Producir más o consumir mejor: el debate detrás de la nueva desaladora de 135 millones de euros en Palma

La infraestructura, prevista para el 2035, hará hasta 36 hectómetros cúbicos anuales. Está planteada por el Ayuntamiento como un "pilar estructural" para garantizar el suministro

03/04/2026

PalmaEl Ayuntamiento de Palma tendrá una desaladora propia. Impulsada por Emaya, la instalación costará unos 135 millones de euros, según recoge el proyecto del Plan de gestión sostenible del agua. Este equipamiento, que está previsto para el año 2035 y que tendrá una capacidad máxima de hasta 36 hectómetros cúbicos (hm3) anuales, se plantea como un "pilar estructural" para garantizar el suministro. La actuación pretende responder a la falta de agua que anticipaban los técnicos de recursos hídricos del Govern en sus informes del Plan General de Palma en el año 2023.

Esta situación límite había provocado diversos enfrentamientos entre el equipo del alcalde, Jaime Martínez, y la Conselleria de la Mar y el Ciclo del Agua. Martínez quiere sí o sí poder aumentar la oferta de pisos en Palma, por encima de las previsiones del Plan General; este sería el principal motivo por el cual se ha impulsado la nueva desalinizadora. Con el horizonte del cambio climático cada vez más presente, la pregunta que planea entre técnicos y expertos es directa: ¿hace falta realmente producir más agua o se debe gastar menos?

Cargando
No hay anuncios

El objetivo principal del proyecto es asegurar el abastecimiento de agua mediante recursos "no convencionales", especialmente en contextos de sequía prolongada, que son cada vez más frecuentes. De manera complementaria, la desalinizadora también permitirá reforzar el sistema hídrico global de Mallorca, porque reducirá la presión sobre los acuíferos, como se explica en el documento al que ha tenido acceso este diario.

El informe del proyecto considera que Palma y el conjunto de la isla sufren un "déficit estructural" de recursos hídricos que no se puede resolver solo con medidas de ahorro o mejora de la eficiencia. Las proyecciones apuntan que esta falta de agua se podría situar entre los 16 y los 24 hm3 anuales el año 2040 (un hm3 equivale a mil millones de litros), una situación agravada por el cambio climático y la disminución de los recursos subterráneos, tal como indican los análisis del Plan Hidrológico de las Islas Baleares (PHIB 2022-2027), junto con los estudios técnicos del futuro Plan de gestión sostenible del agua de Cort.

Cargando
No hay anuncios

Un pilar clave del "futuro" modelo

En este contexto, para Cort, la desalinización se consolida como un pilar clave del "futuro" modelo de gestión del agua. A pesar de ello, fuentes del ámbito técnico insisten en tener otro orden de prioridades. Juan Calvo, director de la Alianza por el Agua y exsecretario de la Agencia Balear del Agua, recuerda que el marco europeo es claro: primero reducir la demanda, después reutilizarla y, solo como último recurso, aumentar la oferta. "Antes de hacer una nueva desaladora se debería aprovechar al máximo las que tenemos", defiende. Según explica, las plantas actuales de Palma y Alcúdia no funcionan a pleno rendimiento, especialmente en invierno, lo que impide la recuperación de los acuíferos como reserva estratégica. En Ibiza, sí que se usan las desaladoras en invierno —la mayor parte del agua que se consume en esta isla es desalada—, pero esto no pasa en Mallorca. "¿Por qué queremos otra desalinizadora si las que ya tenemos no se usan a pleno rendimiento?", plantea.

Cargando
No hay anuncios

Según explica el doctor en Geografía Cels García, la directiva marco del agua de la Unión Europea busca los principios de eficiencia, reducción de la demanda y reutilización del agua y, solo si no hay ninguna otra posibilidad, el aumento de la oferta, aunque no es recomendable. Sobre esto, Calvo advierte que aumentar la oferta es "una fuga hacia adelante" que puede provocar un "efecto llamada".

El plan del Ayuntamiento también destaca que esta instalación permitirá reducir la dependencia de aportaciones externas de agua desalada, una tendencia que ha ido en aumento los últimos años y que incrementa la vulnerabilidad del sistema en episodios de sequía. La intención es que la desalinizadora contribuya a recuperar los acuíferos y a cumplir los objetivos ambientales fijados por la planificación hidrológica, al tiempo que mejore la seguridad del suministro ante el crecimiento previsto de la población, que podría superar los 570.000 habitantes en el año 2040, lo que presionará aún más el sistema.

Cargando
No hay anuncios

Esta idea abre otra cuestión de fondo: el modelo de crecimiento. Calvo advierte que las desaladoras a menudo llegan tarde respecto al desarrollo urbanístico, lo que provoca "aún más estrés hídrico". "Si se ha construido pensando en una nueva desalinizadora, cuando se acabe ya hará falta otra", afirma. Por eso, defiende que cualquier expansión urbanística debería estar condicionada a la disponibilidad real de agua.

La remodelación de la desalinizadora

Paralelamente, el Gobierno ya ha aprobado la remodelación de la desalinzadora de la bahía de Palma por un importe máximo de 58 millones de euros. Las actuaciones previstas permitirán actualizar en profundidad la planta, que tiene una capacidad nominal de producción de 63.000 metros cúbicos diarios y presenta un elevado grado de obsolescencia en algunos de los sistemas principales. Esta actuación refuerza, precisamente, el argumento de los que reclaman optimizar primero lo que ya existe.

Cargando
No hay anuncios

También hay interrogantes institucionales. El doctor en Geografía de la UIB Cels García recuerda que las competencias en recursos hídricos corresponden al Gobierno, que es quien debería autorizar una infraestructura de este tipo. El Ejecutivo, por su parte, ha explicado a este diario que el proyecto es municipal y que el Ayuntamiento tiene potestad para desarrollarlo.

Según explica García, la desalinización plantea impactos concretos. Solo aproximadamente un 45% del agua tratada es apta para el consumo; el resto es salmuera que se retorna al mar, hecho que puede provocar posibles afectaciones sobre ecosistemas sensibles, como las praderas de posidonia. A esto se añade el consumo energético: de entre 2 y 2,5 kWh por metro cúbico en las plantas actuales, pero mucho más elevado en las antiguas, donde llega a los 50 kWh, unas cifras que encarecen el coste final del agua respecto a las fuentes tradicionales.