Gracias, Maricarmen
Maricarmen tiene 87 años y hacía más de setenta que vivía en el mismo piso del barrio del Retiro, en la capital del Reino. Hace poco más de una semana la Policía la sacó de su casa, en el cuarto intento, mientras cientos de vecinos y vecinas intentaban detenerlo. El piso había pasado a manos de un fondo de inversión que le quería cobrar un alquiler imposible para una pensión de 1.450 euros. En principio, nada nuevo: en el Estado se hacen decenas de miles de desahucios cada año, y las Islas Baleares somos la comunidad con la tasa más alta de desahucios por alquiler, muchos de ellos de personas mayores con pensiones mucho más bajas que la de Mari Carmen. La diferencia es que esta vez el país lo ha visto, y ha llegado una reacción que, dada la situación de emergencia habitacional, ha tardado.
Pero ha llegado, y ya era hora. Desde el 15-M y las luchas de la PAH, que habían puesto en el centro el derecho a la vivienda, el relato dominante había dado un giro perverso (y patrocinado): de la indignación por los desahucios habíamos pasado al cuento de la ocupación, la inquiocupación y el sagrado derecho a la propiedad privada. Tertulias, titulares y campañas electorales se han llenado de ocupas, alarmas y empresas de desocupación, mientras los desahucios reales, silenciosos y legales, sucedían cada día sin hacer ruido. Mari Carmen ha cambiado este marco de golpe: la gran amenaza no es el ocupa, es el fondo buitre.
Ya he dicho otras veces que sin un hogar no hay proyecto de vida posible: no hay arraigo, ni estabilidad laboral, ni escolarización tranquila de los hijos, ni una vejez digna, ni emancipación de la juventud. La vivienda es hoy el derecho que condiciona el acceso a todos los demás. Lo defendimos hace unos meses desde el Foro de la Sociedad Civil en la comisión mixta Congreso-Senado sobre insularidad, con datos de las Islas en la mano: precios disparados tanto de alquiler como de compra ante una sociedad donde más de la mitad de las personas asalariadas no llegan a los 18.000 euros anuales, mientras que una de cada tres casas no es residencia habitual; más de 13.000 jóvenes formados aquí que viven fuera... ¿Quién se puede emancipar así? ¿Quién puede pensar en tener hijos?
El caso Mari Carmen ha hecho lo que no habían conseguido años de informes y datos: que los políticos hayan pisado el acelerador. Esta misma semana el Consejo de Ministros ha aprobado dos decretos que alargan la protección ante los desahucios de personas vulnerables, prohíben durante unos años las compras de fondos buitre y prorrogan automáticamente los contratos de alquiler. Son medidas insuficientes, pero habrían supuesto algún paso adelante si hubieran superado la convalidación en el Congreso, y sobre todo rompen una inercia histórica. Medidas o propuestas que no han caído del cielo: las ha arrancado una movilización masiva, con un liderazgo claro de los sindicatos de inquilinas e inquilinos, que han llenado las calles y han acampado en la Puerta del Sol en Madrid y en muchas otras ciudades. ¡Organización, no caridad!
No es un fenómeno solo nuestro. Hace pocos días, en Berlín, Die Linke se ha convertido en la primera fuerza con una campaña centrada en la vivienda: congelación de alquileres y expropiación de los grandes tenedores, como ya había votado la ciudadanía en referéndum en 2021. Entre los menores de 35 años arrasó. Cuando la izquierda habla de las condiciones materiales de vida de la gente, la gente le escucha.
Porque la cuestión de fondo es esta: dejar la vivienda en manos del mercado no es neutralidad, es una decisión política. Es hacer política a favor de los que tienen más, de los que acumulan pisos y hacen de ellos un activo financiero. En Baleares hay miles de viviendas en manos de propietarios con más de cien casas, mientras que el Ibavi gestiona unas 2.500 y la rebaja del impuesto de patrimonio ha dejado de recaudar cientos de millones que ahora no tenemos para hacer política de vivienda. El mercado no reparte según la necesidad, sino según la capacidad de pagar. Por eso hay que desmercantilizar: parque público de alquiler, banco de suelo, tanteo y retracto, vivienda cooperativa, límites reales al alquiler turístico y declarar zona tensionada un territorio que sobradamente lo es.
JuntsxCat ha quedado retratado, como lo ha estado también la extrema derecha, bastante descolocada con la movilización contra sus verdaderos amos, los especuladores. Abascal tuiteó que “si se llamara Morocarmen, tendría casa”. La frase es falsa, porque las personas migradas son de las más castigadas por la crisis de la vivienda; y sobre todo es repugnante, porque utiliza el dolor de una mujer mayor para avivar el odio irracional. Pero también es reveladora. Mari Carmen no ha perdido su casa por culpa de ningún migrante, sino de un fondo de inversión y de unas leyes que les dejan actuar. La extrema derecha señala a los de abajo para que los de arriba, continúen intocables; defiende los intereses del capital especulativo y los disfraza de patriotismo. De momento, ganan ellos sin tener que gobernar, pero gracias a Maricarmen a partir de ahora no lo tendrán tan fácil.