Dos nuevos expedientes elevan a seis los establecimientos de Can Picafort investigados por ocupaciones irregulares del litoral
El GOB reclama explicaciones al Ayuntamiento de Santa Margalida y pide la destitución del concejal Eugenio Garrido por su vinculación con una de las empresas expedientadas
PalmaEl Consell de Mallorca ha abierto dos nuevos expedientes de disciplina litoral en Can Picafort por ocupaciones sin el correspondiente título habilitante. Los procedimientos, dictados este 3 de septiembre, afectan al supermercado SPAR Roma, situado en el paseo del ingeniero Antoni Garau, y al restaurante cafetería Don Denis, en el paseo del ingeniero Felicià Fuster. Con estos dos nuevos casos, ya son seis los establecimientos expedientados de los cuales tiene constancia el GOB.
Según la entidad, los nuevos expedientes evidencian que no se trata de casos aislados, sino de un problema más amplio de ocupación del espacio público litoral por parte de establecimientos comerciales y de restauración. En ambos procedimientos, las actuaciones se han iniciado tanto contra los promotores de los negocios como contra el Ayuntamiento de Santa Margalida, como titular de los terrenos afectados. Las resoluciones ordenan la suspensión del uso que se considera indebido y la retirada de las instalaciones afectadas.
Tres expedientes vinculados a la misma sociedad
Uno de los nuevos procedimientos corresponde al supermercado SPAR Roma, promovido por LAUMAE GARRIDO SLU, una sociedad que también aparece en los expedientes abiertos contra el Restaurante Chocolate y el Hotel Vent i Mar. De acuerdo con los datos facilitados por el GOB, los tres expedientes acumulan provisionalmente 29.580 euros entre las sanciones propuestas y los beneficios económicos que deberían ser entregados a la Administración.
La entidad pone el foco en el hecho de que la sociedad está vinculada al concejal de Santa Margalida Eugenio Garrido Vivas, responsable municipal de Obras, Servicios e Infraestructuras y con competencias relacionadas con la organización y la explotación de las playas. Por este motivo, el GOB considera que, más allá del resultado de los expedientes administrativos, hay una cuestión de responsabilidad política y reclama la destitución de Garrido de las responsabilidades municipales relacionadas con esta materia.
58.392,50 euros en seis expedientes
Los dos nuevos procedimientos elevan hasta los 58.392,50 euros el importe provisional conjunto de las sanciones propuestas y los beneficios económicos cuantificados en los seis expedientes que conoce el GOB.
Los cuatro primeros, que la entidad dio a conocer el 31 de agosto, acumulaban 43.665 euros. Los dos nuevos expedientes suman 14.727,50 euros: 7.220 euros en el caso del SPAR Roma, 1.550 de los cuales corresponden a la sanción y 5.670 euros, al beneficio económico, y 7.507,50 euros en el caso del Restaurante Cafetería Don Denis, con una sanción propuesta de 1.027,50 euros y 6.480 euros de beneficio. El GOB alerta, sin embargo, que todavía se desconoce si la inspección dará lugar a nuevos expedientes y reclama al Consell que haga público el alcance global de las actuaciones.
El GOB reclama explicaciones
La entidad ecologista también cuestiona el papel del Ayuntamiento de Santa Margalida. El alcalde, Martí Torres, ha asegurado públicamente que el Consistorio "no ha autorizado nada allí". Según informaciones publicadas por diversos medios, el Ayuntamiento tampoco habría cobrado la tasa municipal a los establecimientos porque no disponían de la autorización de Costas. Para el GOB, si el Ayuntamiento conocía esta situación, debe explicar por qué las ocupaciones se han podido mantener durante años y qué actuaciones llevó a cabo para restablecer la legalidad.
Además, las nuevas resoluciones del Consell requieren al Consistorio que certifique si existía algún acuerdo municipal de autorización y qué cuantía de precio público se había abonado durante el 2024. La entidad reclama que esta información se haga pública y que se aclare qué se había autorizado, qué se había cobrado y cómo se había actuado ante las ocupaciones que no disponían de los títulos necesarios. El GOB también señala que el acta correspondiente al SPAR Roma constata que, aunque hay cuatro metros de paso libre, 1,20 metros de la ocupación se sitúan dentro de la servidumbre de tránsito.
Ante lo que considera un "goteo" de nuevos expedientes, la organización reclama al Consell que explique cuántas inspecciones se han hecho en Can Picafort y cuántos procedimientos todavía están pendientes. El GOB defiende que el caso pone de manifiesto las carencias en los mecanismos de control y considera que la futura ley del litoral debería incorporar garantías más efectivas para asegurar el uso público de la costa, así como más coordinación, inspección y control administrativo.
La entidad reclama, en concreto, la depuración de responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Santa Margalida, la destitución de Eugenio Garrido de las competencias municipales relacionadas con esta materia, transparencia sobre las autorizaciones y los importes cobrados o dejados de cobrar, la retirada de las ocupaciones irregulares y el restablecimiento de la legalidad en las servidumbres costeras. Para el GOB, el litoral es un espacio de uso colectivo que no puede ser objeto de apropiación para usos privados sin las autorizaciones correspondientes y considera que las administraciones deben garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa.