El disgusto de Vox con Galmés amenaza la Ley agraria

PalmaVox bloqueó el primer intento del presidente del Consell, Llorenç Galmés, de regular la entrada de vehículos en Mallorca, pero esta vez el presidente del Consell ha obviado a su socio de gobierno y aprobará la ley con la izquierda. Una falta de "lealtad", en palabras de la portavoz parlamentaria del partido, Manuela Cañadas, que en opinión de la formación ultra, no puede quedar sin respuesta. Según ha sabido el ARA Balears, Vox estudia la posibilidad de tumbar la Ley agraria, el proyecto en el que el conseller del ramo, Joan Simonet, trabaja toda la legislatura, además de la Ley de costas, las cuales el Govern planeaba llevar al Consell de Govern de manera inminente, para asegurar la aprobación parlamentaria dentro de esta legislatura.

Según fuentes de la formación de extrema derecha, la principal represalia de Vox al Gobierno será si tumba la Ley agraria. "Es la más importante, la otra importa mucho menos", apuntan fuentes del partido. Esta norma quiere contribuir a la modernización del sector y a alinear sus prácticas con la nueva Política Agraria Común (PAC). Pero también abre la puerta a la turistización del campo, ya que permitirá a los agricultores acoger plazas de alquiler turístico. El sector agrícola y ganadero es uno de los principales graneros de Vox en el conjunto del Estado. Con todo, el partido ha encontrado más dificultades para penetrar en este sector en las Islas. Vox tiene apoyos en el sector. De hecho, el conseller insular del partido, Toni Gili, es un empresario del sector primario, que en 2025 se vio implicado en una polémica cuando se acusó a una empresa a la que estaba vinculado de explotación laboral. No obstante, el PP por ahora tiene más influencia en este sector, ya que el conseller Simonet tiene fuertes vínculos con la principal asociación agraria del territorio, Asaja.

Según ha sabido el ARA Balears, un miembro de Vox advirtió esta semana a miembros del Govern de Marga Prohens que, si tramitan ahora mismo estas leyes, votarían en contra una vez lleguen al Parlament. Con todo, días después, las fuentes consultadas del partido advierten que esta decisión no está tomada. Hay una parte del grupo parlamentario que quiere tumbar estas normas y otra que se opone. Como siempre, porque Vox es un partido de verticalidad férrea, "la última palabra la tiene Madrid", señala una fuente, en referencia a la dirección estatal del partido.

Una ley urgente para Galmés

situación delicada del vicepresidente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox)El contexto le abre esta posibilidad. Por un lado, con la aprobación de la Ley ómnibus, el PP ha dado por cerrados todos los acuerdos firmados con Vox a cambio de los presupuestos del 2025 y, por tanto, ya no tiene deudas con su socio en el Parlament. Por otro lado, la delicada situación del vicepresidente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), cuya actividad se investiga por haber hecho un presunto mal uso de los coches oficiales de la institución. Por ahora, fuentes de Vox consideran que el pacto insular de gobierno no peligra, pero este expediente abierto debilita la posición negociadora de la extrema derecha. En paralelo, MÉS per Mallorca y el PSIB ya han aclarado que apoyarán la ley, porque la limitación de la entrada de vehículos en Mallorca ha sido una exigencia de la izquierda a lo largo de la legislatura.

Vox está frontalmente en contra de esta ley, que considera inconstitucional, porque impide a los no residentes que no tengan permiso de trabajo ni sean propietarios de una casa en las Islas entrar con sus vehículos por el puerto. "No podemos aceptar de ninguna manera que se ponga una tasa a los ciudadanos españoles para entrar con su coche a Mallorca. Ningún español debe pagar una tasa para entrar en la isla", justificó el portavoz insular Toni Gili, en declaraciones a ARA Balears.