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PalmaLa decisión del Govern balear de crear un Bachillerato de Excelencia para los alumnos con mejores notas no es una simple apuesta por premiar el talento. Es un paso más en una dirección muy concreta, la de fragmentar la escuela, los alumnos y, como consecuencia, la sociedad futura. Separar a los estudiantes según su rendimiento académico significa asumir que el sistema educativo ha de clasificar más que integrar, y que ha de estimular la competición antes que la convivencia.

Hace décadas que la escuela pública trabaja en el sentido contrario. Lo hace con dificultades, con contradicciones y con recursos insuficientes, pero con la idea de fondo ampliamente compartida de que la educación inclusiva es una herramienta de cohesión social imprescindible. Que los niños y adolescentes han de aprender juntos, con sus diferencias sociales, culturales, lingüísticas y académicas. Que convivir también significa apoyarse, ayudarse y entender que la diversidad forma parte de la vida. Y que la igualdad de oportunidades no consiste en seleccionar a los mejores, sino en evitar que nadie quede atrás.

El Bachillerato de Excelencia va exactamente en dirección contraria. Lo que hace es institucionalizar una segregación nueva: la segregación por resultados académicos. Y esta segregación, como todas las demás, acabará teniendo una traducción social clara. Los alumnos con más apoyo familiar, más estabilidad y más capital cultural serán los que tendrán más posibilidades de acabar concentrados en estos itinerarios de “excelencia”. Los demás quedarán al otro lado.

No es un hecho aislado. Esta nueva separación llega después de otras decisiones que también erosionan el modelo de escuela y sociedad inclusiva. La segregación lingüística impulsada con la posibilidad de elegir lengua de primera enseñanza; el retorno de las zonas escolares únicas y del punto de antiguo alumno, que favorecen aún más la concentración social entre centros y que condenan las escuelas de los barrios más vulnerables a convertirse en espacios para quienes no tienen alternativas. Así, gota a gota, se va dibujando un modelo educativo más desigual, más fragmentado, menos cohesionador.

El Gobierno es plenamente responsable –y consciente– de las consecuencias de esta deriva. Tendrá que serlo. Pero también resulta preocupante que todo esto pase sin una contestación social proporcional a la gravedad de los cambios. La discrepancia entre los docentes es mayoritaria, especialmente en la educación pública, donde hace décadas que se trabaja por una escuela inclusiva y compensadora de desigualdades. Y, sin embargo, las protestas de la comunidad educativa son escasas y el debate público avanza con una extraña resignación. Esto, cuando lo que está en juego no es una simple reorganización académica. Es el modelo de sociedad que se construye desde las aulas.

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