Urbanismo

El PP y Vox permiten realizar 1.500 chalets en zonas de riesgo de incendio

Terraferida ha calculado los efectos de la Ley de simplificación administrativa en los bosques de Mallorca, donde ahora podrá edificarse. Menorca e Ibiza tienen normas propias que lo dificultan

PalmaLa desregulación urbanística provocada por la Ley de simplificación administrativa –se aprobó en el Parlament el pasado diciembre con los votos del PP y Vox– permitirá construir hasta 1.500 chalés en zonas consideradas con riesgo de incendio en Mallorca. Estas construcciones hasta ahora no podían hacerse, porque un decreto ley del Pacto prohibía expresamente ubicar casas en los bosques. Pero el Decreto ley de simplificación de mayo de 2024 y la ley de diciembre han abierto la puerta a construir chalés aunque se trate de zonas con riesgo de incendio.

La cifra la ha calculado el geógrafo Mateu Vic, miembro de Terraferida, la organización que, pese a estar actualmente menos activa, ha decidido bucear en lo que considera "una verdadera aberración". "Vemos que, con el cambio climático, los bosques son polvorinos. Y la mayoría PP-Vox no tiene otra idea que autorizar hacer chalés dentro", lamenta Vic.

El Pacto de izquierdas decidió en 2020 poner fin a la posibilidad de levantar casas en zonas consideradas de riesgo, tanto de incendio, como de desprendimiento, erosión e inundación. El decreto 9/2020 evitó la construcción de miles de chalés en Mallorca y parcialmente en Eivissa, ya que Menorca tiene un plan territorial que impide cualquier nueva edificación en rústico –la Pitiusa mayor también ha protegido las zonas con riesgo de incendio mediante su normativa territorial.

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  • Hasta 1500 nuevos chalets podrán ocupar zonas boscosas en la isla de Mallorca gracias a la Ley de simplificación administrativa. Los expertos consideran que dejar edificar en zonas de árboles y monte bajo es, además de una agresión ambiental, una irresponsabilidad política porque pone en peligro la vida de los ocupantes de las casas y de los equipos de emergencia que deben actuar cuando llega el fuego. Ahora mismo, con media España preocupada por los efectos de las llamas y con el cambio climático desbocado, PP y Vox autorizan nuevos chalets en el bosque.

Con el pretexto de simplificar y hacer más ágil la Administración, el Gobierno de Marga Prohens aprobó en mayo de 2024 una importante amnistía de casas ilegales en suelo rústico que, además, estuvo acompañada de la total derogación de las prohibiciones urbanísticas en zonas de riesgo. Tras la dana de Valencia, "se asustaron y retrocedieron con las zonas inundables, aprovechando la tramitación parlamentaria del Decreto ley de simplificación", confirma un técnico de la Administración que pide el anonimato. Pero el resto de zonas de riesgo quedó desprotegida de forma definitiva cuando se aprobó la ley a finales de año.

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El municipio más beneficiado por la desregulación impulsada por Prohens es Llucmajor. Terraferida advierte que se trata de un término que ya ha sacrificado parte de sus espacios más valiosos para urbanizaciones, chalés aislados y parques solares, y reclama que el Ayuntamiento decrete una suspensión de licencias, tal y como pide también para Manacor, un municipio donde además gobierna la izquierda, que se declara ecologista.

El geógrafo de Terraferida ha analizado todas las parcelas en zonas de riesgo de incendio y recuerda que, "con la normativa del Pacto, si tenías una propiedad parcialmente dentro de zona con riesgo de incendio, podías poner la casa". "En cambio, si toda la parcela estaba en zona de riesgo, sencillamente era inedificable", señala Vic. Con la normativa actual, sumando los dos supuestos, el total de chalés que se pueden edificar dentro de zonas boscosas y que antes no se podían hacer superan los 1.400. También hay "aquellas parcelas que se podrán agregar. De entrada ya hemos identificado un centenar, pero son muchas más", confirma Vic.

El rústico, demasiado edificable

Para Carolina Rodríguez, decana del Colegio de Ingenieros Forestales, “el primer problema es aceptar que se pueda construir en rústico. A estas alturas, todo lo rústico que queda debería ser inedificable, porque su función no es urbanística. destrucción de patrimonio natural".

