La OCB presenta alegaciones contra el Reglamento de usos lingüísticos del Consell de Menorca
La entidad pide la revocación de la aprobación inicial o, subsidiariamente, la suspensión de la tramitación por posibles vulneraciones legales y defectos procedimentales
PalmaLa Obra Cultural Balear (OCB) ha presentado alegaciones contra el Reglamento de Usos Lingüísticos del Consell de Menorca y exige la revocación de su aprobación inicial o, subsidiariamente, la suspensión inmediata de la tramitación. Según la entidad, el texto vulnera el ordenamiento jurídico vigente en las Islas Baleares y presenta "numerosas deficiencias procedimentales".
Entre las principales carencias, la OCB denuncia la ausencia de informes preceptivos del Consejo Jurídico Consultivo de las Islas Baleares y de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), además de la conveniencia de recabar el parecer del Consejo Social de la Lengua Catalana. La entidad sostiene que, de acuerdo con la Ley de consejos insulares, el Reglamento debería someterse necesariamente al informe del Consell Jurídic Consultiu.
En cuanto a la UIB, recuerda que el Estatuto de Autonomía la reconoce como "institución oficial consultiva para todo lo que se refiere a la lengua catalana", y subraya que la omisión de esta consulta podría comportar la anulación de la norma, tal y como recogen sentencias del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. En este sentido, la OCB considera que el contenido del Reglamento incide directamente en la normalización lingüística, las relaciones entre la ciudadanía y la administración y el funcionamiento interno del Consejo, ámbitos que exigen una evaluación técnica previa.
En cuanto al fondo del texto, la entidad alerta de que la propuesta supone un "retroceso injustificado" en la protección del catalán, especialmente si se compara con el Decreto 49/2018 del Gobierno y con el Reglamento lingüístico del Consejo de Menorca de 2021, todavía vigente. La OCB afirma que la reforma vulnera el principio de no regresión e introduce medidas que debilitan la normalización del catalán en ámbitos como el personal, la contratación pública, las actuaciones administrativas internas y el uso por parte de los cargos públicos.
Por último, critica la priorización de la variedad menorquina como forma de uso formal de la lengua, una opción que califica de "acientífica" y contraria al ordenamiento jurídico, ya que, según la entidad, pretende equiparar una variante dialectal a la lengua establecida académicamente. Para la OCB, el Reglamento responde a un intento de "retroceder la lengua catalana, propia de Menorca, y de erosionar los derechos lingüísticos de la ciudadanía".