Libertad en la mallorquina
El Parlamento acaba de debatir la propuesta de restringir la compra de viviendas a los no residentes. Era una iniciativa especialmente relevante por la dramática emergencia habitacional, y también algo insólita porque, en tiempos de guerra cultural crónica, las cosas útiles y concretas no suelen interesar demasiado. El debate político hace rato que se ha desentendido de las preocupaciones y del día a día de la gente, y prefiere campar cómodamente por la estratosfera dialéctica, que viste más y no exige mucho rigor ni horas de trabajo.
Sin embargo, el debate ha durado poco. La derecha parlamentaria, en todas sus modalidades, rechazó enérgicamente la propuesta en nombre, claro, de la libertad. Como no habíamos caído...
El ínclito Sebastià Sagreras lo bordó: "No somos quienes para decirle a un particular al que debe vender su casa". Espolvorea pensar que, visto su incondicional amor por la libertad y sus probadas capacidades reflexivas, cualquier día le puede revenir que acaso tampoco son nadie para decirle a la gente cómo y cuándo deben pasar los semáforos, o cómo y cuándo deben tirar el estiércol. ¿Creemos en la libertad o no creemos en ella? ¡Nada de medias tintas, hombre!
Vivimos en un permanente himno a la libertad. A veces es Baleval –patronal de los coches de alquiler– quien se encarga de reivindicarla a ultranza. En este caso, la de ir en coche siempre y por todas partes. Gracias a su enconada defensa libertaria, el Consell gastará 1,2 millones de euros –nuestros, claro– para realizar un nuevo estudio de carga de la red viaria mallorquina, aunque en el 2024 ya se había hecho –y pagado– otro que ahora es calificado de simples 'estimaciones' insuficientes.
Así garantizamos que habremos superado la legislatura dentro de una cómoda secuencia: primero tengo que situarme, dedicaré el primer año a criticar a los anteriores, después encargaré un estudio para ganar tiempo, lo presentaré en el sector para enredar la cosa, haré un segundo estudio para confirmar si realmente hay muchos coches en Mallorca o sólo son 'estimaciones', la cosa se 'a las... Justo a tiempo: definitivamente habremos conseguido no tomar ninguna decisión. Y, por tanto, no haber importunado la 'libertad'.
También salió en valiente defensa de la libertad la plataforma 'Sí a los cruceros', que, por boca de la hiperbólica Alex Fraile, sentenció que este invierno fue "lo peor de la historia del Archipiélago". Le asiste en su cruzada desregularizadora la siempre acertada Carolina Domingo, presidenta de Pimeco, que graciosamente ha declarado: "Vivimos del turismo, nos guste o no, ya quien no le guste, que parta".
Un auténtico privilegio, vivir en esta libérrima tierra que no puede limitar el precio de los alquileres, ni regular la compra de casas, ni fomentar la equidad educativa, ni establecer un máximo de cruceristas o de coches de alquiler.
Nuestras autoridades libertarias no parecen muy preocupadas por que esta desregularización generalizada condicione el acceso de los ciudadanos a derechos fundamentales como la vivienda y la educación. Para ellos, los derechos fundamentales no van de 'libertad' –la hermana guapa–, sino de 'democracia' –la hermana incómoda–, que no es tan exquisita y preeminente y que, por tanto, no es en absoluto prioritaria.
En esto Marga Prohens &Cia se alinean con las hordas más descarnadamente postdemocráticas, como las inspiradas por Peter Thiel, el gurú de Silicon Valley que proclama que "la libertad y la democracia ya no son compatibles". Talmente: su idea de progreso exige que las mayorías no interfieran en los planes de las élites emprendedoras. Primero, la libertad de quienes pueden permitirse. La equidad y la igualdad de oportunidades tendrán que esperar.
Sin embargo, la presidenta Prohens, siempre sensible al hecho diferencial balear, introduce un factor innovador en este sugerente juego de libertades asimétricas: el uso de la lengua propia.
En Baleares no le podemos decir a nadie cómo desplazarse, a qué escuela debe ir, qué puede hacer en suelo rústico, ni a quién debe vender las casas. Cosas de la libertad. Pero poder usar la lengua del país en la consulta médica, o en una tienda de bricolaje o de pollos, es otra cosa. Aquí sí que podemos decirle a la gente en qué lengua debe hablar. Y a veces de muy malos modos.
La presidenta da todavía un paso más y, en un triple mortal, acaba regañando a quienes se atreven a denunciar la discriminación lingüística: "No se puede señalar un negocio por el simple hecho de no saber hablar en catalán".
Por si Dª. Prohens se nos ha despistado, nada más aclararle que las denuncias nunca se han producido porque en el negocio "no hablen en catalán", sino porque han negado el derecho del cliente a hablar en su lengua en su tierra y le han exigido hablar en castellano para ser atendido. Ep, justo por si no había reparado, sra. presidenta.