Clubes náuticos y navegantes, contra la elitización del mar
Expertos y gestores reclaman medidas para evitar la entrada progresiva de las marinas privadas, que expulsan a la población local
PalmaLa asamblea de socios del Portitxol ha ratificado el proyecto de reforma, que supondrá una renovación importante de las instalaciones, valorada en 10 millones de euros, y que ha provocado tensión y enfrentamiento dentro de la entidad. Según algunos, se trata de un proyecto que “reduce el modelo de náutica social, porque se hacen más amarramientos de grandes esloras”, lamenta un socio histórico como Jaume Garau. Pero, según la directiva y otra parte de socios, “conserva la esencia del club y la instalación no crece hacia afuera”. “El 80% de los amarramientos continuarán siendo de menos de ocho metros”, explica el presidente del club palmesano, Pep Santander.
El proyecto prevé una remodelación integral del Portitxol, con la reordenación de la dársena interior y exterior, pantalanes nuevos, un dique de abrigo, un varadero y mejoras en los servicios, el balizamiento y la seguridad ambiental. La reforma incluye más de 12.000 m² adicionales de lámina de agua, 4.300 m² de espacio público, 5.500 m² de zonas verdes y un aparcamiento subterráneo. La Autoridad Portuaria defiende que estos cambios consolidarán el carácter social y deportivo del club, a pesar de que algunos vecinos y socios antiguos temen que la actuación acentúe la orientación hacia el turismo náutico de lujo y modifique la fisonomía del barrio.
El Club Náutico había llegado al límite de la concesión y, para conseguir 15 años extras, “tenía que hacer inversiones”. “Lo marca la ley y la Autoridad Portuaria ha intentado poner unas condiciones asumibles para hacer estas obras y desarrollar un proyecto que no tenga impacto y que permita que los actuales socios puedan continuar disfrutando del mar”, explica el director de la Autoridad Portuaria de las Baleares, Toni Ginard. El Portitxol tendrá algunos amarramientos más y se renovará, pero la directiva insiste en que no perderá el carácter ni expulsará a los socios en favor de embarcaciones más grandes. “Es el miedo que tenemos, porque vemos que pasa en todas partes”, advierte Jaume Garau.
Ciertamente está pasando, y de una manera acelerada. El Portitxol continuará al menos 15 años gestionado por un Club Náutico, una entidad sin ánimo de lucro y con unos precios que rondan los 140 euros mensuales para las embarcaciones más pequeñas. “Es muy razonable”, afirma su presidente. En cambio, en el Puerto de Andratx el Club de Vela ya es historia, como también pasó con el Club Náutico de Ibiza. Dos históricos que, al acabar la concesión –improrrogable–, no pudieron renovarla: dos empresas privadas se han hecho con la gestión.
“El modelo de gentrificación que hemos vivido en tierra en las Illes Balears entra con fuerza. Si no lo paramos, si la Administración no usa los mecanismos que tiene para frenarla, la clase media se puede ir despidiendo de salir a navegar”, lamenta Lorenzo Pons, presidente de la Associació de navegants de la Mediterrània, la principal voz de lo que se puede considerar el sector de la nàutica social y popular.
Los puertos deportivos de las Balears experimentan desde hace años una transformación que muchos clubs nàuticos y usuarios del mar consideran una elitización del litoral. La expansión de las marinas privadas, el aumento del espacio destinado a las grandes esloras —hay una gran demanda que mueve cientos de millones solo en las Illes— y la dificultad creciente para mantener actividades vinculadas a la navegación popular han alimentado un debate sobre qué modelo de puertos necesita el Archipiélago. Un pulso entre, por un lado, el negocio lucrativo de la nàutica y, por el otro, el grueso de los aficionados al mar, aglutinados en torno a los clubs nàuticos tradicionales, entidades sin ànimo de lucro que históricamente “han impulsado el deporte base, las escuelas de vela y el acceso de la población local al mar”. “Lo continuaremos haciendo”, afirma el presidente de la Associació de Clubs Nàutics, Antoni Estades.
Los casos más graves
El Club Nàutic de Eivissa y el Club de Vela Port de Andratx se han convertido en los referentes principales del proceso de elitización que preocupa tanto al sector tradicional. En Eivissa, el fin de la concesión histórica del Club Nàutic generó un conflicto judicial y administrativo largo. Los responsables de la entidad y cientos de socios denunciaron que los criterios económicos habían pesado más que la función social y deportiva del club. En Andratx, la reordenación de las concesiones ha reducido el espacio destinado a actividades formativas y de navegación popular, y pone en riesgo un modelo que durante décadas ha combinado la náutica con una función social importante.
Una socia del Club de Vela desde hace muchos años, que pide mantener el anonimato, asegura a ARA Balears que “las grandes esloras se irán imponiendo”. “Esto repercutirá sobre los socios, lo tenemos claro. Hemos tenido deportistas de élite del piragüismo, disfrutamos de una conversación en el bar y de ver a los niños hacer vela. Todo esto irá desapareciendo”, dice.
