Los pequeños amarristas contra las marinas: la guerra por los puertos de Menorca

CiutadellaLa nueva Ley de Puertos, que prevé alargar hasta los 75 años la gestión privada de algunas marinas y puertos deportivos en Baleares, ha coincidido con el abrupto final de la concesión de los 270 amarramientos del Lago Resort de Cala en Bosc en Ciutadella, la única que se mantenía vigente desde hace 30 años sin ninguna contraprestación económica de la empresa hacia la Administración.

La explotación la consiguió en 1995 la antigua Urbanización Cala en Bosch SA, capitaneada por el empresario local Biel Cerdà, cuando ofreció a Ports de les Illes Balears permutar sus 20.195 metros cuadrados a cambio de la concesión, sin tener que abonar ningún canon anual a la Administración autonómica. Pero, expirado el plazo de 30 años, el Govern ha rechazado las continuadas peticiones de la concesionaria, reconvertida ahora en Next Port Nautical Services, y ha decidido no renovar el acuerdo.

Las graves irregularidades denunciadas, y constatadas, en la gestión del puerto deportivo han llevado a los amarristas afectados a poner el caso en manos de la Fiscalía, mientras que el gobierno balear ha convocado un nuevo concurso para privatizar nuevamente la marina. Todo ello ha puesto al descubierto el descontrol de la Administración para hacer cumplir los compromisos contraídos por parte de las empresas privadas y la indefensión que sufren muchos particulares, sometidos a tarifas y condiciones más pensadas para el turismo náutico que para los propietarios locales de pequeñas embarcaciones.

El mismo conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha admitido que la insuficiencia de recursos humanos complica el control exhaustivo de las concesiones. Aun así, la demora en convocar y resolver a tiempo el concurso ha hecho que, por segundo año, Puertos haya tenido que renovar en precario la concesión para no dejar desatendido el servicio.

Tarifas y canon

Fuentes de la Conselleria explican que la licitación ya está en marcha, pero las consultas pendientes de resolver que han presentado las empresas interesadas pueden alargar el trámite todavía más allá del mes de julio. Ahora bien, dice Puertos que se han aprobado temporalmente unas nuevas tarifas “sensiblemente” más bajas que las que estaban vigentes hasta ahora y se ha impuesto el pago de un canon de 177.763 euros al todavía concesionario.

Con todo, las condiciones que deberá cumplir la marina que se haga cargo de la nueva concesión del Lago durante los próximos 20 años también despiertan el recelo de los amarradores. La Asociación de usuarios que preside Tolo Torres no entiende cómo el Gobierno puede fijar un canon anual de tan solo 475.000 euros y una inversión de solo 4 millones en renovar las instalaciones.

El conseller Lafuente dice que hace falta reforzar la entrada al puerto y dotarlo de agua, electricidad, personal y un tren de fondeo, además de garantizar el acceso público al varadero. Una escasa contraprestación, según los usuarios, que creen que se está favoreciendo el enriquecimiento de la empresa que asuma la concesión, aunque se la obligue a dar prioridad a las embarcaciones que ya tienen la base en el Lago. Según sus cálculos, ganará al menos 30 millones de euros en las dos décadas de concesión.

El PSOE y Més per Menorca en el Parlament y el mismo gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella han pedido con insistencia a Puertos que retire el concurso y aproveche el fin de la concesión para recuperar el control público de los amarramientos de Cala en Bosc. “Se debe acabar con la gestión indirecta del Lago y, si no se puede, se debe controlar de forma estricta la concesión”, pide la alcaldesa Maria Jesús Bagur.

Auditoría al puerto deportivo

El Ayuntamiento ha reclamado también la elaboración de una auditoria sobre la gestión llevada a cabo en el puerto deportivo. Asegura que en los últimos cinco años solo se han hecho dos inspecciones en el Lago, cuando la media de revisiones en este mismo periodo en el resto de puertos de las Baleares es de 10, “o de 13 en el caso del Club Náutico Ciutadella”.

