Fraudes electorales
Siguiendo las correspondientes consignas de sus jefes de filas madrileños, Vox de las Baleares y parte de la órbita del PP intentan extender la sombra de la sospecha de fraude electoral sobre las elecciones del 29 de noviembre. Previsiblemente esta campaña de desinformación irá en aumento a medida que se acerquen las fechas de los comicios, y los jefes del PP y Vox han dejado clara la solidez de los argumentos. Feijóo: “Fui presidente de Correos y no confío en los directivos de Correos”. Abascal: “Esta gente [Pedro Sánchez y los socialistas] ya sabemos que somos capaces de cualquier cosa”. Incluso a la hora de esparcir mentiras, Feijóo no puede evitar volver a demostrar su agotadora mediocridad, y Abascal, su pereza.
Lo más grave hasta ahora ha sido la decisión del Tribunal Supremo (el ‘tribunal bueno’ de la derecha española, en contraposición con el Constitucional, que para ellos se ha convertido en el ‘tribunal malo’ desde que no tienen mayoría) de dejar sin derecho a voto a los 163.020 descendientes de exiliados que habían sido nacionalizados por aplicación de la disposición adicional octava de la ley de memoria democrática del gobierno español (esa con la cual se excusó Marga Prohens para derogar la ley de memoria histórica de las Baleares, obedeciendo las órdenes de Vox). El hecho es extremadamente grave porque supone una vulneración flagrante, perpetrada desde un alto tribunal del Estado, contra el primer derecho de toda democracia, el más básico y esencial, que es el derecho a voto. La ley de memoria democrática entró en vigor en octubre de 2022, de modo que estas personas ya habían votado con plena legitimidad en las elecciones de 2023 (municipales, autonómicas y generales) y en las de 2024 (europeas). Probablemente algunos, o muchos, de ellos votaron al PP o a Vox. Ahora no podrán hacerlo, porque el Supremo (y también Vox y la entidad ultraderechista Iustitia Europa) sospecha que son todos ‘sanchistas’.
El PP no se había inquietado nunca por ningún supuesto fraude electoral, y si ahora lo hace, es por el mismo motivo que el PP lo hace todo desde hace unos años: porque Vox le exige que lo haga. También pesa la ininterrumpida imitación del trumpismo que la derecha españolista estafa a cada paso. Trump llegó a instigar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 con la idea de que le habían “robado” las elecciones, y ahora intenta vender la misma falacia ante la más que posible castaña electoral que se puede llevar en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. Pues si Trump lo hace, y Milei lo imita, Feijóo y Abascal no quieren quedarse atrás. Y Prohens y Cañadas, tampoco.
En cualquier caso, es curioso que se intente vender esta mercancía averiada en una democracia como la española, donde fallan tantas cosas pero no, justamente, los mecanismos de voto. Ha habido casos de intentos de fraude electoral, pero han sido escasos y puntuales. Si hablamos de Mallorca, o de las Baleares, nos tenemos que remontar a los años ochenta, cuando en sa Pobla votaron personas muertas y el entonces alcalde Jaume Font fue condenado por este motivo. O a finales de los noventa, cuando, en el contexto del llamado caso Mapau, se produjo un tosco intento de empadronar a descendientes latinoamericanos de mallorquines para hacerles votar en Formentera (aquí la justicia actuó como toca y no apreció delito en las maniobras de los investigados, entre los cuales estaba el entonces presidente Matas). Sí: las pocas veces que ha habido intentos de fraude electoral en Mallorca han estado a cargo de personajes tan mediocres que ya nadie piensa en ello ni se acuerda.
