Prohens descarta limitar la compra de segundas residencias si afecta a los baleares
La presidenta defiende que "un mallorquín pueda comprar una vivienda para dejársela a sus hijos"
PalmaLa presidenta del Govern, Marga Prohens, ha descartado este martes la posibilidad de limitar la compra de segundas residencias si afecta a los ciudadanos baleares. Este posicionamiento supone de facto cerrar la puerta a una de las principales medidas que ha propuesto la Comisión Europea para afrontar la crisis de vivienda.
En respuesta a una pregunta parlamentaria del líder de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, Prohens ha rechazado que las medidas que se aprueben en la Unión Europea "recaigan sobre las espaldas de las familias de las Islas". "Lo que nos está diciendo es que no quiere que un mallorquín pueda comprar una vivienda para dejársela a sus hijos", ha espetado al ecosoberanista: "Eso es lo que está estudiando la UE, no hay una decisión tomada".
Prohens ha asegurado que el Gobierno "analizará" la propuesta de la Comisión, que debe iniciar la tramitación en las instituciones europeas. Pero aunque el Gobierno dio a entender el pasado viernes que estaría dispuesto a limitar la compra de segundas residencias a personas de otras nacionalidades, esta opción hoy por hoy es de difícil aplicación en la UE, porque uno de sus principios fundacionales es que no se hagan distinciones entre europeos.
Apesteguia ha advertido que presentará de nuevo su proposición de ley para limitar la compra de viviendas, que el pasado mes de febrero naufragó en el Parlamento por el voto en contra del PP y Vox. Considera que estas medidas ganan fuerza porque están "avaladas por la Comisión Europea", y ha pedido celeridad en la aplicación. Por su parte, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha defendido que la limitación "es perfectamente viable": "Si votan en contra es porque no quieren establecer esta regulación".
El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha acusado al Gobierno de engañar a la ciudadanía diciendo que estudiará la propuesta cuando ya sabe que no está de acuerdo con ella. A su entender, el Gobierno no aplica medidas "por ideología". En el mismo sentido, ha recordado que el eurodiputado Borja Giménez Larraz ya se mostró contrario a la propuesta de la Comisión Europea: la consideró "una decepción".
Reivindica la prioridad de los residentes en la vivienda pública
Apesteguia ha asegurado que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, ha explicado que del parque de 540.000 viviendas en las Islas hay 215.000 que son segundas residencias. También ha recordado que en marzo de 2023 la comisaria europea de Vivienda respondió a una pregunta de la eurodiputada mallorquina del PP Rosa Estaràs asegurando que era factible restringir la adquisición de bienes inmuebles por parte de europeos no residentes "por motivos imperiosos de interés general".
Prohens le ha respondido que el Gobierno tramita "10.000 viviendas asequibles y 1.500 nuevas viviendas públicas" y, además, restringe los pisos de promoción pública a los ciudadanos que acrediten entre 7 y 18 años de residencia en las Islas, en función del municipio.
El PP pide la dimisión de Pedro Sánchez
El pleno del Parlamento también ha aprobado una iniciativa del PP para dar apoyo a Ceuta. Durante el debate de la iniciativa, la popular Cristina Gil ha pedido la dimisión del presidente español, Pedro Sánchez, y que se convoquen elecciones. "Tiene que asumir las consecuencias políticas", ha defendido. El texto insta a España a defender en Europa que las Baleares sean tenidas en cuenta para la planificación y asignación de recursos destinados a la vigilancia fronteriza, la prevención de la inmigración irregular y las redes de tráfico de seres humanos. Con todo, el PP no ha podido añadir cambios para exigir claridad al gobierno español sobre las alertas y decisiones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las fuerzas y cuerpos de seguridad anteriores al 30 de julio: hacerlo modificaba sustancialmente el redactado y requería unanimidad de los grupos, pero el PSIB se ha opuesto.
Rechazo al hecho de que la Sindicatura de Cuentas revise la factura de Tirme
Por otro lado, el PP y Vox han tumbado una iniciativa del PSIB para reclamar que la Sindicatura de Cuentas revise la tarifa de Tirme, la concesionaria de los residuos urbanos del Consejo de Mallorca. La propuesta se sustenta en el hecho de que el mes de julio la intervención de la institución insular publicase un informe crítico con la concesión.