Las vidas vulnerables de la prisión

PalmaEl sacerdote palmesano Jaume Alemany Pasqual, de 74 años, es el delegado de Pastoral Penitenciaria de Mallorca. Acaba de volver de pasar una semana haciendo el Camino de Santiago con un grupo de reclusos. “Es una iniciativa pionera en todo el Estado –dice con orgullo. La puse en marcha hace treinta años cuando asumí el cargo, en tiempos del obispo Teodor Úbeda. Entonces la prisión de Palma estaba situada en la barriada de Cas Capiscol, que cerró en 1999 para trasladarse a un complejo nuevo de la carretera de Valldemossa. El Ministerio del Interior vio con buenos ojos el proyecto del Camino de Santiago y hoy ya forma parte del programa de reinserción de muchos centros penitenciarios. La docena de personas que vienen conmigo han sido seleccionadas por su buena conducta”.

Alemany rebosa bonhomía. “En la prisión me dedico a acompañar a gente muy vulnerable que ha tocado fondo y que se hace preguntas que no se habían hecho nunca. No es un trabajo fácil. He aprendido a conocer mejor la condición humana. Todos somos iguales. Lo único que nos diferencia son las oportunidades que nos da la vida. Una persona que durante la infancia no ha tenido a nadie que le dijera qué estaba bien y qué estaba mal, tiene mucha facilidad para delinquir”. El sacerdote tiene claro cuál es el principal factor que trunca vidas. “La mayoría de gente que entra en la prisión es por temas relacionados con las drogas. Como la droga es un gran negocio, nadie se atreve a ponerle freno”.

Saber perdonar

Actualmente, la prisión de Palma tiene cerca de 1.300 internos. Un 6% son mujeres, y unos 500, extranjeros de una cincuentena de nacionalidades diferentes. En la de Ibiza hay un centenar de reclusos, y en la de Menorca, una sesentena –inaugurada en 2011 con 210 plazas, es la menos ocupada del Estado. “Para algunas personas –dice Alemany–, la privación de libertad es positiva, ya que aprovechan la experiencia para aprender a leer y a escribir o, incluso, para estudiar una carrera universitaria. A otros les ha salvado del mundo de las drogas. En general, sin embargo, estar encerrado no ayuda a la rehabilitación. Para ayudar, se deberían destinar muchos más recursos para conseguir un seguimiento más personalizado”. El presbítero denuncia la falta de talleres productivos en el interior del recinto. “Solo un 10% de los reclusos trabaja de cocinero, fundidor o jardinero. Antes había más. A raíz de la crisis económica de 2008 nos quedamos sin las principales industrias colaboradoras, Buades y Majórica”.

Alemany resalta un aspecto clave en el proceso de acompañamiento. “Hasta que los reclusos no aprenden a pedir perdón a la víctima o a la familia no hay ningún avance posible. También se tienen que saber perdonar a ellos mismos, porque una persona no puede estar sintiéndose siempre víctima de sus errores. Todos tenemos derecho a equivocarnos y a rectificar”. En la otra parte, este gesto es más difícil de aceptar. “A una persona a la que han destrozado la vida le cuesta más perdonar. Pero, si no perdonas, el odio te come por dentro”.

El actual encarecimiento del coste de la vida es una cuestión que condiciona las esperanzas de la población reclusa. “Hay gente que, cuando tiene que salir de la prisión, no tiene adónde ir. Sin familia ni trabajo, el futuro se presenta muy negro. Esto es un peligro para su reinserción. Pastoral Penitenciaria tiene pisos de acogida para los que empiezan a disfrutar de algún permiso o han conseguido la libertad. Estos últimos, sin embargo, no pueden estar mucho tiempo. Tienen que saber buscarse la vida”. Alemany insiste en que estamos ante un fracaso social. “Si hubiera más educadores de calle y más apoyo a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, muchos no acabarían en la prisión. Un preso cuesta mucho dinero a la Administración, que tiene que pagar funcionarios, instalaciones y servicios diversos. Sería más barato cuidar a la persona antes de que entrara. Así también nos ahorraríamos mucho sufrimiento tanto en un bando como en el otro. Además, de acuerdo con el delito, tendría que haber alternativas más eficaces a la prisión”.

Maldad humana

El capellán recuerda la época en la que en la carretera de Valldemossa había muchos políticos condenados por corrupción: “Llamaba la atención, porque no eran personas conflictivas. Algunos que eran abogados ayudaban a otros presos a realizar trámites burocráticos. Se dieron cuenta muy pronto, sin embargo, de que en la prisión no te puedes fiar de nadie”. El amor cristiano al prójimo no impide a Alemany constatar que la maldad humana también existe. “Hay individuos que han cometido crímenes a causa de patologías mentales que no han sido diagnosticadas. Hay otros que desde pequeños se han educado en la violencia. Y después hay una minoría de gente que es malvada, que es capaz de hacer daño a los demás sin mostrar ningún tipo de remordimiento”.

