La temporada taurina arranca en Inca con una controversia que no amaina
La Plaza de Toros de la capital del Raiguer se convierte en el epicentro de la actividad taurina y de las protestas animalistas
IncaInca vuelve a encender el debate en torno a las corridas de toros este domingo, 29 de marzo, con el inicio de la temporada taurina. Y, como es habitual, a pocos metros del recinto, entidades animalistas han convocado una protesta con el lema 'No es mi cultura'.
La movilización se enmarca en un contexto de creciente distanciamiento social respecto a este tipo de eventos. Las organizaciones convocantes sostienen que la sensibilidad hacia el bienestar animal ha evolucionado de manera notable en los últimos años y que cada vez es más difícil justificar el sufrimiento animal como forma de entretenimiento. Satya Animal, una de las entidades convocantes, define la situación como "un bucle continuo" de actividades que consideran ajenas a una sociedad "moderna y con principios morales".
Las críticas no se limitan al evento en sí, sino que apuntan también a las administraciones públicas. Los colectivos denuncian que se sigan destinando recursos a la promoción de estos actos y que se facilite el acceso de menores, un aspecto que consideran especialmente preocupante. En este sentido, señalan tanto el apoyo explícito del PP y Vox a la tauromaquia como la falta de un posicionamiento claro por parte del PSOE en el ámbito local, a quien reprochan una actitud ambigua: "El PSOE de Inca, concretamente, es un ejemplo claro de cobardía y conservadurismo electoral por dejar que su pueblo sea el epicentro de la tortura en la isla", apunta Satya Animal.
En la misma línea, la Fundació Franz Weber ha advertido reiteradamente sobre el impacto de los eventos taurinos en la infancia y la adolescencia. Los naturalistas también critican la posición abstencionista del PSOE Inca: “Contraviene la posición que el PSIB ha mantenido desde 2017 en el Parlament, cuando avaló la prohibición de acceso a menores y después votó en contra de la reforma legal que permitía el acceso gracias al bipartito PP-Vox”.
En el ámbito político, MÉS per Inca, que forma parte del equipo de gobierno con el PSOE, considera que un municipio que tiene el distintivo de Ciudad Amiga de la Infancia no debería acoger un espectáculo basado en la violencia y la muerte: “Este distintivo implica el compromiso de garantizar entornos seguros, educativos y libres de violencia, una premisa que choca directamente con la exposición de menores al maltrato animal”.
La formación ecosoberanista espera que pronto se vuelva a incluir la prohibición en una ley, en concreto aprovechando la reforma de la Ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia, “que ya debería haberse aprobado”.
Hay que tener presente que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha recomendado que el estado español, tanto en el ámbito estatal como de las comunidades autónomas, establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos taurinos, sin excepción, y promueva actividades de sensibilización “sobre los efectos negativos que tiene en los niños la violencia asociada a las corridas de toros”.
La Fundació Franz Weber ha denunciado que el Gobierno de Marga Prohens no se haya pronunciado respecto a este tema, “lo que evidencia que están cómodos con las advertencias de un organismo internacional”.
El debate competencial
Queda claro que el debate no es solo social, sino también político y jurídico. La protección de la tauromaquia como patrimonio cultural en el ámbito estatal limita la capacidad de comunidades autónomas y ayuntamientos para regularla. Iniciativas como la ILP 'No es mi cultura', avalada por más de 700.000 firmas, han intentado revertir este marco legal, aunque fue rechazada en el Congreso español por PP, Vox y UPN, con la abstención del PSOE.
La iniciativa no planteaba la prohibición de las corridas, sino la derogación de la ley que las blindó al declararlas patrimonio cultural inmaterial. Su objetivo era claro: devolver a comunidades autónomas y ayuntamientos la capacidad de decidir si quieren o no espectáculos taurinos en sus territorios.
Por ello, hay que reconocer que en estos momentos nos encontramos ante un problema de competencias -como tantos otros que tenemos en las Islas Baleares- y el Ayuntamiento de Inca no tiene la potestad para decidir sobre las actividades taurinas ni sobre las políticas de acceso o promoción a menores.
Alternativas y futuro de la plaza
El marco legal deja municipios como Inca con un margen de actuación muy reducido. Aun así, entidades y formaciones políticas apuntan a que todavía hay espacio para medidas alternativas. La Fundació Franz Weber plantea la posibilidad de adquirir la plaza de toros y transformarla en un equipamiento con usos culturales y sociales, mientras que MÉS per Inca defiende fórmulas de colaboración con la propiedad de la plaza que permitan regular su uso y evitar actividades basadas en el maltrato animal.
No sabemos si alguna de estas propuestas podría salir adelante en los próximos años. La única certeza es que la celebración de corridas de toros contrasta con otros avances legislativos y culturales en materia de protección animal y lo más previsible es que siga el mismo camino.
A las puertas de la jornada de domingo, Inca se prepara para un nuevo capítulo de un debate que hace tiempo que se mantiene abierto y que no parece que se resuelva pronto. Dentro de la plaza, los defensores de la tauromaquia como cultura y tradición; fuera, los que apuestan por una cultura sin tortura animal. Y entre ambos espacios, la sociedad y la política que serán decisivas para el futuro de la plaza.