En la otra punta de la isla, el puerto de Mahón todavía conserva 598 amarramientos de gestión pública, el 35% de los 1.674 que ofrece la Autoridad Portuaria (APB), sea directamente o a través de marinas privadas. El presidente, Javier Sanz, ha anunciado, de hecho, que mantiene “el compromiso firme de conservar la gestión directa que tenemos actualmente”.

Pero la última adjudicación formalizada, curiosamente a la misma empresa que aún gestiona el Lago de Cala en Bosc, Next Port, ha incluido la privatización de 55 amarramientos del muelle de Poniente que hasta ahora quedaban en manos de Autoridad Portuaria. El director de la APB, Toni Ginard, dice que, sin embargo, “los precios son prácticamente iguales y, de hecho, las condiciones de la gestión indirecta son aún mejores, porque incluyen algunos servicios adicionales”.

Los pequeños amarradores, sin embargo, no lo ven tan claro y, desde hace ya cinco años, mantienen una cruzada contra la Administración para hacerse oír y conseguir tarifas sociales y más atracaderos para las embarcaciones de menos de ocho metros de eslora.

El colectivo Es Jonquet es quien más representa a los pequeños amarradores de Maó. Desde que en 2021 evitó la privatización del pantalán con este nombre que acoge 150 amarramientos en la colàrsega, ha conseguido hacerse un hueco en los consejos de navegación y otros organismos de participación de la APB. “Pero no nos dejan estar en los consejos de administración, donde se toman las decisiones y donde sí están las marinas”, se queja Antoni Barber, portavoz de Es Jonquet. “Quieren que muramos de finura, pero la cosa no acabará así. No nos dejaremos pisotear fácilmente”, avisa.

Zonas nuevas privatizadas

De las dos zonas nuevas que se han privatizado, en los muelles de Poniente y Levante, solo esta última está pendiente aún de adjudicarse, y “con la problemática añadida que afecta a embarcaciones locales que sobrepasan los ocho metros de eslora y que llevan 30 años allí”. Pero como la normativa de la APB no las considera náutica social, no tienen garantizado que puedan conservar su amarre de gestión directa.

También en cala Figuera –explica Barber– la mitad de los amarres que no se traspasen al Club Marítimo quedarán en manos de marinas privadas. “Se quieren quitar la gestión pública de encima cuando es, precisamente, lo que la gente les pide. Esto hace que cada vez haya menos sitios donde amarrar y muchos titulares acaben poniendo el barco en venta”, comenta.

“Privatizar es la opción más cómoda para la Administración. Ponen un canon a la concesionaria, lo cobran y no tienen que gestionar directamente nada”, insiste. “El problema viene cuando tienen que controlar que las empresas ganadoras respeten las tarifas más reducidas a las que se han comprometido en las bases o lleven a cabo las inversiones pactadas de mejora de las instalaciones. Al final pasa que no las ejecutan todas y acaban repercutiendo el coste sobre los usuarios, con aumentos de tarifas y la reducción de la proporción de puestos de base a favor de los amarres de tránsito, para los turistas”.

El “caso más clamoroso” de esta falta de control es el del Lago de Cala en Bosc, admite Barber, quien ha contactado con la asociación de amarristas constituida en Ciutadella para tal de hacer piña junto con Es Jonquet. “Ambos colectivos estamos hermanados para conseguir que la Administración sea más sensible hacia la náutica social. Tener una embarcación no es ningún lujo, ni tiene que ver con la gente millonaria que nos visita y con el negocio lucrativo que impulsa las marinas privadas. Tan solo queremos poder salir con nuestra barquita los fines de semana, a pescar o a navegar con la familia. Sabemos que vamos a contracorriente, porque el mundo deriva cada vez más a la privatización y a los intereses económicos, pero –avisa– no desfalleceremos. No daremos el brazo a torcer”.