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Además, Rodríguez recuerda que, "en caso de incendio, la existencia de casas complica la seguridad y las operaciones, porque las casas no tienen ningún trabajo en el bosque". "En el Mediterráneo nos hemos reflejado en modelos de otros lugares, como el norte de Europa, mitificando el concepto de una cabaña en el bosque, junto al lago. Esto no tiene sentido aquí, y es una lástima que se autoricen", asegura la decana de los ingenieros.

Además, la creciente urbanización de zonas boscosas obliga a hacer franjas de autoprotección "que no dejan de ser agresiones en el bosque". "Pero claro, deben hacerse por seguridad", explica Rodríguez, además de añadir que "a más chalets, más franjas y menos bosque". Según recalca el también ingeniero forestal Oriol Domenech, "administrativamente se pueden talar los árboles, por desgracia". "Vas eliminando el riesgo y aumentando el impacto", afirma.

Por si fuera poco, algunas urbanizaciones cercanas a zonas de bosque y garriga han forzado tanto la ocupación de los terrenos autorizados para la construcción que, cuando llega la hora de hacer la franja de protección obligatoria, "ya han consumido el territorio y fuerzan a los vecinos, propietarios de fincas que no han especulado, a cortar, que, según la decana de los forestales, demuestra que "se quiere sacar el máximo rédito al territorio mediante la explotación urbanística".

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Si se analizan los datos elaborados por los miembros de Terraferida, los municipios que más chalets podrán edificar gracias a la desregulación son, por este orden: Llucmajor (198), Manacor (156), Felanitx (112), Campos (94) y Santanyí (62). Según el portavoz de la organización, Jaume Adrover, "precisamente son los municipios que han provocado mayor presión urbanística sobre el territorio". "Donde más se ha construido en rústico, donde más piscinas se han hecho, donde más parques solares se ponen en rústico y, curiosamente, donde se hizo la última autopista, la Llucmajor-Campos", recuerda la activista.

En este sentido, Adrover opina que "nos encontramos ante un proceso de urbanización acelerada de estos municipios del Levante y del Migjorn, que se están convirtiendo en un suburbio de lujo". "Además, se afectarán a zonas en pendiente, tanto en Llucmajor como en las montañas de Manacor y Felanitx, que son muy visibles, con mucho impacto", espeta. En opinión de Mateu Vic y Jaume Adrover, "ha llegado la hora de cambiar de modelo y dejar de explotar el suelo rústico como si fuera un espacio para urbanizar sin alternativa". "Los municipios ya no pueden mirar a otro lado, sobre todo estos que se han llenado de chalés en los últimos años. Tienen que hacer suspensión de licencias urgente, y dejarse de disculpas, y compensar el disparate que han obrado el PP y Vox, si realmente les importa su territorio", asegura Adrover.

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Uno de los problemas que sufre el suelo rústico es la posibilidad de agregar parcelas, es decir, unir propiedades distintas para disponer de los metros necesarios para construir nuevas edificaciones. En esta línea, los especialistas creen que al menos hay 100 casos en zonas boscosas donde con una simple agregación se podrán realizar también chalés que hasta ahora no estaban permitidos.

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Según datos de Terraferida, entre 2015 y 2021 se urbanizaron más de 11 km² de territorio, el equivalente a 1.400 campos de fútbol. Sólo en Mallorca, cada día se consumen más de 0,55 hectáreas de tierra fértil o bosque –una superficie como la Seo de Mallorca cada 19 horas– y se han construido 5.271 piscinas, muchas de ellas en suelo rústico. Este ritmo no ha descendido en los últimos años, con la particularidad de que, además de legalizar las construcciones irregulares, la Ley de simplificación y la de obtención de suelo aprobadas por el PP y Vox permiten continuar utilizando el suelo rústico para casas, e incluso edificios de pisos.

Estas decisiones han provocado una fuerte contestación especialmente de la oposición política y de los movimientos ecologistas. El GOB ha dicho en varias ocasiones que el Gobierno de Marga Prohens está impulsando una política de desregulación del suelo rústico, incluido el protegido. "Esto implica eliminar obstáculos legales y facilitar operaciones especulativas bajo pretextos como la vivienda y la simplificación administrativa", señalan los ecologistas. La Ley de simplificación administrativa ha sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad con el apoyo del PSIB-PSOE, Sumar MÁS y Podemos. Ahora será el Alto Tribunal el único que puede evitar que se siga edificando en el suelo fértil.