El Gobierno abre la puerta a más parques solares y grandes superficies

Parques solares en suelo rústico sin otra restricción que los espacios protegidos, centros comerciales u otras empresas que podrán establecerse con una simple declaración responsable, sin esperar la licencia. Éstas son algunas de las novedades que incluye el Decreto ley para acelerar proyectos que aprobó a principios de septiembre el Gobierno de Marga Prohens y que ya se encuentra en vigor.

La norma permite a la Administración acelerar nuevas inversiones exceptuando y eliminando trámites a los proyectos elegidos. Además, vuelve a abrir la puerta a que las empresas y particulares no tengan que necesitar licencia, en muchos casos, y puedan regirse por una simple declaración responsable. Es un nuevo empujón a la promesa de simplificar las tramitaciones realizadas por el Ejecutivo, y que –como ya ocurrió con la legalización en suelo rústico–, no sólo reduce burocracia, sino que también liberaliza y elimina restricciones a promotores públicos y privados.

El decreto ley consolida la figura de las llamadas Zonas de Aceleración de Renovables (ZARIB), que permitirán instalar parques solares en casi todo el suelo rústico. Las únicas excepciones serán los suelos protegidos, las zonas de regadío y los terrenos que reciban ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC), supuestamente activos agrariamente. En el resto de suelo rústico, si el municipio está de acuerdo, estos proyectos podrán salir adelante sin necesidad de declararlos de interés general, como se hacía hasta ahora.

Hasta hace poco, parecía que los proyectos de parques solares quedarían mucho más 'collados' por la zonificación que preparaba el Consell de Mallorca. Ahora, el único requisito será recibir la condición de estratégico. El propio decreto ley regula qué tipología de actuaciones pueden obtener esta calificación: básicamente, se trata de "propuestas de inversión para reindustrializar" y "consolidar el tejido industrial balear", y dinamizar e innovar su economía. Otra referencia de la norma habla de propuestas "vinculadas a actividades económicas que aporten valor añadido". La fórmula, según un técnico del Gobierno que ha seguido la tramitación del decreto ley, "permite dar cabida a cualquier proyecto que el Govern quiera impulsar, simplificándole la tramitación y eliminando incluso requisitos normativos en vigor", afirma.

Para ser declarado estratégico, un proyecto debe asegurar una inversión mínima: 500.000 euros las propuestas agrarias, 3 millones en los ámbitos de innovación, investigación, salud y educación; y 10 millones en el resto de sectores.

El decreto ley aprovecha la oportunidad no sólo para establecer toda una serie de criterios para acelerar proyectos, sino que también liberaliza y simplifica la actividad económica en general: ordena a las consellerias que analicen todas aquellas tramitaciones donde se puede eliminar la licencia como requisito previo para poner en marcha una actividad o instalación, y pueda ser sustituida por una simple declaración responsable. Antes de final de año, cada conselleria deberá hacer una lista de las licencias que puede eliminar, y dentro del 2026 el Govern promoverá los cambios legislativos que sean necesarios.

Sin licencia de actividades

Una de las grandes reformas que promueve este decreto ley es precisamente la regulación de las actividades, que van desde un restaurante a industrias, o grandes establecimientos comerciales. Hasta ahora, las empresas promotoras debían solicitar esta autorización, y ahora podrán poner en marcha su actividad con una declaración responsable. El Govern pide también a los ayuntamientos mediante el decreto que busquen todas las tramitaciones confusas simplificables.

La norma del Gobierno también modifica la Ley de residuos para transportar el estiércol de Ibiza para su incineración en Mallorca. Las medidas de esta operación han generado mucha polémica, especialmente entre los vecinos de Son Sardina y grupos ecologistas como el GOB.

El conjunto de esta norma está en vigor desde el día 7 de septiembre, ya que –al tratarse de un decreto ley– se aplica de forma automática. Sin embargo, esta rapidez obliga a que sea validada dentro de los 30 días siguientes. Por eso, este martes, día 30, el Ejecutivo deberá conseguir –además del apoyo de su propio grupo parlamentario, el PP– el voto favorable de Vox. De otra forma, la normativa quedaría derogada.

Dinamización económica

Según el Ejecutivo, la norma pretende contribuir a la dinamización económica de las Islas Baleares. Admite que, pese a su crecimiento sostenido, "se ha observado una caída progresiva y una disminución de la renta disponible respecto a la media española y de otras regiones". Por eso, el Gobierno considera que es imprescindible "combatir uno de los principales frenos al crecimiento económico" del Archipiélago: el exceso de burocracia. La complejidad de las tramitaciones administrativas, afirma el Ejecutivo, se había convertido en un obstáculo para empresas e inversores, y había dificultado la implantación de proyectos y ralentizado la diversificación del tejido productivo.

La norma crea un marco único de tramitación para los Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE), que tendrán un procedimiento preferente, simplificado y con acompañamiento institucional. Una comisión formada por un consejero y siete directores generales –y sin participación externa ni sectorial– decidirá qué proyectos merecen ser acelerados. Los ámbitos prioritarios de inversión son la innovación y la investigación, la salud, la educación y la gestión del ciclo del agua, considerados "esenciales para retener talento y mejorar la sostenibilidad".