Menos límites para una tierra al límite

PalmaNo se puede atribuir al Govern de Marga Prohens una saturación generada durante décadas. Pero los movimientos sociales y ecologistas que convocan las manifestaciones de este verano –Menorca da el pistoletazo de salida– consideran que “no se puede afirmar que hayan tomado una sola medida realmente de contención, ni siquiera de mitigación de los impactos”, según apunta el geógrafo de la UIB Macià Blázquez.

Las reformas normativas aprobadas en los últimos tres años se han presentado como una respuesta a la necesidad de simplificar la Administración. Sin embargo, la oposición política y las entidades conservacionistas han reiterado las críticas porque las reformas han ido en la dirección de reducir los mecanismos que servían para limitar la transformación del territorio en las últimas décadas.

Diferentes leyes y disposiciones han construido un modelo que establece “menos controles, menos condicionantes ambientales y más capacidad de crecimiento”, en palabras de la oposición.

Por su parte, el Govern defiende que ha impulsado diversas medidas para contener la presión turística y limitar el aumento de visitantes, entre las que destaca “el Decreto de contención turística, que impide incrementar la oferta de alojamiento, ya que para dar de alta una plaza nueva es necesario dar de baja otra, y que prohíbe la creación de nuevas plazas turísticas en pisos”, argumentan fuentes del Ejecutivo.

Sin Comisión de Medio Ambiente

Si hay una decisión que simboliza la filosofía del Gobierno es la supresión de la Comisión Balear de Medio Ambiente. Sectores como el de los promotores se habían quejado de la gran cantidad de proyectos urbanísticos que avanzaban “demasiado lentamente”, y el Ejecutivo de Prohens se comprometió a eliminar lo que los ecologistas consideraban un filtro ambiental independiente para los proyectos con mayor impacto territorial.

El Gobierno justificó su eliminación argumentando que era un órgano lento, burocrático y excesivamente politizado. Pero la desaparición de la Comisión implica más que una reforma administrativa. “Significa sustituir un sistema colegiado por una estructura integrada dentro de la Administración que impulsa buena parte de las políticas territoriales”, critica la portavoz del GEN-GOB, Neus Prats. Dieciséis entidades ambientales reclamaron públicamente el mantenimiento de la Comisión.

El Ejecutivo designó a Paz Andrade como responsable de la validación y valoración ambiental de los proyectos. Fuentes técnicas de diferentes consejerías consultadas por ARA Balears confirman que Andrade tiene un perfil “muy ejecutivo, y no tiene ningún problema en impulsar las actuaciones que hagan falta para hacer posibles los compromisos políticos de aceleración de proyectos”. “No ha venido aquí a proteger el medio ambiente”, afirman.

Torre Vella, primer caso

Pocos meses después de la eliminación de la Comisión, llegó un caso que muchos ecologistas han convertido en ejemplo de los riesgos del nuevo sistema. En Torre Vella (Menorca) se habían construido siete piscinas en un proyecto donde inicialmente solo figuraban siete depósitos de recogida de agua. La antigua Comisión Balear de Medio Ambiente había mantenido objeciones a este cambio. Cuando el Ayuntamiento de Alaior concedió la licencia, el GOB denunció que la supresión de la Comisión había dejado sin continuidad institucional aquella oposición ambiental. “Nadie defiende ni reclama esta sanción ambiental”, advirtieron.

Amnistía en rústico

La medida más simbólica de la legislatura es probablemente la legalización extraordinaria de construcciones ilegales en suelo rústico. “Algo se tenía que hacer y no se podían mantener las viviendas en un limbo de manera indefinida”, explicó el vicepresidente Antoni Costa a el ARA Balears cuando se aprobó la primera versión de la medida. La Ley de simplificación administrativa aprobada por el Govern ha permitido regularizar cientos de viviendas y edificaciones fuera de ordenación que habían prescrito urbanísticamente. Se trata de una reivindicación histórica de determinados sectores de propietarios, pero también de una de las decisiones que más alarma ha generado entre ecologistas, urbanistas y expertos en ordenación territorial. “Los que legalizan ahora pueden alquilar, por ejemplo. Lo tendrán todo en regla y se producirá más ocupación del rústico”, advirtió el portavoz de Terraferida, Jaume Adrover.

Según la oposición –que llevó la norma al Constitucional–, “se da el mensaje de que construir una casa irregular no es algo mal hecho, porque se acaba arreglando por parte de la Administración”.

