Alertan del alud de agresiones lingüísticas en las Islas: "Se han producido cinco discriminaciones en dos meses"

PalmaPlataforma por la Lengua ha denunciado hasta cinco casos que se hayan conocido de discriminación lingüística en las Islas Baleares entre diciembre de 2025 y febrero de este año que por haber hablado en catalán en establecimientos comerciales y servicios de atención al público. La entidad reclama al Gobierno una ley específica que garantice el derecho de los consumidores a ser atendidos en su propia lengua y que prevea sanciones ante vulneraciones.

Según la organización, los casos recientes se han producido en el Bar del Pez de Palma, donde un camarero habría expulsado a un grupo de amigas por hablar en catalán; en el IKEA de Mahón, donde una clienta tuvo que partir después de no ser atendida en catalán; y en el Banco de Sangre de Palma, donde un médico se negó inicialmente a entrevistar a un donante por la lengua empleada –un caso que el centro rectificó y por el que se disculpó. También se han notificado incidentes en MediaMarkt Palma, donde a un cliente le habrían negado la atención y le habrían echado los objetos comprados, y en el local de comida Pokatas de Palma, donde una clienta denuncia que no fue atendida y que posteriormente sufrió insultos en la calle.

Plataforma por la Lengua asegura que a lo largo del 2025 recibió 89 quejas lingüísticas de usuarios de las Islas, la mayoría relacionadas con vulneraciones de los derechos de los catalanohablantes en comercios y espacios de atención al público. La entidad considera que estos casos evidencian que los consumidores "están huérfanos de una ley" que desarrolle y haga efectivos los derechos reconocidos por la normativa vigente, como la Ley de normalización lingüística de 1986, que establece que nadie puede ser discriminado por razón de la lengua oficial que utilice.

En este sentido, recuerdan que en 2023 se archivó el Anteproyecto de ley de protección de los consumidores, que incluía un capítulo específico sobre derechos lingüísticos, y que desde entonces no se ha reanudado el debate parlamentario. La entidad defiende que regular la actividad comercial para garantizar derechos lingüísticos es constitucional y cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional que avala la competencia de las comunidades autónomas para establecer obligaciones lingüísticas en el etiquetado y la información a los consumidores.

Plataforma por la Lengua también ha recordado que la Ley de comercio de 2001 –derogada posteriormente– reconocía explícitamente el derecho de los consumidores a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de las Islas Baleares ya no sufrir discriminación por este motivo. "Teníamos unos derechos garantizados, y queremos recuperarlos", señalan.

La entidad ha pedido un "compromiso firme" a la presidenta del Gobierno, Margalida Prohens, para que impulse una normativa que proteja a los ciudadanos ante discriminaciones lingüísticas. Asimismo, expresó preocupación por las declaraciones del portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, que calificó los casos de "particulares" y cuestionó que respondan a una problemática general.

Finalmente, Plataforma per la Llengua recuerda que pone a disposición de la ciudadanía el Servicio de defensa de los derechos lingüísticos, integrado por abogados y especialistas que asesoran sobre cómo formular quejas e instancias ante empresas y administraciones, con el objetivo de fomentar y proteger el uso del catalán también en el ámbito del consumo.