El Govern, pendiente de Vox para importar los residuos de Eivissa a Mallorca
El Decreto ley que autoriza la operación deberá ser validado en el Parlamento para mantener la vigencia de la norma
PalmaEl Govern ha modificado la Ley de residuos para legalizar la importación del estiércol de Ibiza hacia Mallorca, y lo ha hecho sin grandes anuncios, aprovechando la aprobación del Decreto ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos, aprobado a principios de este mes. Pero, tras eliminar los obstáculos que ponía la Ley de residuos para trasladar estiércol entre islas con el Decreto ley, el Ejecutivo de Marga Prohens está obligado a pasarlo por la validación parlamentaria.
El Grupo Parlamentario Popular necesitará el apoyo de Vox para mantener la aplicación del Decreto Ley y la importación de residuos. Se da por supuesto que los partidos de la izquierda no estarán de acuerdo, y Prohens se ve abocada a tener que cerrar de nuevo un apoyo de la extrema derecha, que de no llegar complicaría el traslado del estiércol pitiuso. Las relaciones con Vox han tenido constantes altibajos y en estos momentos no existe ningún compromiso formal de apoyo al decreto que incluye la medida. Cabe recordar que los decretos legislativos no pueden aprobarse por artículos cuando se validan, sino que deben hacerse de forma íntegra.
En todo caso, la norma que ahora mismo está vigente elimina los impedimentos de la Ley de residuos y autoriza al Consell de Ibiza para que "pueda adoptar un acuerdo plenario mediante el cual, previa autorización del Consell de Mallorca, fije las eventuales condiciones de la recepción, se determine el traslado de la fracción desperdicio de los residuos a las plantas.
La adopción de este acuerdo implicará la declaración de servicio público del traslado, incluyendo tanto el transporte marítimo como el terrestre. Este traslado podrá mantenerse vigente hasta que se apruebe la revisión del Plan Director Sectorial de Prevención y Gestión de Residuos de Eivissa, que deberá establecer un sistema definitivo para gestionar esta fracción rechazo.
El Decreto ley en cuestión no incluía este objetivo en la exposición de motivos, pero el Ejecutivo lo ha aprovechado para sacar adelante la modificación de la Ley de residuos y dejar vía libre a la importación. Según el Govern, "ante la finalización inminente de la vida útil del vertedero de residuos de Ca na Putxa, en la isla de Ibiza se faculta para su valorización energética".
Antes de poner en marcha esta operativa de importación, "se llevará a cabo por la entidad concesionaria del servicio público obligatorio insular una prueba piloto de este traslado, cuyo coste será asumido por el Consell de Ibiza o por las personas públicas o privadas beneficiarias del servicio, según corresponda", dice el texto. Por tanto, no se podrá iniciar el servicio hasta que se acredite que la operación no genera problemas técnicos.
Excepcional
La importación de residuos se ha planteado como una solución "excepcional y provisional", con una inversión pública de hasta 50 millones de euros para cubrir su operación de traslado. Sin embargo, esta medida ha generado preocupación entre entidades ecologistas y partidos de la oposición, que alertan de que podría convertirse en una solución permanente con costes para Mallorca. Esta situación ha encendido las alarmas entre entidades ecologistas y vecinales, que consideran que trasladar residuos para quemarlos es una "solución irresponsable e insostenible".
La operación también ha sido criticada por la falta de planificación estratégica y la posible cronificación del problema, con el riesgo de que Mallorca acabe asumiendo residuos de otras islas de forma indefinida. Los vecinos de Son Sardina, por ejemplo, han denunciado una descoordinación "brutal" y una sensación de "desprecio institucional" ante esta situación.