El ARA Balears documentó una avalancha de consultas y cientos de expedientes tras la entrada en vigor de la iniciativa, una situación que confirmó que la medida tenía un impacto significativo. “Electoralmente esto puede funcionar, tristemente”, asegura Neus Prats.

El proyecto de la simplificación

La Ley de simplificación administrativa modificó más de 170 artículos y decenas de normas sectoriales. Se apostó por reducir trámites, eliminar informes y establecer menos condicionantes. Para determinados sectores empresariales fue una bendición, pero para los conservacionistas implicó una reducción de los controles.

De entre las medidas aprobadas –además de la legalización en rústico–, el GOB y otras entidades destacaron negativamente que el Gobierno recuperase la posibilidad de construir nuevas casas en suelo rústico con riesgo de erosión, deslizamiento e incendio. “La catalogación de estos espacios no estaba bien elaborada y se quitaban derechos, a veces sin ningún fundamento real”, explicó el Ejecutivo. La simplificación era un compromiso electoral que el PP ha aplicado a buena parte de las comunidades donde gobierna.

Por otro lado, fuentes del Ejecutivo aseguran a ARA Balears que “se ha reforzado la lucha contra la oferta turística ilegal mediante la obligación de incorporar el número de registro en los anuncios; el endurecimiento de las sanciones; la aportación de recursos del Impuesto de Turismo Sostenible para reforzar la inspección de los consejos insulares, y la colaboración con las plataformas digitales para eliminar anuncios irregulares”. Según el Gobierno, las actuaciones realizadas hasta ahora han permitido retirar anuncios equivalentes a unas 60.000 plazas turísticas.

Entre las medidas adoptadas también figura el decreto que prohíbe el alquiler de embarcaciones particulares, como también el acuerdo con las navieras para reducir el techo semanal de cruceristas. Según el Ejecutivo, esta limitación equivaldrá a una reducción de unos 30.000 cruceristas mensuales durante los meses de julio, agosto y septiembre a partir del año que viene.

Más construcción

La reforma de la vivienda pactada entre el PP y Vox representa probablemente el mayor incremento de capacidad urbanística de la legislatura. La emergencia en torno a la vivienda ha hecho que el Ejecutivo haya desplegado un conjunto de iniciativas entre las que destaca el aumento de densidad de hasta el 45% en los grandes proyectos urbanísticos. Palma tramita ocho, que supondrán unas 11.000 viviendas, al menos la mitad de las cuales deberán tener algún grado de limitación del precio.

El GOB denunció que, por mucho que el objetivo sea aumentar el número de pisos para los residentes, no se puede apostar por un modelo de crecimiento “desvinculado de la capacidad ecológica real del territorio”. A día de hoy, hay un debate importante sobre si este crecimiento urbanístico –el Plan General de Palma no lo preveía– se puede desarrollar cuando los informes de Recursos Hídricos del Gobierno ya advertían en 2023 que no había agua ni para los planes aprobados por la izquierda.

Menos control del agua

El enfrentamiento por el agua ha sido una de las tónicas de esta legislatura. El equipo del alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha impulsado la construcción de más viviendas y ha chocado a menudo con las indicaciones y restricciones de la Conselleria de la Mar i el Cicle de l’Aigua.

Esto dibuja una paradoja. En unas islas que encadenan episodios de sequía, restricciones y sobreexplotación de los acuíferos, la política territorial continúa planificando miles de viviendas nuevas mientras se reduce la capacidad de algunos organismos técnicos para actuar como freno.

Con este escenario, de momento, “la batalla la gana la necesidad de vivienda y la presión de los promotores”, explica un técnico consultado por el ARA Balears. Una disposición adicional de la Ley ómnibus aprobada hace semanas permite que, en determinados casos, los ayuntamientos decidan no pasar por Recursos Hídrics sus planes urbanísticos.

También las áreas de transición

También con el pretexto de la falta de vivienda –a partir de una exigencia específica de Vox–, el Parlament incluyó dentro de las reformas legislativas la posibilidad de construir viviendas en las zonas de transición en los municipios de más de 20.000 habitantes.

En una comunidad que denuncia la desaparición progresiva de los espacios libres, la flexibilización de estas zonas representa un cambio de paradigma difícil de ignorar. El Gobierno admite que “las Islas han llegado a su límite”. “Lo hemos reconocido, empezando por la misma presidenta”, señalan fuentes del Ejecutivo, que rebaten que “no solo se están haciendo medidas, sino también inversiones importantes en innovación y actuaciones como la creación de la Unidad Aceleradora de proyectos estratégicos”, dicen.