De la ley al compromiso, 40 años de la Ley de normalización lingüística
40 años después de la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística (LNL), podemos afirmar que la lengua catalana en las Islas Baleares no sufre por falta de leyes, sino por falta de voluntad política. Esta es la idea central que emerge cuando analizamos el recorrido de una herramienta que, en su momento, fue imprescindible. Aquella norma estableció el marco legal necesario para hacer efectiva la oficialidad del catalán y permitió avances innegables en ámbitos como la administración, la educación y los medios de comunicación. Pero, sobre todo, nació de un consenso político unánime que hoy, cuatro décadas después, parece casi un milagro. Un consenso político que fue acompañado de un movimiento cívico, encabezado por la OCB y que reclamaba un marco legal de regulación y protección para la lengua catalana del cual ya disponían otros territorios y otras lenguas del estado español.
Con el paso del tiempo, se ha hecho evidente que la dificultad no radica en la ley misma, sino en la manera como se ha aplicado. Demasiadas veces, su despliegue ha sido tímido, desigual o incluso inexistente. Desde laOCB, insistimos en que la política lingüística que deben asumir las instituciones públicas no es una opción, sino una obligación derivada del Estatuto que no se puede eludir.
El contexto actual aún complica más la situación. El modelo económico basado en el monocultivo turístico y los cambios demográficos constantes han generado una presión enorme sobre la lengua propia. Sin políticas de acogida lingüística valientes, el catalán queda desprotegido en su propio territorio. Ante esta realidad, las propuestas existen, como las 50 medidas para la sostenibilidad lingüística impulsadas por la OCB, pero falta lo más importante: voluntad política de aplicarlas.
A todo esto se añade un cambio preocupante en el panorama político. La derecha ha ido asumiendo postulados cada vez más alejados del consenso lingüístico histórico, que permitió la aprobación de la LNL, a menudo condicionada por una extrema derecha que ha convertido la lengua en un campo de batalla ideológico. El resultado es una utilización partidista del catalán como moneda de cambio, en lugar de convertirlo en un elemento de cohesión y de identidad compartida entre la población autóctona y la avalancha de población recién llegada. En este escenario, se hace más necesario que nunca reconstruir grandes consensos y plantar cara, sin complejos, a los discursos de odio que pretenden dividir la sociedad.
La educación es uno de los frentes más sensibles. El modelo lingüístico vigente, que ha funcionado durante décadas con el catalán como eje vertebrador, ha sido objeto de ataques recurrentes; desde planes de segregación lingüística hasta intentos de judicialización para imponer cuotas de castellano en las aulas. A pesar de que estas iniciativas no han prosperado, el verdadero problema es la relajación en el cumplimiento de los proyectos lingüísticos en los centros educativos y la falta de diligencia por parte de la inspección educativa, a la hora de hacerlos cumplir. Sin control ni exigencia, el modelo se debilita desde dentro.
Finalmente, reaparecen debates que parecían superados, como el de la denominación de la lengua. El nombre de catalán había gozado de un amplio consenso social y académico, pero hoy vuelve a ser cuestionado por sectores que utilizan el secesionismo lingüístico como herramienta política y ya sabemos que más que una controversia real, es el síntoma de una estrategia que pretende fragmentarla y debilitarla.
En definitiva, el futuro del catalán en las Illes Balears no depende tanto de reformar las leyes existentes como de la capacidad de hacer cumplir las que ya tenemos. Sin voluntad política, sin recursos y sin consensos amplios, cualquier marco legal es insuficiente.