Un preso al cual Alemany acompañó es el holandés Romano Liberto Van Der Dussen. Estuvo 12 años encerrado, acusado de tres casos de violación que no había cometido. Quedó en libertad en 2016 después de que el Supremo revisara su caso. Van Der Dussen nunca disfrutó de ningún permiso penitenciario porque se negó a reconocer su culpabilidad en los hechos. Por su propia seguridad, fue trasladado a siete prisiones diferentes, la última, la de Palma. “Su caso –insiste el clérigo– demuestra que el sistema judicial no es infalible, de modo que no se pueden aplicar castigos irreversibles. En países como los EE. UU. le habrían sentenciado a pena de muerte”.

Combatiendo prejuicios

Desde hace ocho años, la abogada de Campanet Catalina Vanrell Marroig se encarga de defender a internos de la prisión de Palma. “Empecé el trabajo con bastantes prejuicios. Muy pronto, sin embargo, me los quité de encima. La mayoría de personas que atiendo viven dentro de la exclusión social, lo cual les ha generado problemas de salud mental. Son víctimas del entorno familiar y de la sociedad que los ha marginado y los ha dejado sin opciones. También los hay bien posicionados económicamente que arrastran carencias afectivas”.

Esta profesional del derecho penal, de talante tranquilo y a la vez resolutivo, tiene despacho propio, pero también trabaja en el turno de oficio. “Es un servicio voluntario que, aunque está muy mal pagado, me gusta mantener para poder ayudar a los más necesitados”. El oficio pide nadar entre dos aguas. “Siempre pregunto a mis clientes si son culpables. Ellos, sin embargo, están en su derecho de decirme una mentira. Por tanto, yo, aunque no me los crea, les tengo que garantizar una buena defensa. Muchas veces me he encontrado con casos que son indefendibles. Sin embargo, casi nunca se produce la absolución. Solo puedo conseguir mitigar la condena”.

A Vanrell le quitan el sueño delitos muy graves que maneja, como asesinatos y violaciones. “Como madre de una niña, las violaciones a menores me provocan una preocupación especial. Con los años, sin embargo, he aprendido que mi tarea es defender a una persona con independencia del hecho de que sea culpable o no. Un médico que tiene que salvar la vida de un terrorista tiene el mismo deber moral. Solo me acogería a la objeción de conciencia en un caso de pederastia”. El trato con el paciente acaba generando empatía. “Yo soy capaz de ver la parte humana en un monstruo criminal y entender que la animalada que ha hecho es fruto de sus problemas personales. Puedo llegar a sentir lástima por él. Después de la sentencia, sin embargo, me desentiendo del todo”.

‘Pena del telediario’

Los conocidos casos mediáticos exasperan a la abogada. “Hay medios de comunicación que distorsionan y simplifican los casos sórdidos. Esto hace que, en los juicios con jurado popular, las personas seleccionadas ya entren en la sala ‘contaminadas’ por lo que han leído o escuchado. Así, aunque intenten hacer bien su trabajo, a menudo se ven obligadas a dar una respuesta que satisfaga la presión social. Existe la idea de que si, desde este prisma, ‘no se hace justicia’, se puede desacreditar a la institución”. Un caso paradigmático de la ‘pena del telediario’ fue el de Rocío Wanninkhof, una joven de 19 años de Málaga, asesinada en 1999. Un jurado popular declaró culpable sin pruebas a Dolores Vázquez, expareja de la madre de la joven, que fue acusada de haber actuado con ánimo de venganza. Poco tiempo después se detuvo al verdadero autor del crimen gracias a unas muestras de ADN. Vázquez, víctima de la lesbofobia que alimentó la prensa, quedó en libertad en 2002 después de haber pasado 17 meses en prisión.

Vanrell no cree mucho en el funcionamiento del sistema carcelario. “La prisión es tan solo una forma de separar de la sociedad, temporalmente, a la gente peligrosa. Hay poca que salga con la lección aprendida para no reincidir. Se debería atacar la raíz del problema, la conflictividad, a través de la educación y de los servicios sociales”. Para facilitar la reinserción, los reclusos tienen a su alcance programas de salud mental con todo tipo de talleres. Alicia Gispert Terrasa, integradora social del GREC (Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores), es una de las responsables. “Muchos ya han sido diagnosticados y, además, conviven con adicciones graves como el consumo de drogas. La privación de libertad tampoco ayuda nada a su estado de ánimo. Con que haya un solo caso de éxito de reinserción, nuestro programa ya merece la pena. Desde fuera es muy fácil juzgar. La gente desconoce los dramas que arrastran los reclusos”.