Siete entidades cargan contra los 350 millones del segundo cinturón de Palma

PalmaSiete entidades vinculadas a la movilidad, el tren, el ciclismo y la defensa del territorio han cuestionado el proyecto del segundo cinturón de Palma, presentado esta semana por el Consell de Mallorca con una inversión prevista de 350 millones de euros. La Asociación de Usuarios del Tren, Vianants Mallorca, Terraferida, Amics de la Terra, Plataforma Anti-Autopista, Plataforma Maria poble petit y Sineu en Bici i a Peu consideran que la actuación no responde a las necesidades de movilidad de buena parte de la isla.

El proyecto presentado por el Consell prevé una actuación en dos fases, con un coste de 90 millones de euros para la primera y de 260 millones para la segunda. Esta última incluye un túnel de aproximadamente un kilómetro y un bulevar en la superficie. Las obras tienen un plazo global que se acerca a los seis años.

Las entidades consideran que la inversión pone el foco en los accesos a Palma mientras quedan pendientes problemas de movilidad en los municipios de la Part Forana. Ponen como ejemplo Sineu, donde aseguran que hace diez meses que reclaman al Consell que haga más seguro un paso de peatones que utilizan cada día los alumnos del CEIP Rodamilans.

También señalan la travesía de Campos, que un estudio del mismo Consell identifica como un punto conflictivo, y reclaman actuaciones que permitan hacer más seguros estos espacios urbanos antes de continuar ampliando la red viaria.

De 110 a 350 millones

Uno de los principales argumentos de las siete entidades es el incremento del presupuesto respecto a la primera versión del proyecto. Recuerdan que en 2024 el segundo cinturón se presentó con un coste de 110 millones de euros, mientras que ahora la inversión anunciada es de 350 millones. El proyecto actual incorpora, entre otras actuaciones, el tramo soterrado.

Las plataformas también cuestionan que no se haya concretado cuántos vehículos permitirá retirar de la vía de cintura. El Consell defiende que la actuación servirá para descongestionar los accesos a Palma, mientras que las entidades sostienen que ampliar la capacidad viaria puede generar más tráfico.

En el escrito, comparan esta situación con el modelo de expansión de carreteras de los Estados Unidos durante el siglo XX y defienden que un nuevo carril puede acabar ocupado por nuevos vehículos.

Las entidades también ponen el proyecto en relación con el Plan Director Sectorial de Movilidad de las Islas Baleares, aprobado en 2019, que fijaba como objetivo que en 2026 el 36% de los desplazamientos de los residentes se hicieran en vehículo privado, frente al 56% de partida. Consideran que la ampliación de la red viaria no contribuye a alcanzar este objetivo.

Otro de los argumentos es la dependencia del vehículo privado en la Part Forana. Las entidades aseguran que en Baleares hay 913 vehículos por cada 1.000 habitantes y relacionan esta cifra con la falta de alternativas para llegar al trabajo, a los servicios sanitarios y a otros municipios sin coche.

Por eso reclaman que la inversión en movilidad también se dirija al transporte público, los desplazamientos a pie y en bicicleta y la mejora de la seguridad viaria en los pueblos. El proyecto del segundo cinturón reserva espacio para una futura parada del tren hacia Migjorn, pero las entidades consideran insuficiente que esta conexión todavía se encuentre en fase de estudio.