La Justicia autoriza el desalojo de la antigua prisión de Palma

PalmaUn juzgado de Palma ha autorizado la entrada y desalojo forzoso de las 80 últimas personas que residen en la antigua prisión de la ciudad que, previsiblemente, se ejecutará este mes de junio.

Así lo ha informado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa este martes para dar cuenta de el auto judicial dictado el pasado viernes, después de que el Ayuntamiento solicitase este desalojo para recuperar la posesión del inmueble que llegó a estar habitado por más de 200 personas.

A partir de esta resolución, este jueves se convocará una Junta local de seguridad extraordinaria para planificar, coordinar y establecer una fecha para el desalojo.

Martínez no ha concretado en qué fecha podría ejecutarse el desalojo forzoso, aunque ha subrayado que está en contacto con la Delegación del gobierno español en las Illes Balears. El alcalde ha destacado positivamente que la resolución del juez se dictó el mismo día que Cort hizo la solicitud y que "da la razón en todos y cada uno de los puntos del expediente". Además, ha señalado que la resolución destaca que los informes sociales acreditan que no se ha identificado en la antigua cárcel a ningún menor y tampoco a víctimas de violencia de género.

El auto, facilitado por el Ayuntamiento, señala la necesidad del desalojo, teniendo en cuenta el "mal estado de salubridad" en el que se encuentran los residentes, tal como se desprende de informes de la Policía Local, del Servicio contra Incendios y Salvamento y autoridades sanitarias. Estos informes, continúa la resolución judicial, ponen de manifiesto la existencia de un "riesgo real, grave y actual" para la vida e integridad física de las personas que residen en el inmueble, una estructura que "dificulta" la evacuación y un "alto riesgo" de incendio.

El auto judicial también subraya que el Ayuntamiento ha informado, valorado y ofrecido a los residentes el acceso a los diferentes recursos de los servicios sociales y que la medida de desalojo forzoso es "necesaria, adecuada y proporcionada".

Por otra parte, el alcalde ha destacado que los servicios sociales municipales continuarán informando y estarán a disposición de las personas que no han abandonado el inmueble de manera voluntaria. Según ha indicado, de las más de 200 personas que había en febrero, la "gran mayoría" de las 140 personas que han abandonado la prisión se han ido de Palma, mientras que otras 45 han accedido a recursos del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.

En este sentido, ha asegurado que el Ayuntamiento no tiene constancia de que estas personas se hayan desplazado a otros asentamientos o edificios de la capital.

El Área de Infraestructuras trabaja para cerrar los accesos a la antigua prisión una vez se haya ejecutado el desalojo forzoso. También se instalará videovigilancia y habrá presencia de la Policía Local para evitar nuevas entradas, ha añadido el alcalde.