El Gobierno adjudica las nuevas concesiones de playa de Formentera para intentar cerrar la crisis política
Quedan fuera las instalaciones más conflictivas y también las instalaciones que según un informe al cual dio apoyo la anterior directora general se deberían descartar
PalmaEl Gobierno ha intentado este martes dar por cerrada la crisis política abierta en torno a la gestión de las concesiones de temporada de las playas de Formentera. Tras días de polémica marcados por el cese de la directora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer, las críticas de la oposición, el apoyo público de los funcionarios de la Dirección General de Costas a la exdirectora y las quejas de los concesionarios de los chiringuitos de las playas por la falta de decisiones, la Consejería del Mar y del Ciclo del Agua ha anunciado que ha culminado la revisión de las instalaciones de temporada y ha aprobado la resolución que fija las ocupaciones autorizadas para el período 2026-2029.
Según la Consejería, la resolución se ha adoptado tras analizar las alegaciones presentadas por el Consell Insular de Formentera, el cual durante la tramitación modificó parte de sus propuestas iniciales. Entre los cambios introducidos figuran la renuncia a determinadas instalaciones, la reubicación de zonas de tumbonas y sombrillas y la reducción de superficies de ocupación para adaptarlas a las distancias exigidas respecto de los sistemas dunares y de la línea de pleamar.
El Gobierno asegura que ha revisado individualmente cada propuesta y que solo ha autorizado las que se consideran compatibles con "la normativa de Costas, la protección ambiental y el mantenimiento del uso público de las playas". El caso es que esta resolución llega una vez destituida la exdirectora general Maria Joaquina Ferrer, a quien el Ejecutivo había atribuido la falta de diligencia en la gestión de las tumbonas. La polémica, sin embargo, va mucho más allá, porque el meollo del conflicto es la intención de Ferrer de hacer caso a los técnicos y decretar la caducidad de los chiringuitos que acumulan diversas irregularidades.
Precisamente algunos empresarios que habían perdido las concesiones han hecho un comunicado este martes en el que denuncian la incertidumbre provocada por la falta de una decisión definitiva sobre los servicios de temporada. Los empresarios advierten de que la situación compromete la actividad económica y reclamaban al Gobierno que desbloqueara definitivamente los expedientes.
Según estos empresarios, "el Gobierno ya dispone de informes que identifican incumplimientos esenciales y concluyen que se ha de incoar el procedimiento de caducidad. No puede pedir informes, recibir una conclusión inequívoca y después actuar como si esta conclusión no existiera". Además, aseguran que "el relevo en la Dirección General no se puede convertir en un mecanismo para dilatar, archivar o desactivar un procedimiento cuya incoación ha sido expresamente propuesta por los técnicos competentes".
Respuesta parcial
Con la resolución anunciada este martes, el Ejecutivo pretende dar respuesta a esta situación y dar estabilidad a las concesiones para los próximos cuatro años, una vez revisadas las alegaciones presentadas por el Consell Insular.
Entre las actuaciones autorizadas se encuentran instalaciones en cala Saona, cavall d'en Borràs, las Illetes, Llevant, los Pujols, el Caló, el Copinyar, Migjorn, los Arenals y el estany del Peix. Buena parte de las autorizaciones corresponden a servicios vinculados a la seguridad y la accesibilidad, como torres de vigilancia, módulos de primeros auxilios, embarcaciones de salvamento y equipamientos destinados a facilitar el acceso de personas con movilidad reducida.
La resolución también da luz verde a determinadas zonas de tumbonas y sombrillas después de que el Consell haya modificado la configuración, reducido la superficie o cambiado la ubicación para adaptarlas a los criterios técnicos exigidos.
No obstante, la Conselleria mantiene fuera de la concesión diversas ocupaciones que considera incompatibles con la normativa vigente. Figuran determinadas zonas de tumbonas y sombrillas en las Illetes, un quiosco-librería en el Copinyar y varios chiringuitos, terrazas y casetas de baño previstas en Cala Saona, los Pujols, el Copinyar, los Arenals, Migjorn y Ca Marí.
El departamento recuerda igualmente que todas las ocupaciones autorizadas deberán adaptarse en todo momento a la realidad física de cada playa y que, si las condiciones del litoral varían durante la temporada, las instalaciones podrán ser modificadas, reubicadas o retiradas de manera consensuada con la Conselleria.
El informe que aún proyectan sombras sobre el expediente
A pesar de este intento de dar por superada la controversia, la nueva resolución no disipa el principal interrogante que ha marcado la crisis política de las últimas semanas. Según ha podido saber el ARA Balears, antes del cese de Maria Joaquina Ferrer, los servicios técnicos de la Dirección General de Costas elaboraron un informe jurídico de 16 páginas que concluía que existían suficientes indicios para incoar el expediente de caducidad de la concesión vigente de los servicios de temporada de las playas de Formentera.
El informe sostiene que se habían incumplido diversas condiciones esenciales impuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica al otorgar la concesión, entre ellas el hecho de que varios quioscos no fueran realmente desmontables, que no se hubieran retirado durante el periodo obligatorio, modificaciones en la ubicación de algunas instalaciones y otros incumplimientos relativos a los servicios autorizados. Por este motivo, los técnicos proponían incoar el procedimiento de caducidad de la concesión.
Según diversas fuentes conocedoras del expediente, Ferrer compartía este criterio técnico y defendía continuar la tramitación de la propuesta formulada por los servicios de Costas. Estas mismas fuentes aseguran que instancias superiores del Gobierno indicaron que no debía seguir esta vía, un desacuerdo que habría acabado desembocando en el cese de Ferrer.
La nota de prensa difundida este martes, sin embargo, no hace ninguna referencia a este informe interno ni explica qué recorrido administrativo ha tenido la propuesta de caducidad. El Gobierno centra su mensaje en las nuevas autorizaciones para el periodo 2026-2029 y en las modificaciones introducidas por el Consell de Formentera para adaptar las ocupaciones a los requisitos técnicos exigidos por la normativa de Costas.
La gran incógnita continúa siendo, así, qué ha pasado con el expediente elaborado por los servicios técnicos que proponía declarar la caducidad de la concesión vigente, la cual, según diversas fuentes, originó el conflicto interno que ha acabado con el cese de la directora general de Costas y Litoral.