El PP da una vuelta a Menorca en contra del catalán normativo

LadrilloEl Consell de Menorca ha dado un paseo en su política lingüística sin tener en cuenta su servicio interno de asesoramiento (SAL) ni con el ente académico de referencia (el Instituto Menorquín de Estudios). El gobierno del PP y la consejera no adscrita Maite de Medrano, expulsada de Vox, hicieron valer a su mayoría conjunta para cumplir el primer acuerdo de su pacto e introducir el castellano y "las formas propias del menorquín" en el Reglamento de Usos Lingüísticos de la institución.

El pleno ha aprobado este lunes, pese al rechazo frontal de la oposición, una medida que modifica de raíz 18 de los 27 artículos del reglamento que estaba en vigor desde 2016. La propuesta, que equipara en muchos supuestos el castellano al catalán en la Administración y da prioridad al menorquín, 4 pero no se ha materializado hasta un año más tarde, a consecuencia del pacto con la exconsejera de Vox que ha permitido al PP aprobar los presupuestos para el próximo año.

Joan Pons, que antes de entrar en política dirigía a Sa Fundació y promovía desde esta entidad el uso de las modalidades insulares frente al catalán normativo, elimina incluso la comisión de seguimiento, participada por técnicos y sindicatos, que hasta ahora supervisaba la aplicación del reglamento para pasarlo a controlar él en persona.

Una medida que ni la propia asesora jurídica del departamento ha validado en su informe preceptivo, pero que, igualmente, ha sido incluida en la normativa. Entre otros cambios, el nuevo reglamento plantea la posibilidad de externalizar parcialmente el servicio lingüístico de la institución o realizar rótulos en castellano "cuando el contexto sociolingüístico así lo aconseje" y fija que todas las normativas y resoluciones deben publicarse simultáneamente en catalán y castellano, además de los pliegos de condiciones o la propia página web.

Asimismo, prioriza el uso del menorquín en la atención personal y telefónica, al igual que en las revistas, memorias, carteles, publicaciones, avisos, anuncios y en la publicidad institucional. El conseller, que al ser nombrado por el cargo ya anunció que promovería la declaración del menorquín como patrimonio cultural inmaterial, pretende que la modalidad insular sea reconocida así como "una riqueza cultural que sea motivo de unión y no de discordia".

Rechazo de entidades ciudadanas

Aun así, Pons no ha encontrado más voces públicas a favor que las de su partido, el PP, y su entidad, Sa Fundació, y, por el contrario, ha recibido el rechazo de entidades ciudadanas como Fem-ho en Català. "La lengua no puede ser moneda de cambio político", concluye esta plataforma, que acusa al gobierno del Consell de "inventarse un problema inexistente" de discriminación del castellano. Es más, teme que concentrar la supervisión sólo en manos del conseller "provocará una total oscuridad en la toma de decisiones. Nos encontramos –dicen– ante un ataque frontal e inaceptable contra el catalán".

Ajeno a las críticas, el conseller ha respondido a la polvareda dejando claro que la institución "seguirá empleando el catalán como lengua propia, pero priorizará el uso del menorquín, como dicta el Estatuto de Autonomía, y sin renunciar al castellano, para aquellos ciudadanos que así lo demanden. El debate -ha claro" que es nuestro gran patrimonio lingüístico, antes de que sea demasiado tarde”. A su entender, se creó un exceso de alarmismo y se acusó de "radicales" a quienes se mostraron contrarios a una medida que favorece la modalidad isleña.

La consejera Maite de Medrano, que ha precipitado su aprobación, dice que el objetivo no es garantizar la cooficialidad del catalán y el castellano, "sino del menorquín y el español, la lengua que hablan 600 millones de habitantes en todo el mundo y que es tan propia o más de los menorquines. una lengua de otra comunidad que nos han impuesto como nuestra”. De Medrano dice que "ni existen los Països Catalans ni nuestra lengua es el catalán. Que así lo prevea todavía el Estatut, es fruto de la traición que sufrimos en los años 80". La consellera no adscrita rechaza "el imperialismo catalán, que nos obliga a que toda la Administración sea en catalán, y la normalización lingüística, que es una burrada y un despropósito que no permite que exista una verdadera libertad de elección de lengua".

Ambas intervenciones han hecho saltar la portavoz de Més por Menorca, Noemí García, quien ha confesado que no le bastarían "ni tres gintónics" para tragarse este discurso, que ha injertado de extrema derecha al PP. "Emprenden formas del menorquín que aquí ni siquiera hemos empleado nunca, un postureo lingüístico de salarlo todo con el que realmente pretenden que el catalán deje de ser la lengua de referencia en Menorca". Para la consellera de Més, "lo que quieren es emplear al menorquín como arma para desmontar la normalización lingüística. Y lo hacen sin ampararse en ninguna reclamación social, ya que nadie se discrimina por hablar castellano.

Se trata de pervertir al menorquín con el objetivo de que haya un retroceso en el". El PSOE ha intentado que la propuesta quedara sobre la mesa, con el argumento de que la tramitación ha sido "incorrecta y precipitada" y ha obviado la preceptiva consulta previa ciudadana, pero no lo ha logrado. "No hay ningún cambio normativo que lo justifique", ha advertido el conseller Edu Robsy, ante la evidencia de que "el PP ha cedido a las exigencias de Vox. Están haciendo lo que nunca se ha atrevido a hacer ni la propia presidenta Prohens".