El peligro de beber del grifo: 145.000 isleños viven sin agua potable

PalmaEn el polígono agroalimentario de Manacor, el trasiego alrededor de la fuente de agua potable que el Ayuntamiento instaló en 2021 no cesa. La gente acude allí a llenar garrafas porque la que sale de los grifos no es apta para el consumo desde hace más de cuarenta años. Con una población de unos 30.000 habitantes, Manacor es la ciudad más poblada de España que todavía no dispone de agua potable en toda la red domiciliaria. En las Baleares, cerca de 145.000 personas viven en zonas con agua considerada no apta para el consumo o en riesgo.

La capital del Levante tiene 11.240 contadores, pero solo un 4% recibe agua potable procedente de la potabilizadora piloto puesta en marcha en 2022. “Es una situación cronificada, es un problema complejo, que depende de una conjunción de factores, y ahora podríamos decir que es la tormenta perfecta”, explica Francesc Grimalt, gerente de la empresa municipal SAM.

El límite sanitario de concentración de nitratos se sitúa en 50 miligramos por litro, pero Manacor distribuye agua con valores de 100 miligramos. Los recibos advierten que el agua no se puede consumir. Según la Organización Mundial de la Salud, el exceso de nitratos representa un riesgo grave para los lactantes alimentados con biberón, porque puede reducir la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y provocar metahemoglobinemia.

El origen del problema se remonta décadas atrás. Grimalt explica que el acuífero de Manacor está confinado y que el uso intensivo de fertilizantes en los antiguos regadíos infiltró nitratos en él. “En sa Pobla, una parte de los nitratos se ha ido drenando hacia la Albufera, mientras que en Manacor no se han ido. Las analíticas no mejoran y no sabemos cuándo se podrá limpiar el acuífero: podemos hablar de un horizonte realista de medio siglo”, advierte.

Depender de agua envasada o tratada

La falta de agua potable traslada a las familias un coste que en otros municipios queda incorporado al servicio público. Según los cálculos municipales, una familia de cuatro miembros necesita anualmente unos 2.920 litros para beber y 1.277 para cocinar. Según los cálculos municipales, una familia de cuatro miembros puede gastar hasta 1.600 euros anuales en agua para beber, a los cuales se añaden el agua para cocinar, los desplazamientos y sistemas como la ósmosis.

Antonia tiene 80 años y vive en un piso sin ascensor. “A mi edad no puedo subir garrafas de agua por la escalera y siempre tengo que depender de si mis familiares me van a comprar y me la suben”, explica. La falta de potabilidad se convierte así en una cuestión de desigualdad.

Rafel Mulet tiene un restaurante en el centro de Manacor y funciona con un sistema de ósmosis conectado al grifo de la cocina y a la cafetera. Con esta agua cocina cada día los platos que sirve. “Desde Sanidad no nos han advertido nunca que tengamos que cocinar con agua envasada o tratada, pero sí que nos han controlado el agua osmotizada que servimos”, señala. Un gesto tan sencillo como llenar una olla para hacer pasta se complica en los negocios de restauración. “Si tuviéramos que cocinar con agua embotellada, necesitaríamos un almacén específico para guardarla, y en este local no nos lo podemos permitir, ni por espacio ni por coste”.

Un problema extendido en todas las Islas

El caso de Manacor es el que concentra más población en un solo municipio, pero no el único. La Alianza por el Agua ha evaluado la calidad del agua de consumo humano y concluye que durante el 2025, 98.452 habitantes censados vivieron en zonas donde el agua no era apta. La cifra sube hasta los 145.027 cuando se añaden las zonas que acumulan incumplimientos reiterados que pueden anticipar una futura declaración de no aptitud. La Consejería de Salud muestreó en 2025 144 redes de suministro de las Baleares. De estas, el 91,7% fueron calificadas de aptas, aunque un 13,9% presentó alguna incidencia que requirió medidas correctoras. El 8,3% restante fue calificado de no apto para el consumo.

“Es un problema estructural, no son episodios aislados. Hay un mal estado generalizado de los acuíferos que provoca que el agua que sale de los grifos sea de mala calidad”, explica Juan Calvo, director de la Alianza por el Agua. El informe constata que diversas zonas acumulan incumplimientos sin interrupción desde el 2016 y que, en casos como el de Manacor, el problema se arrastra desde hace décadas. La entidad apunta a la sobreexplotación y la salinización continuada de los acuíferos, causadas por años de crecimiento urbanístico y presión demográfica.

La naturaleza del problema varía según el territorio: en el Pla predomina la contaminación agrícola por nitratos; en zonas costeras como Santanyí, la salinización; y en Menorca, la contaminación vinculada a la actividad agraria y ganadera. Ibiza y Formentera dependen de la desalación ante el deterioro o la escasa dimensión de los acuíferos.

