Más allá de Maricarmen
PalmaEl desahucio de Maricarmen en Madrid es el síntoma de una enfermedad crónica. El ecosistema que permite tratar la vivienda como un simple activo financiero se empezó a construir con la liberalización del suelo de la era Aznar y se alimentó después del colapso de 2008, cuando las prebendas a la banca facilitaron la venta de miles de viviendas y activos inmobiliarios a fondos buitre. Ni la intensa pero efímera indignación por el caso –erigido en símbolo– de una mujer de 87 años en silla de ruedas echada a la calle conseguirá cambiar el rumbo de la inercia especulativa.
El gobierno estatal se ha despertado y ahora quiere recuperar las medidas de vivienda que aparcó por falta de consenso. Entre estas, plantea un control estricto del alquiler de temporada, la prohibición de repercutir costes al inquilino y un refuerzo de las garantías ante determinados desahucios. Pero las competencias en vivienda están transferidas y muchas de las herramientas para intervenir el mercado dependen de las administraciones autonómicas y locales. El gobierno estatal de izquierdas proporciona herramientas para contener los precios que, en el caso de las zonas tensionadas, solo se pueden desplegar allí donde las comunidades autónomas competentes acuerden declararlas. La posición de la derecha en este sentido es clara: liberalismo puro y duro y la creencia ciega de que el mercado se regula solo. De hecho, lo hace vaciando los bolsillos del trabajador para llenar los de los rentistas; asfixiando al pobre para enriquecer a quien más tiene. Las diferentes administraciones disponen, además, de otras herramientas: desde medidas fiscales para incentivar determinados alquileres hasta instrumentos municipales como el recargo del IBI sobre determinadas viviendas vacías. También hay vías para intervenir sobre los alquileres de temporada y por habitaciones dentro del marco competencial de cada administración. En el caso de las viviendas vacías, los ayuntamientos pueden llegar a aplicar un recargo de hasta el 150% del IBI.
En Baleares, las instituciones se han negado a aplicar medidas que consideran poco menos que comunistas y lo fían todo a conseguir unas fotos de cascos en medio de unas grúas que demuestren la construcción de más viviendas, aunque el régimen en el que se vendan sea, en su mayoría, de acuerdo con las reglas de un capitalismo voraz que deja a miles de ciudadanos no expuestos al desahucio, sino simplemente incapacitados para aspirar a un techo bajo el cual dormir.