El GOB considera que el caso sobre la caducidad sistemática de expedientes ha demostrado la incapacidad sistemática de Medio Ambiente
El Juzgado número 6 de Palma ha archivado el caso impulsado por la Fiscalía, que atendió a las denuncias de los agentes de Medio Ambiente, indignados con el hecho de que su trabajo quedaba en nada
PalmaEl Juzgado de Instrucción número 6 de Palma ha decidido archivar la causa abierta contra el ex conseller de Medio Ambiente Miquel Mir y parte de la antigua cúpula de Medio Ambiente del Govern por un presunto delito de prevaricación respecto de la caducidad sistemática de expedientes en la Conselleria. Fuentes jurídicas han explicado al ARA Baleares que no era fácil mantener abierta la investigación pese a la querella formulada en su día por la Fiscalía de Medio Ambiente, "ya que para los delitos de prevaricación hay que identificar muy bien la intencionalidad, y en este caso parece ser sobre todo desidia sistematizada". El juzgado precisamente lo archiva porque considera que tomadas las declaraciones, no se puede considerar que los expedientes caducaran de forma deliberada.
El caso había sido impulsado por la Fiscalía de Baleares, a partir de numerosa documentación aportada por los agentes de Medio Ambiente, que se mostraban frustrados por la gran cantidad de expedientes iniciados con denuncias suyas y que dormían en los archivos de la Conselleria hasta su fecha de caducidad administrativa. Una práctica que curiosamente ocurría especialmente en los casos referidos a las electrocuciones de aves. Los agentes aportaron documentación referente a cinco años durante los cuales levantaron cientos de denuncias que nunca se tramitaron en la Administración para iniciar los correspondientes procedimientos sancionadores. Este volumen de expedientes acumulados había pasado también por la ya desaparecida Oficina Anticorrupción.
El GOB ya ha reaccionado a la noticia y ha afirmado que "se pone de relieve un problema más profundo: la incapacidad de la Administración para tramitar y sancionar de forma efectiva cientos de denuncias ambientales".
Los agentes denunciantes expresaron su "desesperación" por la falta de tramitación de cientos de denuncias que consideraban que debían dar lugar a expedientes sancionadores efectivos. Además de las denuncias propias, también se incluían atestados del Seprona de la Guardia Civil que, según los denunciantes, tampoco fueron gestionados con la necesaria diligencia.
Una instrucción judicial que traslada el debate al terreno administrativo
La juez instructora ha concluido que no hay suficientes indicios de duelo ni voluntad deliberada de las autoridades para justificar una acusación penal, atribuyendo el estancamiento de la actividad administrativa a la complejidad burocrática, a la carga de trabajo y, sobre todo, a la falta de recursos humanos especializados para gestionar el volumen de expedientes. Esta explicación coincide con la versión dada por el Ejecutivo cuando la justifica por falta de medios disponibles, pero cuestionada por los agentes y entidades.
Para el GOB, sin embargo, la resolución judicial deja al descubierto una "quiebra estructural del sistema de protección ambiental". Desde hace años la organización ecológica denuncia que la falta de personal técnico y administrativo por instruir expedientes sancionadores condena a muchas denuncias a morir dentro de un cajón, y que la prescripción de procedimientos –que impide llegar a sanción– es la regla más que la excepción. Esta insuficiencia de recursos, afirman, convierte el esfuerzo de inspección sobre el territorio en una labor simbólica si después no puede culminar en consecuencias reales.
Contexto de malestar interno y cambios administrativos
Esta situación se inscribe en un contexto de cambios en la tramitación interna que generaron malestar entre los mismos agentes al principio de esta legislatura: desde hace meses, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha impuesto que las denuncias se presenten a través de un registro interno en vez del Registro General, un cambio que según fuentes internas dificulta la traza. Algunos han criticado abiertamente que se trata de una iniciativa para mermar su labor inspectora.
Paralelamente, los agentes han expresado preocupación por el hecho de que directrices internas limitarían su autonomía operativa por investigar o abrir actas de denuncia, lo que generaría tensión sobre cuál es exactamente su función y margen de actuación dentro del ordenamiento ambiental.
La legislación ambiental es papel bañado
Para el GOB, el archivo penal del caso no debería hacer decaer la exigencia de unas estructuras administrativas que funcionen con eficacia: hay que dotar a la Consejería de Medio Natural de personal suficiente y especializado para que todas las denuncias levantadas por los agentes se puedan transformar en procedimientos sancionadores y se resuelvan dentro de los plazos legales, evitando la misma. Sin este paso, alertan, la legislación ambiental acaba siendo "papel bañado", dependiendo de la voluntad y medios que la Administración decida destinar a ella.