluyente a la sanidad pública, ni siquiera cuando lo era por ley, por la ley que aprobó el pacto de izquierdas cuando gobernaba. La realidad es que a los sanitarios se les daban años para aprender la lengua catalana y no se comprobaba si lo habían hecho. Pero el relato de "queremos buenos médicos, que curen, aunque no hablen catalán" funcionaba, como un test que se traducía en la calle. Se señalaba a un culpable cómodo, se desplazaba el debate, se hacía oposición fácil y eficiente y, de paso, se desacreditaba la lengua catalana.
No es casualidad que una de las primeras medidas del gobierno de Marga Prohens, en agosto de 2023, pocas semanas después de acceder al poder, fuera fulminar el requisito del catalán para ejercer en la sanidad pública. Quizá, incluso, fue la primera medida que tomó el actual Gobierno, como si lo quemara, como si la lengua pusiera en peligro la salud de todos. Pero con esa decisión se negaba a los pacientes el derecho a ser atendidos en la lengua propia del territorio, una de las dos oficiales –por eso conviene recordarlo–, y se vendía la idea de que, ahora sí, habría suficientemente sanitarios y buenos.
Ahora, faltan médicos y enfermeras y no es por el catalán. Es por el precio desorbitado de la vivienda, por la precariedad, por la sobrecarga asistencial, por mala planificación o porque venir a ejercer en las Islas no tiene suficientes atractivos que compensen las dificultades de vivir. Es por una gestión que no ha sabido –o no quiso– afrontar el problema de fondo. Y aquí es donde conviene recordar ese relato. Porque no sólo era falso: era muy irresponsable. Porque sirvió para negar derechos, para hacer política chapucera con un servicio esencial y para convertir la lengua en chivo expiatorio. Ahora que el silencio ha sustituido a aquellos argumentos absurdos, ahora que ya no interesa repetirlos, toca decirlo claro: nunca fue el catalán, pero no volverán atrás.