Educación cita de urgencia Miquel Roldán en la Conselleria
El encuentro llega después de una jornada en la que el 60% del alumnado del CEIP Son Pisà no ha asistido a clase como respuesta a la incorporación del docente
PalmaMiquel Roldán, acompañado de su abogado, ha llegado este jueves por la tarde a la Conselleria de Educación, convocado de urgencia para tratar su incorporación al CEIP Son Pisà y el conflicto que se ha desencadenado con las familias, según ha podido saber en primicia el ARA Balears. La reunión se ha producido después de una jornada especialmente tensa en el centro, en la que cerca del 60% del alumnado no ha asistido a clase como muestra de rechazo a la presencia de Roldán, condenado por acoso a menores.
Esta situación ha intensificado la presión sobre la administración educativa, que ahora se ve obligada a buscar una salida inmediata a una crisis que ha sacudido a la comunidad educativa y ha reabierto un debate sobre los criterios de incorporación de personal a los centros escolares. El lunes, las familias del centro se reunirán con la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, para explicar sus reclamaciones, entre las que se incluye apartar a Roldán de la docencia.
El caso de Roldán tiene su origen en una condena de un año de prisión por un delito de acoso a un exalumno menor de edad, que la Audiencia confirmó. A pesar de la condena, el tribunal no decretó su inhabilitación, ya que entendió que los hechos no estaban directamente vinculados a su actividad profesional. Esta decisión judicial abrió un debate sobre los límites legales y éticos de permitir que personas condenadas por delitos relacionados con menores continúuen trabajando en centros educativos, que aún se mantiene.
Un curso movido
El conflicto se desencadenó al inicio del curso escolar, cuando se conoció que el docente había sido destinado al CEIP de Son Sardina. Varias familias alertaron que, en etapas anteriores, había protagonizado episodios que calificaban de “muy desagradables”, tanto dentro como fuera del recinto escolar, y aseguraban que estos hechos eran conocidos tanto por Inspección Educativa como por la Conselleria. Según explicaron, en su momento, las familias afectadas optaron por no recurrir a la vía judicial con el objetivo de preservar a los menores implicados y evitarles el desgaste de un proceso judicial. Asimismo, interpretaron la voluntad del docente de volver al CEIP Maria Antònia Salvà como una provocación, una percepción que, según afirmaban, se veía reforzada por determinadas publicaciones en las redes sociales, hecho que incrementó la inquietud entre la comunidad educativa.
La reacción no se hizo esperar. Con la reincorporación, se extendió un clima de indignación y preocupación entre las familias, que cuestionaban la presencia de Roldán en el centro. Progresivamente, la tensión fue en aumento y se tradujo en asambleas, comunicados y diversas movilizaciones. El momento más crítico se produjo cuando las familias decidieron iniciar una huelga y dejaron de llevar a los hijos a clase durante los primeros once días de curso. Esta protesta afectó de manera significativa el funcionamiento del centro y situó el caso en el foco mediático y político. Durante aquellos días, el profesorado continuó asistiendo a un centro prácticamente vacío, hasta que el alumnado volvió, hecho que coincidió con la baja médica de Roldán, que se ha alargado hasta la actualidad.
El caso abrió un intenso debate dentro de la comunidad educativa, especialmente por el hecho de que una persona condenada por acoso a menores pudiera ejercer la docencia. Las posiciones se polarizaron: mientras una mayoría reclamaba que se apartara de inmediato al docente, otros sectores defendían que había que respetar la resolución judicial, que no preveía ninguna inhabilitación para ejercer.
En este contexto, la Consejería de Educación, conjuntamente con los sindicatos, abordó la cuestión en el marco de la mesa paritaria y dio luz verde a una evaluación psiquiátrica para determinar si el docente era apto para trabajar con menores. Esta iniciativa se interpretó como una medida excepcional ante la presión social y la complejidad del caso. Sin embargo, la prueba no se llegó a realizar, ya que el docente se acogió a una baja médica en aquel momento, lo que dejó el procedimiento en suspenso.
Con el tiempo y una menor tensión mediática, la Consejería descartó definitivamente esta evaluación. Esto ha dejado la situación sin ninguna revisión específica ni medidas adicionales, de manera que el docente puede reincorporarse a su actividad habitual dentro del marco administrativo ordinario.