Los vecinos llevan a los tribunales al Ayuntamiento de Manacor por autorizar un club de playa en Cala Mendia

ManacorDavid contra Goliat o cómo organizarse desde la acción ciudadana contra una construcción que los vecinos consideran una nueva agresión al paisaje costero manacorí. “Si el puente de Portocristo llegó a caer por una licencia mal dada, esto quizás también”, dice Miquel Àngel Riera, el vecino de la playa de Cala Mendia que encabeza una demanda conjunta contra la construcción de un club de playa para casi 300 usuarios, que hace unos meses empezó a crecer por sorpresa ante su terraza.

Los vecinos, que han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Manacor, sostienen que la licencia contradice las normas urbanísticas aplicables y alertan de un impacto elevado sobre el entorno, el tráfico y la convivencia.

Los primeros movimientos en el solar los detectaron hace aproximadamente dos años. A pesar del típico cartel fluorescente de 'Se vende', el terreno había estado sin construir. “La Sala siempre nos había dicho que tenía una edificabilidad muy baja y un retranqueo importante, y que no era atractivo para edificar en él”. Las posibilidades eran tan restrictivas que, según explica, la inversión no compensaba. “Por eso nos ha sorprendido tanto que ahora el Ayuntamiento haya concedido una licencia para algo así de impactante”.

La licencia de actividad prevé 61 plazas interiores y 223 exteriores, con un gran espacio al aire libre con piscinas y, según explican los afectados, posibilidad de música, copas y baile. “La masificación, el ruido y el impacto visual en una zona ya tan tensionada como Cala Mendia será impresionante”, explica Riera, quien afirma que el acceso a la zona y la situación de aparcamiento hace años que colapsan el lugar durante los meses de verano y hasta bien entrado octubre. “Calcula que una instalación para casi 300 usuarios podría implicar, como mínimo, unos 150 coches de clientes, además de los vehículos de los trabajadores”.

Además de los ruidos y los problemas de convivencia, los vecinos auguran una pérdida de valor de las propiedades, propiciada por el gran impacto visual que la construcción ya tiene, sobre todo a pie de playa. Son unas obras grandes y visibles, en un entorno con una actividad constructiva intensa: en Cala Mendia también se amplía un hotel en la misma calle y la urbanización del complejo turístico de Punta Reina. A esto se añade la puesta a la venta de 159 chalets adosados sobre la torrentera del Estany d’en Mas, tan solo unos cientos de metros más allá.

“Soy abogado, aunque no especializado en cuestiones urbanísticas, pero considero contradictorio permitir una instalación así mientras se retiran chiringuitos de playa y se habla de limitar la masificación. Por eso también me gustará ver cómo la defensa argumenta que la licencia está bien dada. Tenemos un máximo respeto a la Justicia, por eso acataremos la decisión, pero se nos hace sospechoso”.

De hecho, los vecinos demandantes han recurrido a un abogado especialista y a un arquitecto para revisar toda la documentación disponible. Según explican, ambos han detectado presuntas irregularidades en la base urbanística empleada para conceder la licencia. “Con el Plan General vigente [aprobado a finales de 2021] este club de playa no se habría podido construir, porque la zona tan solo admite uso residencial. La ley también dice que, mientras los planes generales están a exposición pública, como era el caso, se debe aplicar la normativa más restrictiva a la hora de conceder una licencia… y tampoco ha sido así”, critica Riera.

Según el relato de los afectados, el proyecto del club de playa de Cala Mendia, presentado por una promotora ibicenca, se tramitó durante un periodo breve en el que volvieron a estar vigentes las normas subsidiarias, antes de la aprobación del planeamiento definitivo de Manacor. “Aprovecharon aquel momento para solicitar y obtener la licencia municipal”.

El artículo 167 y la definición de local abierto

La demanda presentada por los vecinos se basa sobre todo en el artículo 167 de las normas subsidiarias aplicables en aquel momento a la zona. Según exponen los demandantes, el artículo admite el uso público en todas las categorías y situaciones, excepto en locales abiertos. Los afectados sostienen que un club de playa es, por definición, un espacio abierto. “El proyecto estipula que habrá 223 plazas exteriores y 61 interiores, y está claro que todas estas cristaleras que ahora instalan después se abrirán completamente, así que solo los baños y las cocinas quedarían cerrados”.

El Ayuntamiento y el promotor defienden que las normas subsidiarias de los años 80 —que, según el relato de los afectados, volvieron a entrar en vigor durante la exposición pública del nuevo planeamiento, el año 2021— no definían exactamente qué era un local abierto o cerrado. “Me sorprendería mucho que una sentencia calificara un club de playa como local cerrado”, afirma Riera.

Dudas sobre la concesión y precedentes

Riera cuestiona que los técnicos municipales no detectasen el artículo 167 ni la posible incompatibilidad del proyecto. Tampoco comprende que, según explicó el Ayuntamiento en una reunión con los afectados, la licencia requiriese muchas reuniones antes de autorizarse. Para él, estas reuniones apuntan que había dudas sobre la operación: “Una licencia clara no necesita tantas deliberaciones”.

“Todos conocemos precedentes de licencias en Mallorca que han tenido que ser anuladas después en los tribunales”. Riera cita el polémico puente de Portocristo, que tuvo que ser derribado por incumplimiento de la normativa en 2011, después de solo siete años. “Si cayó el puente, que además era de promoción pública, bien puede caer este edificio”.

“En Cala Mendia hay construcciones que hoy serían imposibles de hacer por la existencia de una franja verde y por los retranqueos respecto de la playa que estipula el mismo Ayuntamiento de Manacor”, dice Miquel Àngel Riera desde su balcón, desde donde ya no puede ver la playa a causa de la estructura del ascensor proyectado por el club para bajar a las terrazas del nuevo establecimiento.

Antes de presentar la demanda, los vecinos pidieron al Ayuntamiento la revisión administrativa de la licencia, “pero no recibimos ninguna respuesta”. Era la oportunidad para que el Consistorio revisase la autorización antes de llegar a los tribunales. Ante el silencio municipal, afirma Riera, no les quedó más remedio que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

“Todavía no hay fecha fijada para el juicio. Pero seguro que la parte que pierda recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia”. Riera calcula que las obras pueden estar terminadas dentro de tres, cuatro o cinco meses. “Con los recursos, el litigio podría alargarse cuatro o cinco años. Durante todo este periodo, los vecinos tendremos que convivir con la instalación y las molestias”.

Si los tribunales terminasen anulando la licencia y ordenasen derribar la obra, “entonces el promotor podría reclamar daños y perjuicios al Ayuntamiento, cosa que repercutiría finalmente sobre todos los manacorins”, concluye Riera mientras mira desde la playa el panorama de unas obras que avanzan rápidamente. Los obreros han tapado con telas el gran grafiti de letras rojas contra la construcción y la masificación hecho solo unos días antes.

El Ayuntamiento de Manacor sostiene que no puede hacer nada al respecto. El hasta ahora alcalde, Miquel Oliver, apuntaba la semana pasada que la licencia del proyecto había seguido todos los procedimientos legales y que no se podía actuar de otra manera. En una reunión reciente de los afectados con la concejala de Urbanismo, Núria Hinojosa, y el técnico del área, Pedro Puche, los responsables municipales “fueron atentos y dijeron que lo sentían, pero tampoco dieron más soluciones”, según explica Riera.