De las hipotecas al sector primario: así se repartirán los 160 millones del Gobierno por la crisis de precios
El Ejecutivo ha aprobado este viernes la distribución de los fondos, que complementan las ayudas del Estado
PalmaEl Gobierno ha aprobado este viernes el decreto ley para destinar 160,75 millones de euros a paliar los efectos económicos que la guerra en Irán tiene para las Baleares. Una medida que complementa las que ya ha aprobado el gobierno español y que representarán 70 millones de euros más para las Islas. De las deducciones fiscales para los hipotecados hasta las subvenciones a los sectores afectados, el vicepresidente primero y conseller de Economía, Antoni Costa, ha explicado en qué se destinarán estos recursos.
75 millones en líneas de crédito
Se activa un mecanismo de soporte a la liquidez de empresas autónomas que consiste en la movilización de 75 millones de euros en líneas de crédito, a través de la entidad financiera ISBA.
36,7 millones en ayudas directas a los sectores
El paquete incluye 36,7 millones de euros en ayudas dirigidas a los sectores económicos más afectados por el incremento de precios provocado por la guerra. Según ha explicado Costa, las ayudas tendrán en cuenta la doble insularidad de Menorca y Ibiza y la triple insularidad de Formentera. En este paquete, 13,5 millones de euros se destinarán al sector primario, y 5 millones de euros, a la transformación agraria. Además, se dedican 750.000 euros ampliables al sobrecoste del gasoil agrario y pesquero, además de 3,5 millones al sobrecoste de la alimentación del ganado, 1,5 millones al de fertilizantes, y un millón al de otros inputs agrarios. Además, se destinará un millón de euros a una nueva convocatoria de bonos para fomentar el producto local.
9,75 millones en ayudas al transporte
Se dedicarán 9,75 millones de euros a ayudas para el sector del transporte. De estos, seis millones irán a compensar el sobrecoste del transporte de mercancías y la distribución. Además, se dedican 750.000 euros al transporte discrecional; 500.000, al sector del taxi, y 2,5 millones de euros, al desguace de vehículos de transporte no privados.
13,5 millones para la industria
Se darán ayudas directas a la industria, la construcción y el comercio por valor de 13,5 millones de euros. Son partidas ampliables, tal como ha dicho Costa. Ocho millones se destinarán a los autónomos y pymes y la construcción, para compensar el sobrecoste del combustible y el incremento de precio de las materias primas. Además, dos millones de euros serán para compensar el sobrecoste de transporte de las empresas industriales exportadoras. También se destinarán 3,5 millones de euros a la convocatoria extraordinaria de bonos comerciales y alimentación.
Utilización "masiva" de la declaración responsable
Costa también ha puesto sobre la mesa una serie de mecanismos de agilización y simplificación administrativas para acelerar el reparto de los recursos. "Fue un clamor en la reunión con el sector", ha insistido. Así, ha dicho que las ayudas se harán a través de una "utilización masiva de la declaración responsable" (que reduce los controles de la Administración), y los pagos se harán a través de anticipos "para que lleguen pronto". "En dos meses, los consellers deben haber sacado las convocatorias que les corresponde y haremos los pagos lo antes posible", ha dicho. En este sentido, el decreto ley incluye programas temporales para incorporar personal público para la gestión de estas ayudas directas.
Medidas fiscales
En materia fiscal, el Gobierno prevé invertir cuatro millones de euros en total, dos para la deducción del IRPF a los contribuyentes con hipotecas variables que sufran un incremento de la cuota por la subida del Euríbor. "Se recupera una deducción que ya se hizo en 2022, 2023 y 2024 por la guerra en Ucrania", ha expuesto el consejero. También se dedicarán dos millones de euros a la bonificación de las tasas portuarias, el 50% para las empresas de servicios navieros, y el 100% para los pescadores.
En el mismo sentido, Costa ha destacado que "ninguna de las ayudas tributará en el impuesto de la renta sobre personas físicas". "Hemos aprobado una deducción en el IRPF, de manera que se anula la tributación de las ayudas que se perciban", ha expuesto.
Las licitaciones públicas, en riesgo
"Los constructores anunciaron que mucha obra pública quedará paralizada por el impacto de los gastos de construcción", ha expuesto el vicepresidente primero. "Esto podría implicar, por ejemplo, que las licitaciones de una parte significativa de las viviendas públicas que quiere construir el Gobierno podrían quedar desiertas", ha dicho. Con todo, ha lamentado que la Ley de contratos del Estado es "enormemente restrictiva" y no permite al Ejecutivo autonómico revisar los precios de las licitaciones. "Quiero pedir públicamente al Estado que haga una revisión extraordinaria de la Ley de contratos, porque en una situación extraordinaria las administraciones públicas podamos hacer una revisión del precio de carácter extraordinario", ha expresado.