Manacor es el primer municipio de las Baleares en solicitar ser zona residencial tensionada

PalmaManacor es el primer municipio de las Islas Baleares en aprobar y tramitar una petición formal al Gobierno para que el municipio sea declarado zona de mercado residencial tensionado, lo que permitirá aplicar “un índice de referencia individualizado por vivienda, teniendo en cuenta factores como la superficie, la ubicación, el año de construcción, el estado de conservación o si tiene ascensor o certificado energético”, entre otros, explica la delegada municipal de Urbanismo, Núria Hinojosa, lo que a su vez servirá para “detectar y corregir casos abusivos”.

Esta solicitud se basa sobre todo en un informe técnico elaborado por la Universidad de las Islas Baleares, que concluye que el municipio cumple con todos los supuestos que marca la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. Elaborado por el catedrático de la UIB Aleix Calveras Maristany, a través de la Fundación Universidad-Empresa de las Islas Baleares (FUEIB), el documento concluye que Manacor cumple de manera clara los requisitos previstos por la normativa estatal para poder obtener esta declaración.

El estudio concluye que, en la mayor parte de los escenarios analizados, el coste de la vivienda (sumando alquiler o hipoteca y gastos básicos) supera ampliamente el umbral del 30% de los ingresos de los hogares y de las personas, porcentaje que la ley fija como límite de asequibilidad. En el caso del alquiler, el informe muestra que un hogar medio de Manacor destina entre un 31,3% y un 41% de los ingresos mensuales a pagar la vivienda, según la fuente y el escenario económico analizado. En los casos individuales, los porcentajes llegan hasta el 83,1% de estos ingresos.

En cuanto a la compra de vivienda, los resultados indican niveles igualmente muy elevados de esfuerzo económico. En el caso de los hogares, el acceso a la propiedad implica destinar entre un 30% y un 39,4% de los ingresos mensuales al pago de la hipoteca y los gastos básicos asociados. En el ámbito individual, este esfuerzo oscila entre el 59% y el 78,7% de los ingresos.

Si nos fijamos en la evolución de los precios de la vivienda en Manacor, estos han crecido muy por encima del IPC de las Baleares en los últimos cinco años, otro de los criterios que prevé la ley estatal. Entre 2020 y 2025, el IPC acumulado en las Baleares ha aumentado un 23,52%, mientras que los precios del alquiler en Manacor lo han hecho entre un 42,6% y un 52,7%, según las diferentes fuentes analizadas. En el caso de la compraventa, el incremento se sitúa entre el 68,9% y el 86,3%.

Con esta iniciativa, Manacor se convierte en el primer municipio de las Islas que tramita una petición formal de estas características basada en una memoria técnica completa. Hasta ahora, otros municipios habían aprobado mociones o posicionamientos políticos. El equipo de gobierno Més-Esquerra, el PSOE, AIPC ha dado un paso más, cuando lo han aprobado este lunes por pleno municipal.

La memoria utiliza fuentes oficiales y datos administrativos para elaborar el diagnóstico, entre las cuales destacan las fianzas depositadas en el Ibavi, los datos del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI), las tasaciones oficiales del Ministerio de Transportes y los datos de renta del INE. También incorpora datos del portal inmobiliario Idealista como fuente complementaria para observar la evolución reciente del mercado.

Un 22% más de población en 10 añosEl estudio destaca que Manacor ha experimentado un crecimiento demográfico del 22% en la última década sin que este aumento haya ido acompañado de un incremento equivalente de la oferta residencial, hecho que ha acentuado la presión sobre el mercado de la vivienda.

Hinojosa recuerda que “las conclusiones son clarísimas: Manacor cumple claramente los requisitos legales que marca la Ley estatal de vivienda”, y afirma que “hemos evidenciado que existe una situación de riesgo residencial, que el acceso a la vivienda está fuertemente deteriorado y que hay una base objetiva para esta declaración”. Aunque aclara que esta herramienta “no es sinónimo de limitar precios de manera uniforme”.

En este sentido, el equipo de gobierno defiende que la declaración “no funcionará por sí sola” y reclama que vaya acompañada “de un conjunto amplio de medidas: construir vivienda pública, aumentar el suelo residencial, reforzar los mecanismos de inspección, perseguir el alquiler turístico ilegal y desplegar políticas públicas de vivienda valientes”. “Necesitamos que el Gobierno de las Islas Baleares lidere esta respuesta conjunta”, ha afirmado, y ha añadido que “también necesitamos la colaboración del gobierno de España, especialmente a través del Plan estatal de vivienda”.

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha anunciado también que el Ayuntamiento ya ha pedido una reunión institucional con el consejero de Vivienda, José Luis Mateo, y con el director general de Vivienda, José Francisco Reynés Sancho, “para explicar personalmente esta petición, tanto desde la vertiente política como técnica”. “La voluntad es clara: que esta cuestión se trate con la máxima seriedad institucional y que se responda a una realidad que ya es evidente para miles de familias de Manacor”, ha afirmado el alcalde. “Ahora ya no hay excusa para que el Gobierno balear estudie y tramite esta declaración”, ha concluido.