“Ibiza y Formentera son como pacientes en la UCI que necesitan estar conectados a las máquinas porque, si no, morirían”, resume Calvo. También advierte de otro problema “silencioso y generalizado” en el suelo rústico: pozos que se salinizan, se agotan o presentan contaminación por nitratos sin que las viviendas dispongan de una red alternativa. “Ya no es solo que el agua no sea apta, sino que directamente no hay. En Mallorca ya ha empezado a pasar; en Ibiza ya ha pasado e irá a más si continuamos creciendo”, alerta.

Menorca, récord de incumplimientos

Si hay una isla que concentra especialmente los problemas de calidad, es Menorca. El informe de la Alianza por el Agua sitúa en un 26% las analíticas no aptas registradas en 2025, concentradas principalmente en Mahón, Es Castell y Ciudadela y con una afectación a 22.705 habitantes censados.

En Mahón, el principal problema es la elevada concentración de nitratos. Ciutadella combina la contaminación por nitratos con la salinización. Según la Alianza, su masa de agua subterránea se ha explotado por encima del 104% de la capacidad natural de recarga. Menorca cerró agosto con las reservas hídricas al 33%, el registro más bajo de la última década, y es la isla con las reservas más reducidas.

Ciutadella concentra el 37,5% del consumo de agua de Menorca y representa uno de los casos más extremos del Archipiélago: solo el abastecimiento urbano extrae 3,60 hectómetros cúbicos, por encima de los 3,26 asignados. En este contexto, la Dirección General de Salud Pública ha propuesto sancionar al Ayuntamiento con cerca de 580.000 euros.

El Consistorio sostiene que la mayor parte de las infracciones responden a “una falta de documentación o de actualización” del Plan sanitario del agua y del plan de control, además de cuestiones de mantenimiento, y remarca que los expedientes todavía se encuentran en fase de alegaciones. “No son sanciones por la calidad del agua, sino principalmente por temas documentales y de mantenimiento”, defiende el concejal de Medio Ambiente, Pere Fiol.

El Ayuntamiento asegura que el agua que se suministra actualmente es apta para el consumo y confía en reducir la extracción de los pozos cuando el agua de la desaladora llegue a los depósitos del Caragolí, entre 2027 y 2028. “Esto permitirá dar descanso a los pozos, reducir su salinidad y ofrecer agua de más calidad”. Mientras tanto, afirma que ha tomado medidas para mejorar la gestión del ciclo.

Desalar sin abrir la puerta a crecer

Ante el deterioro de los acuíferos, el Gobierno ha convertido la desalación y las redes de agua en alta en una de las principales respuestas. Recursos Hídricos proyecta una nueva desaladora en Menorca y otra en el sureste de Mallorca, además de ampliar y modernizar plantas ya existentes. Esta estrategia permitiría reducir las extracciones, mezclar el agua desalada con la de los pozos y rebajar la concentración de nitratos, cloruros y cal, pero es una solución que no ataca las causas como el crecimiento permanente.

Manacor había optado por una solución propia: una planta potabilizadora para extender la experiencia piloto de la Volta y el Serralt, pero los informes desfavorables de Recursos Hídricos obligaron a rescindir el contrato. El Gobierno opta por llevar agua de la red en alta y, más adelante, de la futura desaladora del Migjorn.

El gerente de la SAM defiende que el agua exterior permitirá diluir los nitratos y acercarlos a los niveles normativos, pero que la recuperación natural del acuífero requerirá décadas. También advierte que llevar agua nueva no puede sustituir la gestión de la demanda: “Las soluciones deben permitir restringir y contener el consumo. Podemos reducir la dotación por persona, pero, si pasamos de servir a 30.000 habitantes a 50.000 o 60.000, el problema seguirá existiendo”.

A pesar de no haber podido ejecutar la potabilizadora, Manacor ha avanzado en la gestión del ciclo del agua. La SAM ha sectorizado buena parte de la red para detectar averías y fugas en tiempo real, ha reducido de manera significativa las pérdidas y ha culminado la instalación de cerca de 9.000 contadores digitales, lo cual permite identificar fugas interiores. El pleno también ha aprobado inicialmente tarifas progresivas por bloques que protegen el consumo básico y encarecen los usos más elevados.

Para Calvo, estos pasos deberían ser una condición previa a cualquier aportación externa: reducir fugas, instalar contadores, aprobar tarifas progresivas, limitar los consumos elevados y reutilizar el agua depurada. “Si simplemente llevamos agua a los municipios que han gestionado mal el recurso, estamos premiando a los que no han hecho los deberes”, sostiene. La llegada de nuevos caudales, advierte, puede generar un efecto llamada: “Como ya tenemos agua, entonces ya podemos volver a crecer”.