El Gobierno declara estratégica la ampliación del CEU Beato Luis Belda
El Ejecutivo empleó la misma fórmula para agilizar la llegada del centro a Mallorca, lo que generó polémica por la tramitación acelerada y poco transparente
PalmaEl Gobierno ha aprobado este viernes la declaración de la ampliación del CEU Beato Luis Belda, adscrito a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, como Proyecto de Especial Interés Estratégico (PEIE), con la incorporación de la parcela situada en la calle Son Serra Parera número 3, conocida como la posesión de Son Serra Perera. Esta ampliación, integrada en el proyecto universitario que ya había sido declarado PEIE el 25 de septiembre de 2025, está pensada para completar el campus con nuevos espacios institucionales y de atención a la docencia y la investigación.
La finca de Son Serra Perera, adquirida el 5 de febrero de 2026 por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, acogerá oficinas de dirección y profesorado, una biblioteca, una sala de exposiciones y conferencias, y espacios exteriores para el alumnado, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Govern. Con la declaración como PEIE y de acuerdo con el Decreto Ley 8/2025, el uso principal de la parcela pasará automáticamente a ser docente.
Este proyecto se enmarca, según el Ejecutivo, en la necesidad estructural de profesionales sanitarios en Baleares —con envejecimiento de las plantillas, insuficiencia de personal de enfermería y presión asistencial atribuida a la insularidad y la estacionalidad— y prevé que, una vez se obtengan los informes favorables y autorizaciones pertinentes, se Fisioterapia, Psicología, Odontología y Farmacia. El Ejecutivo defiende que el incremento de plazas contribuirá a mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario ya frenar la fuga de talento joven fuera del Archipiélago.
Polémica y oposición
Pese a los argumentos del Govern, desde sus primeros pasos la tramitación y autorización del centro han sido rodeadas de polémica. Una de las principales fuentes de controversia ha sido el ritmo acelerado con el que se tramitan los permisos y declaraciones vinculados al centro. Los críticos han señalado que la autorización para adscribir el centro a la Universidad San Pablo CEU y declararlo como proyecto estratégico se ha realizado mediante mecanismos de urgencia o decretos, saltándose el debate parlamentario completo y los controles habituales en procesos universitarios de este tipo. Esta vía exprés para agilizar su implantación ha generado dudas sobre transparencia y posibilidades de trato preferencial por parte del Ejecutivo autonómico.
También se ha puesto en cuestión la privatización de la educación superior. Este proyecto se ha convertido en símbolo de una discusión más amplia sobre la futura configuración del sistema universitario balear. Por un lado, el Govern defiende que la creación del centro responde a una necesidad real de ampliar la oferta de titulaciones sanitarias y retener talento joven en las Islas. Pero, por otra parte, parte de la comunidad universitaria y de la oposición política alertan de que esta iniciativa podría mercantilizar la educación superior, ampliando el espacio de la universidad privada en detrimento de la pública, lo que puede consolidar un modelo educativo dual en el que sólo quien pueda pagar estudios caros tendrá acceso a determinadas formaciones de prestigio.
Los detractores argumentan que, incluso con la oferta de becas, los elevados precios de matrículas privadas (por ejemplo, Medicina supera los 20.000 € anuales) harían difícil el acceso para muchas familias locales y podrían reforzar desigualdades sociales en la educación superior. También se ha remarcado que centros privados como éste podrían atraer a profesorado de la universidad pública, lo que debilitaría aún más su capacidad.
Otras voces han hecho hincapié en los criterios académicos y de planificación educativa. Algunas fuentes han recordado que el Gobierno autonómico autorizó la adscripción del centro antes de que se hubiesen completado todos los informes técnicos habituales, y en un momento en el que la normativa estatal sobre creación de nuevos centros universitarios estaba a punto de cambiar, con la introducción de requisitos más exigentes. Esto ha alimentado las acusaciones de que se ha aprovechado un vacío normativo para facilitar la entrada del proyecto.