La continuidad residencial: el patrimonio invisible que también debemos proteger

Durante décadas hemos aprendido que hay cosas que una sociedad debe proteger, porque forman parte de su patrimonio colectivo. Protegemos el paisaje, el litoral, los espacios naturales, el patrimonio histórico y la biodiversidad porque entendemos que su valor va más allá del interés particular de cada uno.

Pero hay otro patrimonio, mucho menos visible, del que casi no hablamos: la capacidad que tiene una comunidad de continuar viviendo en su propio territorio.

A este patrimonio lo llamo 'continuidad residencial'.

Hay continuidad residencial cuando la gente que hace vida en un lugar puede imaginar también su futuro. Cuando un joven no tiene que marcharse a la fuerza. Cuando una familia puede arraigar. Cuando los padres, los hijos y los abuelos no quedan separados solo porque vivir cerca se ha convertido en un lujo.

Por eso no es solo una cuestión de vivienda. Es una cuestión de sociedad.

Cuando esta continuidad se rompe, no solo hay jóvenes que tienen que marcharse o familias que no pueden emanciparse. También se debilita una estructura mucho más valiosa y mucho menos visible: la infraestructura social.

A menudo pensamos que las infraestructuras de un territorio son las carreteras, los puertos, los hospitales y las escuelas. Pero existe otra infraestructura igual de esencial. Es la que forman los abuelos que pueden ayudar a criar a los nietos, los hijos que pueden cuidar a los padres cuando se hacen mayores, los hermanos que viven cerca, los vecinos que se conocen y se ayudan, los comercios de confianza, los clubes deportivos, las entidades culturales y las escuelas que mantienen viva una comunidad durante todo el año.

Esta infraestructura no se construye con cemento. Se construye con tiempo, estabilidad y arraigo. Necesita décadas para hacerse fuerte y muy poco tiempo para deteriorarse.

La continuidad residencial es lo que permite que esta infraestructura social pueda existir.

Por eso, no es una cuestión de izquierdas o de derechas. Es una cuestión de comunidad. Nos afecta a todos, porque todos querríamos que nuestros hijos pudieran vivir cerca, que nuestros padres pudieran envejecer rodeados de familia, que los pueblos mantuvieran vida durante todo el año y que nadie tuviera que renunciar a sus vínculos porque ya no puede permitirse vivir allí donde siempre ha vivido.

La crisis de la vivienda ha hecho visible este problema, pero el reto es más profundo. La vivienda no es solo un techo. Es la infraestructura física que permite que exista la infraestructura social de una comunidad.

Sin vivienda accesible para la población residente, la comunidad se fragmenta. Las familias se dispersan, los jóvenes retrasan o abandonan su proyecto de vida, los trabajadores esenciales tienen dificultades para quedarse y muchos pueblos pierden vida cotidiana.

Las Baleares siempre han estado abiertas al mundo. Esta apertura forma parte de nuestra historia y de nuestra prosperidad. Pero una cosa es abrirse e incorporar nuevas personas, nuevas ideas y nuevas oportunidades, y otra muy diferente es que el mismo éxito económico del territorio acabe expulsando a aquellos que lo sostienen cada día.

Durante siglos, muchas personas han emigrado, porque en sus lugares de origen no encontraban oportunidades. Hoy, en Baleares, hay jóvenes y familias que se van, no porque les falte trabajo o futuro, sino porque no encuentran un lugar donde vivir. Esto dice mucho del momento que vivimos.

Proteger la continuidad residencial no significa excluir a nadie. Significa garantizar que la comunidad que ha construido, sostiene y da vida a este territorio pueda seguir formando parte de él.

Significa proteger a los maestros que educan a nuestros hijos, a los profesionales sanitarios que nos cuidan, a los comerciantes que mantienen abiertos los pueblos, a los trabajadores que hacen funcionar la economía y a las familias que transmiten una forma de vivir construida durante generaciones.

Una sociedad no es rica solo porque genera más renta. También lo es cuando permite que las personas no tengan que renunciar a la familia, a los vínculos y a su comunidad para poder seguir viviendo en ella. Esta es, tal vez, una de las formas más discretas y más profundas de prosperidad.

Quizás ha llegado el momento de entender que la continuidad residencial también es un bien colectivo. Igual que protegemos el paisaje, porque forma parte de nuestro legado, también debemos proteger la comunidad que le da vida.

Porque una isla no es solo la tierra que heredamos. Es también la gente que vive en ella, que trabaja, que educa a los hijos, que cuida a los padres y que mantiene abiertas las escuelas, los comercios, las entidades y los servicios públicos.

La pregunta, por lo tanto, ya no es solo qué paisaje queremos dejar a nuestros hijos. Es también qué comunidad queremos que siga habitando este paisaje.

Porque un paisaje se puede conservar durante siglos. Una comunidad, en cambio, se puede perder en una sola generación.