Según los clubes náuticos, estos casos muestran una tendencia general: cuando las concesiones terminan, los proyectos orientados a grandes esloras y a la rentabilidad económica acostumbran a ganar terreno. Pero el director general de Puertos, Toni Mercant, matiza esta visión y recuerda que “el 80% de los amarramientos de las Islas son para embarcaciones de menos de ocho metros”. Mercant asegura que la prioridad del Gobierno es “garantizar el acceso de la ciudadanía al mar y mantener un modelo equilibrado entre actividad económica y función social”.
La nueva Ley de puertos que acaba de aprobar el Parlament –pronto se publicará en el BOIB– incorpora la figura de utilidad pública, que permitirá a los clubes náuticos conseguir un reconocimiento administrativo por su tarea como fomentadores del deporte. Esta declaración será la puerta de acceso a una opción hasta ahora impensable: “Gestionar de manera definitiva la instalación, no quedar sometidos a un nuevo concurso público que ponga en riesgo el modelo por la entrada posible de una empresa privada”, explica Antoni Estades. “Estamos ante un acierto del Gobierno, que ha querido escuchar al sector en este aspecto. Si podemos conseguir que se desarrolle la normativa, estamos posiblemente ante una medida clave para nuestra pervivencia”, explica Estades.
La nueva ley también incorpora un límite explícito a la comercialización de los amarramientos, según explica el director general de Puertos de las Illes Balears. “La modificación de la Ley de puertos fija un límite máximo del 20% de los amarramientos destinados a actividad comercial”, dice. Según el director general, esta regulación busca “evitar una mercantilización excesiva de los puertos y garantizar suficiente espacio para la náutica social”.
Puertos del Estado
La nueva Ley de puertos autonómica permitirá, según el Gobierno y el sector, que los clubes náuticos tengan al menos la opción de gestionar de manera indefinida su instalación, pero no es el caso de los puertos del Estado. Casos dentro del ámbito de la Autoridad Portuaria, como el del Portitxol, dependen de la normativa estatal, “con un planteamiento liberal, que quiere fomentar la competencia y que no nos podemos saltar”, comenta Toni Ginart. Eso sí, incluso en este caso “existen mecanismos para intentar mantener un equilibrio y evitar que las marinas lo obtengan todo”. “No es el modelo que queremos”, asegura.
El instrumento principal que emplea la Autoridad Portuaria es priorizar en los requisitos de los concursos “la potenciación del deporte náutico, que es una de las grandes características de los clubes náuticos”. “A las marinas no les interesa esta fórmula. Y es lógico, porque son sociedades planteadas para conseguir beneficios. Pero en nuestro caso también queremos que dentro del ámbito de actuación de los cinco grandes puertos del Estado haya náutica social”, explica Ginart. Es por este motivo que defiende “el pliego de condiciones del Muelle de Poniente, que pone como requisito la necesidad de fomentar el deporte náutico”. “En definitiva, la participación ciudadana”, remarca.
Las marinas son el enemigo de la náutica popular, porque su prioridad es “ganar dinero”. “Basta ver lo que ha pasado en Port Adriano, donde había un portecito lleno de vecinos de El Toro y ahora da pena, porque es un decorado con yates y sin personas”, explica José Pérez, un vecino de esta barriada calvianera que recuerda “el ambiente que había antes de la ampliación”. “Nos dejaron fuera a los vecinos, y ahora corren las ratas, es como un puerto fantasma”, añade.Pero esta figura –coinciden la mayoría de expertos y portavoces de asociaciones consultados– “tiene que existir”. “Aporta unos ingresos fundamentales, y tanto Autoridad Portuaria en sus puertos como Puertos de las Islas en los demás necesitan alguna marina”, asegura el presidente de la Asociación de Clubes Náuticos, Antoni Estades.El director de Autoridad Portuària, Toni Ginard, va más allá y recuerda que, gracias a los ingresos de las marinas –en 2025 aportaron 24 millones de euros a las arcas de este organismo que depende del Ministerio de Fomento– “se pueden subvencionar parcialmente las tasas que pagan las navieras que transportan personas y mercancías”, subraya. “Si no fuera por lo que aportan las marinas, no nos quedaría más remedio que subir los precios de los otros servicios, como las embarcaciones regulares. Los precios de los billetes para los residentes y de las mercancías que vienen de fuera serían más caros, porque las empresas no tendrían más remedio que repercutir en los precios, que subirían”, advierte. En este sentido, Ginard asegura que “se tiene que garantizar la náutica social, que los isleños que quieran disfrutar del mar lo puedan hacer y puedan conservar todas las tradiciones vinculadas”. “Por eso tenemos que encontrar el equilibrio entre las marinas, los clubes náuticos y los 8.000 amarramientos que tenemos de gestión directa”, sentencia.