El Supremo anula el decreto contra las universidades ‘xibet’ a raíz del recurso del Gobierno
El tribunal considera que la Moncloa no justificó lo suficiente la tramitación urgente de la norma, que endurecía los requisitos para crear y mantener universidades
PalmaEl Tribunal Supremo ha anulado el decreto estatal que el año pasado reforzó las condiciones que deben cumplir las universidades para crearse y mantener el reconocimiento. La sentencia llega a raíz del recurso presentado por el Gobierno contra esta norma y deja sin efecto el endurecimiento de los requisitos aprobado por el Ejecutivo estatal en octubre de 2025. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha tomado la decisión por unanimidad, pero no porque considere ilegales o inadecuadas las exigencias que incorporaba el decreto. El tribunal centra su decisión en la manera en que se tramitó la norma: concluye que el gobierno español no justificó suficientemente que fuera necesario recurrir a la vía urgente y que esto permitió prescindir del trámite de consulta previa.
El decreto, aprobado en octubre de 2025, modificaba la regulación estatal sobre la creación, el reconocimiento y la autorización de las universidades. Entre otros requisitos, establecía que las universidades debían disponer de tres escuelas de doctorado, dedicar al menos un 5% del presupuesto a investigación y conseguir un mínimo del 2% de los recursos de investigación mediante convocatorias competitivas. También fijaba exigencias sobre la cualificación del profesorado.
Un recurso del Gobierno
El Govern balear fue uno de los ejecutivos autonómicos que llevaron la norma ante los tribunales. También lo hizo la comunidad de Madrid, además del grupo CEU y cuatro universidades extranjeras con sede en España. El Supremo ha resuelto ahora el recurso balear y, al anular el decreto, la decisión afecta a toda la regulación estatal modificada por esta norma. La resolución llega en un momento en que la implantación de nuevas universidades privadas es especialmente relevante en las Islas Baleares. El Parlamento balear aprobó este año el reconocimiento de la Universidad de Mallorca, impulsada por ADEMA, como nueva universidad privada de las Islas. El proyecto ha sido objeto de debate político e institucional durante los últimos años, especialmente por los requisitos que debía cumplir para obtener el reconocimiento y por la capacidad investigadora y económica del proyecto.
La anulación del decreto estatal no significa que desaparezcan los controles sobre la creación de universidades. El marco general continúa establecido por la normativa universitaria estatal y por las competencias de las comunidades autónomas. Lo que queda sin efecto es el endurecimiento concreto introducido con la reforma aprobada en 2025. La sentencia no entra en el debate de fondo sobre si las exigencias fijadas por el gobierno español eran demasiado elevadas o insuficientes para garantizar la calidad universitaria. El Supremo se limita a determinar que la tramitación urgente del decreto no estaba lo suficientemente justificada y que, por este motivo, la norma no se podía mantener en vigor.